Informacion recibida en relación con el presunto uso abusivo de denuncias por parte de la empresa minera Tungsten San Finx SL para intimidar a las personas defensoras del medioambiente.

Ante el riesgo de fuga de la empresa, que está en manos de testaferros peruanos desde marzo pasado, exigen «la constitución de fianzas por ese monto que permitan asegurar la explotación. También resaltan el turbio pasado de los inversionistas que ejercen el control real de la empresa, con un historial de violaciones a los derechos humanos en Colombia»

En 2018, Valoriza y Sacyr recibieron fondos públicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de una subvención de 6,4 millones de euros del CDTI que les permitió seguir operando en la mina de San Finx en La Coruña. Sacyr entró en Aguablanca en 2015, a través de un acuerdo con la canadiense Lundin Mining y Rio Narcea Recursos. En marzo de 2021, Valoriza Minería S.L. vende Río Narcea Recursos a Claudenia Participaciones Empresariales ... ... ...

Ecologistas en Acción denuncia que la Comisión Europa ha impedido el acceso a información ambiental para encubrir ilegalidades en la mina y de la propia actuación de la Xunta. El Comité de Cumplimiento de la Convención de Aarhus celebrará una vista preliminar en Ginebra el 20 de febrero para dirimir estas obstrucciones. La organización ecologista señala que también el paso dado por la ONU revela cómo la Consellería de Industria pretendió encubrir las ilegalidades de la mina mediante una actualización del plan de restauración tramitada en 2020.

Más allá de exponer la inacción y ocultamiento de la Comisión Europea, el procedimiento deja en evidencia cómo la Xunta ha permitido durante años que la empresa minera abriera nuevas plantas en la mina. El proyecto aprobado en 2009 no contemplaba dichas plantas, y de que su apertura implicaba necesariamente multiplicar la cantidad de agua contaminada que se vertía al río, una situación que se mantuvo hasta 2022. El paso dado por la ONU revela cómo la Consellería de Economía e Industria pretendió encubrir las ilegalidades de la mina mediante

La declaración del representante de la empresa propietaria de la mina de San Finx, Tungsten San Finx, S.L., prevista para esta mañana en los Juzgados de Noia, ha sido suspendida hasta una nueva fecha, aún sin precisar. La empresa tuvo que responder las preguntas del titular del Juzgado de Instrucción N°2 por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, luego de los altos niveles de concentración de metales pesados que provocan los vertidos de la mina en el medio natural.

Serafino Iacono, Miguel de la Campa y Jaime Pérez Branger son tres hombres importantes de la minería en Galicia. Su relación comercial comenzó hace años en Colombia, donde fueron blanco de denuncias sociales por su política laboral, por las agresiones al medio ambiente y por el trato a las comunidades indígenas. Al mismo tiempo, el presidente de la Cámara Oficial de Minería de Galicia, Juan José López Muñoz, persona políticamente muy cercana al Partido Popular y ex empleado de Rafaella Resources.

Los colectivos ecologistas y del mar denunciantes van a concentrarse coincidiendo con la presencia en el juzgado de Miguel Cabal el próximo 1 de febrero a las 10:00. La protesta se debe a la “negativa de la empresa minera y de la Xunta a adoptar las medidas necesarias para evitar los vertidos”, señalan, y reclaman que las galerías y escombreras sean selladas y que se retiren los residuos mineros acumulados en el río.

La Comisión dijo que la información contenida en los documentos proviene de un tercero y es más detallada que la información disponible públicamente sobre el proyecto. Reiteró que los documentos se refieren a un resultado del proyecto NEXT que estaba marcado como "confidencial" en el acuerdo de subvención. Acceso a PDF con la resolución.