Más allá de exponer la inacción y ocultamiento de la Comisión Europea, el procedimiento deja en evidencia cómo la Xunta ha permitido durante años que la empresa minera abriera nuevas plantas en la mina. El proyecto aprobado en 2009 no contemplaba dichas plantas, y de que su apertura implicaba necesariamente multiplicar la cantidad de agua contaminada que se vertía al río, una situación que se mantuvo hasta 2022. El paso dado por la ONU revela cómo la Consellería de Economía e Industria pretendió encubrir las ilegalidades de la mina mediante
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