Juez Joaquim Bosch: El anuncio de una Ley de Amnistía ha generado bastante polémica. Es lógico que haya un amplio debate político sobre el tema. Aquí vamos a analizar con datos muy concretos si la figura de la amnistía tiene encaje constitucional. Dice literalmente la propia Constitución: se podrá “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley”. Parece evidente que el término “derecho de gracia” comprende el indulto y la amnistía. Lo ha dicho reiteradamente el Tribunal Constitucional. Lo han dicho nuestras constituciones...

Una pieza especialmente relevante ahora que el PP ha anunciado que si se aprueba una ley de amnistía, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, formado por una mayoría progresista de siete magistrados frente a cuatro conservadores. Si el Senado aupase a un nuevo togado a la corte de garantías a propuesta del PP, la balanza seguiría inclinada hacia el sector progresista, pero los conservadores acortarían la distancia a dos magistrados.

En primer lugar, el Tribunal Constitucional ya nos ha dicho (STC 147/1986, de 25 de noviembre) que la amnistía es una «operación excepcional», es decir, algo que cabe en nuestro ordenamiento si concurren circunstancias extraordinarias. Habría que hilar muy fino para encontrar un fundamento razonable que justifique que no sean juzgados o se cumpla condena por ellos y sí se juzgue y, en su caso, se condene a quien participó en desórdenes similares en el contexto de un desahucio o de un conflicto laboral en una época de grave crisis económica

El debate académico y jurídico sobre la constitucionalidad de la amnistía siempre se ha visto enturbiado por sus repercusiones políticas sobre la cuestión catalana. La naturaleza jurídica de la amnistía ha sido objeto de una enfrentada discusión doctrinal que resuelve, con profundidad y acierto, la tesis doctoral de Enrique Linde Paniagua ('Amnistía e indulto en España') en la que llega a la conclusión de que la amnistía no entra en el ámbito de la clemencia, sino de las decisiones políticas.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado este lunes en Barcelona que no se siente desautorizado, aunque sí "concernido", por la decisión del Tribunal Constitucional sobre el decreto de la denominada amnistía fiscal, medida que ha justificado por la "situación límite" en España en 2012. Antes de participar en la Asamblea General de la patronal Foment del Treball, el ministro se ha referido así a la sentencia del Constitucional sobre la amnistía fiscal, que ha dicho que valorará ampliamente cuando comparezca en el Congreso.

Un tribunal de mayoría conservadora asesta al Ministerio de Montoro un varapalo moral al asegurar que renunció a buscar la equidad fiscal.

Considera que la medida legitima "como una opción válida" la conducta de los defraudadores ► La resolución judicial no afectará a las regularizaciones ya hechas

La sentencia del Constitucional es de una enorme contundencia y se ha aprobado por unanimidad, también con el voto de los magistrados que nombró el Partido Popular. Políticamente es muy relevante, tributariamente dará igual. La amnistía fiscal fue "la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos". Legitimó "la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron con su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica". Fue "la quiebra del objetivo...

Varias organizaciones denuncian que el TC "avala" el Real Decreto que "consolida la exclusión de la atención sanitaria gratuita" para las personas migrantes en situación administrativa irregular

Resalta que ninguno de los delitos por los que pidió hasta 27 años de prisión supuso una violación grave de derechos humanos. La Fiscalía presentó en su día un escrito de acusación que reclamaba 27 años de prisión para ocho detenidos en la operación Judas y ocho para otros cuatro. El Ministerio Público considera que las actividades de la célula radical surgida de los CDR, autodenominada ERT (Equipo de Respuesta Rápida), supusieron la comisión de delitos de pertenencia a organización terrorista y, para ocho de los investigados, también de tenenc

Fuentes del PP han informado a EFE del nombramiento de Macías, caracterizado en los últimos meses por ser especialmente crítico con la amnistía y el Gobierno de Pedro Sánchez, para ocupar la plaza que estaba vacante en la corte de garantías. Macías viene a cubrir la vacante del magistrado Alfredo Montoya, que fue elegido a propuesta del PP en el Senado y que renunció a su cargo por motivos de salud el 27 de julio de 2022

Las organizaciones detrás del llamado Juicio por el Clima —Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo— han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción climática. Con ello, el movimiento por el clima español usa el último cartucho judicial estatal para que la demanda, que fue desestimada por el Tribunal Supremo en junio de 2023, sea aceptada.

Alejandro Nolasco llevaba un micro en la chaqueta y la conversación fue grabada y difundida por su equipo de prensa, algo que él dice desconocía. Ha pedido perdón y despedirá a quien grabó y envió el vídeo.

El instructor de Barcelona pide imputar por traición al expresident por la trama rusa sin nuevos indicios, mientras el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y el Tribunal Supremo llevan meses intentando encajar los altercados de Tsunami en el delito de terrorismo

Según indican, la jueza del Juzgado de lo Penal número 1 de Sabadell "ha corrido a presentar la sentencia antes de que las partes se hayan posicionado respecto del escrito de amnistía presentado por la defensa". Jaume, que es de Cerdanyola del Vallès, ha sido condenado a 6 meses de prisión por delito contra las libertades fundamentales, al haber participado en una protesta contra una entidad españolista (Societat Civil Catalana) que había montado una parada de propaganda en el centro de la UAB.

La reforma de la ley impulsada por Irene Montero también elimina el periodo de reflexión y la obligación de informar sobre ayudas a la maternidad.

El abogado de Puigdemont responde con un escrito en el que asegura que el Tribunal de Cuentas "no tiene competencia para plantear directamente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea" por la ley de amnistía.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo del PP de Cataluña contra la decisión de la Mesa del Parlament de admitir el voto telemático de Carles Puigdemont y Lluis Puig, pero ha rechazado la petición de los diputados populares de suspender el acuerdo de la Mesa que lo permitía

El fiscal general del Estado ha emitido este viernes la orden que esperaban los fiscales del procés. En su escrito, reclama que apoyen amnistiar el delito de malversación en contra de su criterio al entender que no hacerlo se opone a "la voluntad del legislador, la voluntad de la ley y el propio tenor literal de los preceptos".

“La orden es improcedente y contraria a las leyes”, afirman los fiscales del Supremo. Álvaro García Ortiz convoca a los fiscales de Sala a una junta el próximo martes.

La Fiscalía General del Estado cifra en 486 las personas que pueden beneficiarse de la ley de amnistía. Desde que se inició la tramitación de la ley, el ministerio público ha recopilado las causas abiertas vinculadas al Proceso y ha identificado 82 que pueden verse afectadas por la ley. Esto no significa necesariamente que la Fiscalía sea partidaria de aplicarla en cada uno de estos casos, sino que son susceptibles de tener un impacto.

Vox presiona al rey Felipe VI para que articule un discurso similar al que pronunció el 3 de octubre de 2017, en respuesta a la declaración unilateral de independencia de Cataluña, con motivo de la Ley de Amnistía, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Lo hizo este martes a través de su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, que instó al monarca a hacer «un esfuerzo por defender a los españoles, por defender la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles ante la ley», y volverá a incidir en ello este miércoles.

El instructor del tribunal da cinco días a las partes para informar sobre la Ley de Amnistía y comunica a la Policía que la orden de detención de Puigdemont sigue activa.