Actualidad y sociedad

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Goia declara como testigo por el 'caso Bidegi' y dice que tiene «la conciencia tranquila»

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha declarado en calidad de testigo en el juzgado de Azpeitia por el 'caso Bidegi', causa que investiga el presunto pago de 30 millones de euros de dinero público por unos trabajos supuestamente no realizados en la autopista AP-1. Goia, que en el momento de los hechos era diputado foral de Carreteras de la Diputación de Gipuzkoa, ha manifestado que tiene «la conciencia tranquila».
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Caso Bidegi: Eneko Goia (PNV) será citado a declarar como testigo

La investigación sobre el caso Bidegi comenzó en noviembre de 2014, cuando la Diputación de Gipuzkoa, entonces gobernada por EH Bildu, presentó una querella por malversación de fondos públicos y falsificación de documentos relacionados con la construcción de la autopista AP-1. Esta primera querella está relacionada con un depósito de sobrantes, excavaciones y movimientos de tierra en un tramo (Eskoriatza Norte-Arrasate Norte) de la AP-1, en el que la acusación calculaba un presunto fraude de 13,6 millones de euros.
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«Ni chicha ni limoná» o el misterio de la tierra de Bidegi dos años después

Decía esta semana un técnico nada aséptico de la Diputación Foral de Gipuzkoa en su intervención ante las Juntas Generales a cuenta del procedimiento judicial de Bidegi (Tramo Eskoriatza Norte-Arrasate Norte), que el informe pericial que sustentaba la primera querella presentada en noviembre de 2014 por el gobierno de Bildu sobre el depósito de sobrantes de Basagoiti en Aretxabaleta «no había metido la chicha de la obra, el histórico», al que yo replicaría que lo que no tiene «ni chicha ni limoná» fue su pobre explicación sobre las causas...
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Araba confirma que Bidegi pagó 10 millones a las constructoras sin motivo alguno

El «caso Bidegi» registra una importante novedad. La Diputación de Araba confirmó ayer jueves por escrito, tras la revisión de sus técnicos, que no había motivo alguno para que la sociedad pública guipuzcoana pagara las constructoras de la AP1 10 millones de euros en 2011. Tras ello, la Diputación de Gipuzkoa llevará a los tribunales a Eneko Goia, Markel Olano, Luis María Apraiz y Félix Urkola (PNV)
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El diputado general de Gipuzkoa y el alcalde de San Sebastián, citados a declarar por el caso Bidegi

Los máximos representantes de Gipuzkoa y San Sebastián han estrenado su cargo con una citación judicial. El diputado general de Gipuzkoa y el alcalde de San Sebastián, ambos del PNV, han sido citados a declarar como testigos en el caso Bidegi. El juzgado de Instrucción número 2 de Azpeitia ha admitido a trámite la segunda querella presentada por el anterior gobierno foral de Bildu en Gipuzkoa, por lo que Markel Olano y Eneko Goia deberán acudir a prestar su testimonio en el caso que investiga las presuntas irregularidades en BIDEGI.
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La Diputación Foral de Gipuzkoa denuncia la censura de una noticia sobre el caso Bidegi en el informativo de ETB1

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha ofrecido una rueda de prensa, a las 11:30, relacionada con el caso Bidegi. En dicha comparecencia se ha informado de que la Diputación Foral de Alava ha hecho saber que los 10 millones pagados por Bidegi por el tramo alavés de la AP-1 no se corresponden a trabajos realizados. Relacionada: www.meneame.net/story/araba-confirma-bidegi-pago-10-millones-construct
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Bidegi pagó 10 millones de euros a las constructoras sin motivo alguno

El «caso Bidegi» registra una importante novedad. La Diputación de Araba confirmó ayer jueves por escrito, tras la revisión de sus técnicos, que no había motivo alguno para que la sociedad pública guipuzcoana pagara las constructoras de la AP1 10 millones de euros en 2011. Tras ello, la Diputación de Gipuzkoa llevará a los tribunales a Eneko Goia (candidato a la alcaldía de Donostia), Markel Olano (candidato a las Juntas de Gipuzkoa), Luis María Apraiz y Félix Urkola.
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Araba confirma que Bidegi pagó 10 millones a las constructoras sin motivo alguno

El «caso Bidegi» registra una importante novedad. La Diputación de Araba confirmó ayer jueves por escrito, tras la revisión de sus técnicos, que no había motivo alguno para que la sociedad pública guipuzcoana pagara las constructoras de la AP1 10 millones de euros en 2011. Tras ello, la Diputación de Gipuzkoa llevará a los tribunales a Eneko Goia, Markel Olano, Luis María Apraiz y Félix Urkola.
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Caso Bidegi: nueva querella, aún mayor, tras hallar obras falsas en otro tramo de la AP1

La Diputación de Gipuzkoa ha anunciado que lleva a los tribunales también otro tramo de la AP1, Eskoriatza-Arlaban, liquidado igualmente en junio de 2011, tras constatar que se volvieron a pagar ahí cantidades de hormigón y de fibra de acero superiores a lo realmente colocado. El volumen de esta segunda querella supera al de la primera (17,1 millones frente a 13,6).
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Olano y Goia, reprobados por las Juntas por el escándalo de la AP1

El Pleno de Juntas de Gipuzkoa ha reprobado a Markel Olano y Eneko Goia por el escándalo de las facturaciones falsas, aún presuntas, en la AP1 (caso Bidegi) al entonces diputado general y ahora candidato del PNV a retormar el cargo, Markel Olano, y al que era diputado de Infraestructuras y actualmente alcaldable de Donostia, Eneko Goia. Se les considera responsables políticos de los pagos por obras no realizadas que se investigan en los tribunales. Bildu, Aralar y PP apoyan esta conclusión. La candidatura del PNV en Gipuzkoa queda tocada.
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Gipuzkoa detecta otros 10 millones por trabajos "no realizados" en la AP-1

Tras las irregularidades de Basagoiti, la Diputación analizó los túneles y concluye que se han pagado en total 13 millones por obras no realizadas.
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La Diputación de Gipuzkoa se querella contra tres personas por las obras de la AP-1

La Diputación de Gipuzkoa ha informado de que, según los análisis efectuados por los actuales gestores la sociedad pública Bidegi, las tres personas contra las que ha presentado una querella criminal estarían involucradas en el pago de 3,4 millones de euros de la AP-1 por trabajos que «no fueron ejecutados». La institución foral ha explicado en un comunicado que a los acusados se les imputan los delitos de «malversación de fondos públicos y falsificación de documentos».
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