Marta ha pasado de detener a los peores yihadistas a mediar en riñas de bar y lindes; de la élite de la investigación en la Guardia Civil a seguridad ciudadana en un pueblo de 800 habitantes de Burgos, un destino forzoso, un castigo, «una condena» que arrastra desde que llegó en 2018 a la Comandancia de Pontevedra, la que creía que iba a ser su casa. El cambio de trabajo, con todo, no es lo que la angustia: sus hijos de 4 y 7 años, están a más de 500 kilómetros. Su futuro profesional pende de un hilo y un juzgado militar la investiga tras denun
