La investigación sobre el caso Bidegi comenzó en noviembre de 2014, cuando la Diputación de Gipuzkoa, entonces gobernada por EH Bildu, presentó una querella por malversación de fondos públicos y falsificación de documentos relacionados con la construcción de la autopista AP-1. Esta primera querella está relacionada con un depósito de sobrantes, excavaciones y movimientos de tierra en un tramo (Eskoriatza Norte-Arrasate Norte) de la AP-1, en el que la acusación calculaba un presunto fraude de 13,6 millones de euros.
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