“Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional”. Este es el artículo 1.2 de la Ley General de Sanidad de 1986. Y a ese artículo hay que volver, en palabras de los colectivos que han estado luchando contra el Real Decreto 16/2012 de Rajoy que supuso un recorte en el acceso universal a nuestro sistema.

"Hacer ley el lema que tanto han repetido en años de lucha las mareas blancas: la sanidad pública no se vende, se defiende". Ese es el espíritu, en palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, de la futura norma de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Cuando vea la luz verde pondrá "coto", añadió, al "lucro incesante de las diferentes formas de gestión" sanitaria y dará a su vez "carpetazo" a la normativa que hasta ahora había permitido el "beneficio obsceno" de las empresas privadas.

El proyecto de ley ampliaría el acceso a la sanidad a todos los migrantes residentes en España, aunque estén en situación irregular.

"Esta ley va a poner coto al lucro incesante de las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad. Se da un carpetazo a la Ley 1597 y se da vía libre al lema de 'La sanidad no se vende, la sanidad se defiende'", ha expresado, en declaraciones en los medios que han tenido lugar en el marco del 'I Foro de Salud Pública. Una salud a futuro', organizado por la Fundación para la Investigación en Salud.

El portavoz en temas de Interior y Justicia del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, hace un llamamiento a “un amplio acuerdo de todas las fuerzas progresistas y democráticas, para que de forma rápida y urgente acabemos el trabajo al que dedicamos decenas de meses en la anterior legislatura”.

La congresista Marjorie Taylor Green, representante republicana de Georgia en el Congreso de EE.UU., publicó una lista de "ejemplos contemporáneos de antisemitismo" que está incluida en la legislación contra el antisemitismo aprobada este miércoles por la Cámara de Representantes. Así, entre los ejemplos de odio hacia los judíos que menciona el documento está "el uso de los símbolos e imágenes asociados al antisemitismo clásico [...] para caracterizar a Israel o a los israelíes". La legislación detalla como ejemplos de manifestaciones antisem

¿Qué se puede hacer para parar los bulos y engaños? Se habla mucho de reformar una nueva Ley de Medios que persiga las noticias falsas y a aquellos que las propagan. Pero a mi me vais a disculpar decir que ahora mismo estamos calentitos y nos encantaría que cerraran más de un medios y más de dos, pero ojo, darle el poder a una administración pública, a un gobierno, de decir qué es verdad y qué es mentira es algo un tanto delicado. No digamos darle el poder de cerrar medios de comunicación. ¿Qué otras vías están a nuestro alcance ...

El municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón ha sancionado al futbolista y a su esposa por talar cinco árboles protegidos en las obras de ampliación de su chalé.

MurciaPodemos-IU-AV ha registrado una proposición de ley en la Asamblea Regional de Murcia que plantea modificar la norma autonómica de comunicación y publicidad institucional para evitar que el Gobierno regional siga contratando publicidad con medios condenados de forma reiterada por publicar informaciones falsas.

El Tribunal Constitucional ha admitido este martes a trámite el recurso del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra un punto de la reforma de la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, que patrocinó en diciembre el gobierno de Isabel Díaz Ayuso gracias a su mayoría absoluta.

El Defensor del Pueblo cree que "patologiza a los menores y vulnera sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad"

La ley permite que un candidato a unas elecciones o un partido acudan al juez y pidan que ordene la eliminación de “noticias falsas”. El juez es el responsable de tomar esa decisión, que afecta desde a las grandes plataformas de internet como X, Tik Tok o Facebook hasta los medios de comunicación tradicionales y cualquier digital que supere los cinco millones de visitantes únicos al mes. En España, con esos baremos, sería de aplicación a decenas de digitales, según las audiencias de las que ellos mismos presumen.

El jefe del Consell, que aseguró no conocer el documento original, señaló que si en él se han incluido críticas a la ley valenciana es porque la ONU “no se ha leído” la iniciativa valenciana. El tirón de orejas de Naciones Unidas no hizo moverse un ápice de su posición a Mazón, que insistió en el argumentario desplegado por su Ejecutivo desde la presentación de la iniciativa conjunta de PP y Vox.

"Es una ofensa a la inteligencia de la población decir que no existe algo que existe". Es la reacción rotunda de Fabián Salvioli, el relator especial sobre la promoción de la verdad y uno de los firmantes del durísimo informe sobre las leyes de concordia de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana. Salvioli responde así a Jorge Azcón, que ha acusado a Naciones Unidas de cometer un "error de bulto", porque "no hay ninguna tramitación de una ley". PP y Vox aprobaron una ley de derogación con sus planes para sustituir la norma de memoria dem

“Lo que dice ese informe es mentira, debería haber más seriedad. Esto deja en mal lugar a la ONU, que no ha contado con Aragón para hacer este informe”, señala Azcón. Naciones Unidas a lo que hace referencia en su texto es a la norma que el Gobierno de Aragón aprobó para derogar la ley de memoria que estaba vigente. El PP ha optado por cargar con dureza contra la ONU frente al duro informe de este organismo contra la decisión del PP y Vox de derogar las leyes de memoria histórica en varias comunidades donde gobiernan juntos ―Castilla y León, A

Naciones Unidas responde a la denuncia presentada por el Gobierno contra las leyes aprobadas por PP y Vox en Aragón y en trámite en Castilla y León y Comunitat Valenciana "Estas leyes, (propuestas o aprobadas) obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación", esgrime el informe.