El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar al exconsejero madrileño Francisco Granados y a otras 42 personas en la pieza 8 del caso Púnica por las supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público en la Comunidad de Madrid a través de la empresa regional Arpegio y en las infraestructuras de la entidad de Infraestructuras del Transporte de Madrid (Mintra).

Reclamará durante el juicio oral por la caja b del PP de Madrid que tanto Esperanza Aguirre como el también expresidente madrileño, Ignacio González, sean considerados partícipes a título lucrativo y abonen 26.000 y 28.293 euros, respectivamente, por recibir trabajos reputacionales personales en redes, abonados por el partido con supuesto dinero ilícito.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la pieza del caso Púnica sobre la financiación irregular del PP de Madrid para los expresidentes de la Comunidad Esperanza Aguirre e Ignacio González, para los exconsejeros Lucía Figar, Salvador Victoria, Manuel Lamela y Juan José Güemes, así como para los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid.

El empresario José Luis Huerta Valbuena, amigo de Francisco Granado y uno de los hombres clave del ‘caso Púnica’, falleció el pasado jueves a causa de una enfermedad, según ha podido confirmar Confidencial Digital.

Las consecuencias y reacciones de la sentencia del ‘procés’ copan (lógicamente) horas y horas de atención. Tanto mediática como políticamente. Las imágenes se dirigen a los disturbios nocturnos en Barcelona. Sin embargo, a varios kilómetros de distancia, en la Audiencia Nacional en Madrid sucede un hecho casi histórico: Esperanza Aguirre se sienta este viernes ante el juez por el ‘caso Púnica’.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro concluyó la investigación sobre las grabaciones a casi cien mujeres orinando durante la celebración de A Maruxaina celebrada en 2019 en San Cibrao; hay un sospechoso de haber grabado esas imágenes que fueron incorporadas posteriormente a páginas web de contenido erótico. De esta forma, la jueza de Viveiro ha ordenado que se continúe por los trámites habituales el procedimiento abreviado frente a ese sospechoso por si los hechos investigados fuesen constitutivos de un delito de pornográfico.

Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el llamado caso Koldo rechaza entregar a la Fiscalía Europea esta causa, por lo que ha solicitado al Tribunal Supremo que decida en qué manos debe quedar la investigación de la misma. Moreno da así respuesta a la petición del Ministerio Público europeo, que a finales de mayo solicitó asumir íntegramente este procedimiento, debido a que podría afectar a fondos de la UE y a que este organismo supranacional considera la supuesta trama corrupta investigada como un único entramado.

España vive sujeta a un inusitado debate público sobre la politización de la justicia. En este marco, no podía quedar fuera del debate el Tribunal Constitucional, cuya composición actual fue aprobada recientemente, lo que no ha sido óbice, para que el PP cargue contra algunos de sus magistrados por su currículum, o por sus reconocimientos públicos, negativos si los concedió un Gobierno socialista y sin menoscabo alguno si lo hizo el presidente Rajoy o el ministro de Justicia Ruiz Gallardón.

El senador por Lugo José Manuel Balseiro fue nombrado por el PP vicepresidente de la comisión de investigación del caso Koldo en la Cámara Alta. El mariñano se despidió en abril del Parlamento gallego tras seis legislaturas y tomó posesión como senador por la provincia de Lugo.

Se trata de un jefe de grupo, que tenía a varios agentes a su cargo, con conocimiento de las distintas operaciones policiales que lleva a cabo la Ertzaintza...

"Se han convertido en los países con mejor desempeño de la región".

Joana Sales (Barcelona, 1977) pasó varios meses con hematomas en la cara, las muñecas y los dos brazos. Los hechos se remontan al 30 de noviembre de 2022. La joven, musicóloga y militante del Sindicat d'Habitatge del Raval, tenía previsto visitar a una amiga del barrio. El reloj marcaba las 21.00 de la noche y casi no había luz en las calles de la Ciudad Condal. Joana había salido poco antes de su casa y nada le hacía presagiar que acabaría la noche en comisaría. Los Mossos d'Esquadra trataban de desahuciar a su amiga cuando ella llegó.

La investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, entró el miércoles en una segunda fase al marcar los jueces de la Audiencia Provincial hasta donde alcanza la denuncia de Manos Limpias para investigar. Y de todos los supuestos indicios presentados por el pseudosindicato solo se salvan las dos copias de una carta-tipo en la que Begoña Gómez estampó su firma recomendando a una UTE de empresas que finalmente consiguieron dos contratos públicos.

El movimiento podría arrebatar la causa al tribunal especial, que puede plantear un conflicto de competencias que resolverá el Supremo. Como uno de esos contratos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea solicitó información adicional para valorar si concurrían los requisitos para asumir la competencia también por estos hechos. Tras recibir esa documentación, la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha efectuado esta mañana un registro de aproximadamente tres horas en la sede de Consejo Superior de Deportes (CSD) y en el Ayuntamiento de Madrid en el marco de la investigación por el caso Begoña Gómez. Los agentes han intentado recabar información sobre posibles expedientes otorgados al empresario Juan Carlos Barrabés. Tiene que ver esta operación de la UCO con la denuncia del sindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Fiscalía Anticorrupción no archiva la denuncia dando a entender que ve hechos punibles pero que por la naturaleza de los mismos no entran dentro de su ámbito competencial

El bullying, la xenofobia y el machismo salen gratis dentro del Partido Popular. Las fuertes denuncias de diferentes miembros del PP sobre el ansia desmedida de poder, de control y de influencia dentro del organigrama de los populares no ha servido para que el Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid decida investigar el denominado caso espías.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha archivado el caso de una joven detenida por la Policía Local de Málaga tras llevarse toda la noche de juerga por diferentes bares a su hija de 4 años. La menor manifestó en el hospital que tenía hambre porque llevaba 24 horas sin comer. La secuencia de los hechos comenzó a las 11.00 horas de este domingo 12 de mayo en un bar del distrito Bailén-Miraflores, en la capital. La joven, de 27 años y de origen centroamericano, llegó acompañada de un hombre y de su hija al local y pidió un par de ...

El juez Ismael Moreno descarta la implicación de las empresas Globalia y Wuakalua en los hechos investigados cuando la supuesta vinculación de ambas compañías con la causa y la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, han motivado la apertura de un procedimiento en un juzgado de Madrid. El juez Moreno, que ya rechazó citar a Gómez como testigo, también desestima la declaración de los responsables de ambas firmas

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y presunto conseguidor de la trama que se investiga en el caso Koldo, y acuerda que se le devuelvan los seis vehículos de alta gama que se le embargaron en marzo, incluido un Ferrari Portofino y un Ferrari F12, con valores de mercado que oscilan entre los 200.000 y los 400.000 euros. Así consta en un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Sección Segunda, con ponencia de la magistrada Ana Revuelta

El estreno en Netflix, el pasado 26 de abril de la serie El caso Asunta ha removido el mar de incógnitas que todavía ahora rodean el crimen, sin resolver ninguna, más bien explicando una historia que "no respeta los hechos probados" según ha sentenciado José Antonio Vázquez Taín, el juez que instruyó el caso y quien, según él mismo, aparece retratado como un "prevaricador".

La Fiscalía Europea ha citado a declarar mañana lunes al exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, al que se investiga por el ‘caso Mascarillas’. A la empresa RR7, sin experiencia anterior en la importación de material sanitario (se dedicaba al comercio de coches), se le adjudicó por el procedimiento de emergencia proveer a los hospitales públicos de Canarias un millón de mascarillas FFP3, por las que recibió un pago por adelantado de cuatro millones de euros. La sanidad nunca recibió ese material