En 2023 se eliminaron 487 barreras fluviales obsoletas, como presas o azudes, ubicadas en ríos de Europa, récord histórico: aumento del 49,8% respecto a 2022 y multiplica por casi 5 el dato de 2020 (101), según la coalición conservacionista Dam Removal Europe. Se realizaron en 15 países, liderados por Francia, que con 156 infraestructuras suprimidas adelantó a España (95) que, en los 2 años anteriores encabezó este movimiento con 133 en 2022. El 46% eran presas, 36% colectores y 12% represas. [ Informe: damremoval.eu/dre-report-2023/ ]

El origen del bulo. El origen de la polémica se encuentra en una directiva transcontinental dictada por la Unión Europea. Se trata de la Estrategia sobre Biodiversidad para 2030, que tiene como objetivo (entre muchos otros) restaurar el flujo libre del agua en al menos 25.000 km de ríos europeos.

Juan Morote, exgerente de la Fundación de la Universidad Católica de Valencia, reconoció que el arzobispo Carlos Osoro le exigió "ponerse a las órdenes" de Alfonso Grau, vicealcalde de Rita Barberá

La Guardia Civil ha localizado anotaciones con el nombre "X. Puig" y "Ximo", en la agenda del extesorero del PSOE en Valencia. En estos documentos aparece en varias ocasiones su nombre junto a otro nombre clave, "Imedes", una empresa que mantuvo contactos con una de las firmas del presunto cabecilla de la trama. El nombre del presidente aparece en las agendas del ex tesorero socialista José María Cataluña, considerado el artífice de la supuesta financiación.

El ex gerente del PSOE valenciano y hoy administrativo en el partido, Francisco Martínez, no es el único que en su declaración ante la Guardia Civil ha tirado de la manta y ha confesado la supuesta financiación irregular que se investiga en una de las piezas del caso Azud, y que ha puesto en el disparadero al ex tesorero José María Cataluña. El proveedor de una de las campañas electorales cuyos honorarios acabaron pagando diversas empresas ha reconocido que fue en la propia sede del partido donde se le pidió que falsificara las facturas.

El abogado José Luis Vera, a quien la Guardia Civil considera un «elemento nuclear» en el ‘caso Azud’, figura entre los fundadores originales de Fiadelso. Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/gobierno-deniega-senado-cuentas-fundacion

La Guardia Civil concluye que el PSOE de Valencia pagó al menos un millón de euros de gastos electorales con comisiones cobradas por la denominada trama Azud.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desgrana en su último informe del caso Azud una serie de operativas que habrían tenido como gran beneficiario al PSPV y que, en última instancia, creen que habrían ido a financiar al partido. El periodo de las indagaciones es alrededor de 2006 y 2007. Entre las conclusiones más destacadas de la Guardia Civil se encuentra que los socialistas financiaron en B gastos de la campaña de las elecciones municipales de 2007 en València, a las cuales se presentaba como cabeza de lista Carmen Alborch

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra realizando diversos registros en la mañana de este martes en varias sedes de empresas en toda la Comunitat Valenciana por el conocido como caso Azud. Los agentes han accedido a empresas de Valencia, Castellón y Alicante por orden del juzgado de Instrucción número 13.

Los relojes de lujo afloran en numerosas investigaciones por corrupción en España. Grau es un viejo conocido de la Fiscalía Anticorrupción y de la UCO, que ha registrado varias veces su vivienda en el marco de varios casos de corrupción que afectan al PP. Es uno de los principales investigados en el 'caso Azud' y está procesado en la pieza separada A del 'caso Taula' por la presunta financiación ilegal de las campañas municipales de Rita Barberá.

El síndic socialista ha vuelto al disparadero esta semana por ser el abogado de Jaime Febrer, el principal cabecilla de una trama nacida a la sombra del gobierno popular en el Ayuntamiento de València pero que tuvo importantes ramificaciones en su propio partido. Y Mata, que en esa época ya era portavoz del partido socialista. ¿Por qué paga ese desgaste como abogado? ¿Sólo por amor a su profesión?

El 9 de junio del 2021, a las 10.57 de la mañana, el empresario Jaime Febrer, recibió la visita de un abogado en el locutorio del centro penitenciario Antonio Asunción (Picassent), donde se encontraba en prisión provisional por su supuesto papel como corruptor en el 'caso Azud'. Y no era un abogado cualquiera, ni siquiera formaba parte del equipo de letrados que se ocupa de su defensa. Se trataba de José María Corbín, cuñado de la fallecida alcaldesa Rita Barberá y líder de la trama de presunta corrupción masiva.

El diputado del PP Jorge Bellver recibió presuntamente varios relojes y una maleta de lujo como regalos de Navidad El que fuera vicealcalde de Valencia Alfonso Grau obtuvo dos millones de euros en efectivo y cuatro propiedades inmobiliarias valoradas en un millón y medio de euros. Rafael Rubio y José Luis Vera fueron las piezas clave para favorecer a la trama en proyectos vinculados al PSPV-PSOE

Los regalos que Jaime Febrer realizaba a políticos del PP valenciano y del PSPV y a funcionarios eran en realidad comisiones ilícitas 'vestidas' muchas veces con etiquetas de marcas de lujo. Así lo establece el sumario del caso Azud al que ha tenido acceso este periódico y que explica que, además, eran un método esencial para tener engrasada la maquinaria de sus operaciones corruptas. Anotaciones crípticas mantienen el misterio sobre algunos de los regalos realizados.

El Juzgado de Instrucción número 13 de València ha acordado la libertad con cargos para el exvicealcalde de la ciudad con el PP Alfonso Grau, investigado en el caso Azud, tras permanecer seis meses entre rejas.

En esta causa, declarada secreta, se investigan delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal en la época de Rita Barberá como alcaldesa...Unos 40 funcionarios vinculados sobre todo a las áreas de Patrimonio y Planeamiento han sido citados a declarar en calidad de investigados, entre ellos una actual jefa de servicio que fue persona de confianza en la etapa del PP.

El portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, llevará la codefensa del principal empresario investigado en el caso Azud, que indaga en una presunta trama urbanística con cobro de comisiones. “Llevo 40 años siendo socialista y abogado. En este tiempo he defendido a muchísima gente, entre ellos políticos. Se me propuso llevar la codefensa del señor Jaime Febrer”.

El que fuera subdelegado de Gobierno y coordinador de Urbanismo en el Ayuntamiento de València, Rafa Rubio, mantendrá un sueldo de 50.000 euros al año aproximadamente mientras se encuentre en prisión. Artículo 165.1 de la nueva Ley 4/2021, de 16 de abril: el personal suspenso tendrá derecho a percibir durante la suspensión provisional las "retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hija o hijo a cargo".

La titular del juzgado de Instrucción número 13 de València, que investiga el caso Azud, ha decretado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del exsubdelegado del Gobierno en Valencia, el socialista Rafael Rubio, y el exvicealcalde de València Alfonso Grau, que fue la mano derecha de la exalcaldesa popular Rita Barberá, fallecida en noviembre de 2016. La decisión de la magistrada, que considera a la presunta trama corrupta como grupo criminal, se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera el ingreso en prisión provisional

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión del exsubdelegado del Gobierno Rafael Rubio, el ex vicealcalde en Valencia, del PP, Alfonso Grau, el constructor Jaime Febrer y la empresaria Mónica Montoro, detenidos en el marco del caso Azud que investiga el cobro de supuestas mordidas por favores inmobiliarios. El juzgado número 13, que instruye la causa, los investiga por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal.