Pegasus es sin duda uno de los programas espía más avanzados que conocemos y que están disponibles en el mercado, pero no es en absoluto el único producto. Una característica especialmente llamativa de Pegasus, que la distingue de otras herramientas menos avanzadas, es que ofrece el llamado acceso de “clic cero”, lo que significa que la aplicación exitosa no requiere que sus víctimas hagan clic en los enlaces infectados por el malware.

El sistema se activó decenas de veces coincidiendo con negociaciones políticas, reuniones con abogados y periodos electorales. La Vanguardia ha cruzado las fechas de los ataques, consumados o no, sufridos por algunas de estas personas –las políticamente más representativas– con sus respectivas agendas en aquel momento, en busca de claves sobre lo que perseguían los espías. En el caso del president Pere Aragonès, el espionaje coincide con la negociación entre ERC y PSOE para investir a Sánchez.

La crisis es grave, nadie lo niega, y las soluciones tienen que estar a la altura de esa gravedad. El Gobierno y la Generalitat llevan toda la semana negociando intensamente una salida al escándalo del presunto espionaje a más de 60 dirigentes independentistas, que ellos atribuyen directamente al CNI. Y esas negociaciones empiezan a fructificar. Félix Bolaños, la persona en la que suelen recaer las crisis más delicadas, se verá en Barcelona este domingo con Laura Vilagrà, su homóloga en la Generalitat, para empezar a buscar una salida.

Elies Campo votó el 1 de octubre, se fotografió con Quim Torra y cree que el expresidente huido representa “integridad, determinación, compromiso, ternura, amor al país ya sus ciudadanos”.

Aamer Anwar, el abogado de Clara Ponsatí y uno de los letrados más relevantes de Escocia, ha denunciado al diario británico The Times que él también ha sido espiado por España, con el programa Pegasus que sólo se vende a gobiernos para perseguir la gran delincuencia. Según señala el rotativo, "el teléfono de Anwar fue pirateado por el Gobierno español mientras representaba a la política catalana exiliada".

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado este viernes constituir ya la Comisión de Secretos Oficiales para aclarar el supuesto espionaje a más de 60 dirigentes independentistas a través del sistema Pegasus. A su entender, ése sería el camino para "despejar cualquier dura" ante el momento de "incertidumbre que se vive" por el llamado 'caso Pegasus'.

Cuando las democracias se involucran en violaciones de las libertades civiles tan flagrantes como parece haber ocurrido en Cataluña, merecen ser condenadas. Pero incluso cuando utilizan programas de espionaje con aprobación judicial o justificación legal, siguen haciendo daño al dar legitimidad y apoyo financiero a un producto exportado a lo largo y ancho para todo tipo de fechorías. También podrían estar socavando su propia seguridad nacional. El uso de programas espía debe estar regido por el estado de derecho y se deben imponer limitaciones

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no tiene potestad para investigar el posible espionaje por parte del CNI a líderes del procés, como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras, a través del software Pegasus. Aseguran que "la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, en su artículo 2, excluye de su aplicación a los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas, una exclusión recogida porque así lo contempla el Reglamento en el margen que deja a los Estados en sus…

Sin embargo, el grueso del espionaje de Pegasus tuvo lugar cuando las principales causas judiciales contra los dirigentes independentistas ya estaban juzgadas o, al menos, con la instrucción terminada. De las 59 personas espiadas que documenta el informe de Citizen Lab, solo los ataques a Jordi Sànchez tienen un vínculo claro con el procès: ya en 2015, poco después de una gran manifestación secesionista en Barcelona, recibió el primer sms de Pegasus.

Las instituciones de la Unión Europea están incumpliendo su deber de poner fin a las violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas con software espía. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, después de que la organización haya confirmado de forma independiente nuevos ataques realizados utilizando el programa espía Pegasus contra destacadas figuras catalanas.

"Nosotros podemos tener mucha paciencia. Pero si no hay una asunción de responsabilidades será muy difícil que esta estabilidad parlamentaria pueda continuar", ha advertido.

Las víctimas confían en que la apertura de causas en el extranjero permita dilucidar qué organismo gubernamental encargó y pagó el hackeo masivo a móviles de políticos independentistas, abogados y familiares

Mientras la Comisión Europea ha tachado de "inaceptables" estas acciones sin cobertura legal alguna denunciadas por The New Yorker y ha conminado a su investigación profunda, el Gobierno de Pedro Sánchez ha saltado con la peor y más sorprendente de las reacciones: "Aquí no se espía", ha subrayado la ministra y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, para advertir a continuación de que el Gobierno "no acepta que se ponga en cuestión la calidad democrática de nuestro país".

Para actuar en España, aseguran las mismas fuentes, el centro de inteligencia no necesitaba el Pegasus, ya que la ley de control judicial previo del CNI prevé que un magistrado del Supremo, designado al efecto por el Consejo General del Poder Judicial, autorice aquellas actividades de los espías españoles que afecten a derechos fundamentales: en concreto, el secreto de las comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio.

Los investigadores afirman haber descubierto ataques cibernéticos utilizando el software Pegasus contra 10 Downing Street y el ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth.

Pegasus es un programa israelí de ciberespionaje adquirido preferentemente por Estados, que se instala en dispositivos móviles y es capaz de controlar toda la información contenida en el aparato espiado. El ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha anunciado este martes, junto al líder de ERC Oriol Junqueras, que llevará ante la justicia al Estado español por los supuestos casos de espionaje a más de 60 dirigentes independentistas con este sistema de seguimiento informático.

También ha asegurado que el Ejecutivo no acepta "que se ponga en cuestión la calidad democrática" del país y ha subrayado que España "es un Estado democrático y de Derecho donde se respetan los derechos y libertades individuales".

Mientras los medios internacionales como "The Guardian" o "Le Monde" informan sobre el uso de "Pegasus" para perseguir a más de sesenta personalidades vinculadas al procés, y los medios catalanes aparece la noticia en portada. En la prensa estatal únicamente el diario "El País" saca en la portada una pequeña mención sobre el espionaje masivo del independentismo catalán.

El sistema tiene un coste millonario. Aunque la industria es muy opaca (alude a la seguridad para su hermetismo), una investigación periodística reveló que el Ejecutivo del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) pagó en 2014 un total de 27 millones de euros por un paquete de 500 intentos de infección con Pegasus. La venta del sistema en el exterior requiere una autorización del Ministerio de Defensa de Israel, que no informa al Parlamento de este país sobre los Estados a los que está prohibido vender armamento o tecnología de segu

El diputado de EH Bildu en el Congreso Jon Iñarritu, que aparece en el listado de políticos independentistas espiados presuntamente por el software Pegasus, ha urgido este lunes cuentas al Gobierno. “Está tardando”, denuncia. “Mi nombre aparece en la lista de 65 personas espiadas con Pegasus. El Gobierno está tardando en aclarar este ataque masivo"

El spyware de la NSO Pegasus se dirigió indirectamente a los iPhones estadounidenses, a pesar de que la compañía prohibió a los clientes infectar teléfonos con SIM estadounidenses. Los dispositivos pertenecientes a políticos catalanes y a otros también estaban infectados, y el gobierno español se sospechaba que era responsable.

Después de que este domingo se haya revelado que varios miembros de ERC, Junts y la CUP fueron espiados por el programa Pegasus durante 2019 y 2020, este lunes The New Yorker ha destapado que el estado español ha espiado hasta 60 independentistas , entre ellos tres presidentes de la Generalitat de Cataluña: Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès. Según confirmó el medio estadounidense VICE a través de un antiguo trabajador de la empresa, España compra software en la empresa israelí desde el año 2015.

Así lo confirman a EL PAÍS tres de estas víctimas que fueron avisadas de la intrusión por Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto que investiga desde hace más de un año el rastreo de teléfonos de decenas de independentistas y que es pionero en detectar el uso de este software malicioso para rastrear dispositivos de periodistas, activistas y políticos. Pegasus está considerado como uno de los programas espía más potentes y sofisticados del mundo.