Para darnos cuenta del disparate del fallo, basta con imaginarnos el terremoto político que se hubiera producido de haber optado en aquel momento el Gobierno por el estado de excepción. Lo menos que se habría dicho de Pedro Sánchez sería que actuaba como un dictador (socialista, comunista, chavista, venezolano, bolivariano, castrista, ateo, filo etarra, ilegítimo, okupa y enemigo de España, términos todos estos que, en una u otra ocasión se han escuchado desde la bancada extremista).

El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, discrepa de la opinión mayoritaria del tribunal sobre la inconstitucionalidad.

El magistrado González Trevijano contestó a Conde-Pumpido sobre los mandatos caducados. “Tenemos que acostumbrarnos a los mandatos caducados porque estoy seguro de que no va a haber renovación ahora de los cuatro magistrados y tampoco el año que viene, porque si no se renueva el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no va a haber renovación del TC”. Sobre Valdés, su ponente antecesor, no dijo nada.

Sin tiempo para celebrar su primera victoria en el Constitucional, Vox está a punto de cosechar la segunda gran censura a la gestión de la pandemia del Gobierno de Pedro Sánchez. El recurso de inconstitucionalidad, presentado por la formación de extrema derecha contra la prórroga del estado de alarma que el Congreso aprobó el 29 de octubre de 2020, está a punto de imponerse, a la espera del enconado debate que se anuncia para después de verano.

La decisión del TC es sencillamente incomprensible en términos jurídicos. Tal vez sea muy mal pensado, pero tengo la impresión de que la mayoría de magistrados que ha dictado esta sentencia han pretendido enviar un doble mensaje: Uno primero a Vox, animándolos a recurrir en el futuro: sois bienvenidos, incluso cuando interponéis un recurso disparatado. El campo que tenéis abierto. Otro segundo al Gobierno: perded toda esperanza.

La decisión de los seis magistrados del Tribunal Constitucional constituye una sentencia válida y habrá que cumplirla. Pero en una sociedad democrática ello no es obstáculo para sostener que la conclusión adoptada rompe con los principios y conceptos que nuestra Constitución y las leyes complementarias han acuñado para delimitar el concepto de orden público.

El tribunal de garantías se prepara para abordar la discusión en septiembre, a la vuelta del verano. Pero para algunos miembros del Pleno está claro que "volverá a imponerse la tesis conservadora", porque además, el ponente es parte de ese bloque. Se trata del magistrado Antonio Narváez, exfiscal del Tribunal Supremo y que se apartó de los recursos sobre el procés tras ser recusado por haber calificado de "golpe de estado encubierto" el referéndum del 1 de octubre de 2017.

La Cadena SER ha tenido acceso al voto particular del ex fiscal general del Estado, contrario a la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado nulo el confinamiento del primer estado de alarma Califica de "confusa, escueta y frágil" la argumentación del fallo y lamenta que la mayoría haya "creado un grave problema político al desarmar al Estado contra las pandemias"

El proyecto de sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso de Vox contra el primer estado de alarma frente a la covid-19 ha provocado un encendido debate en la comunidad jurídica, muy dividida sobre si lo que se produjo durante aquella etapa de la pandemia fue una simple limitación o una suspensión de derechos. En la comunidad jurídica no reina precisamente la unanimidad a este respecto, en parte porque el concepto de estado de excepción se vincula a situaciones que nada tienen que ver con una emergencia sanitaria.

El Tribunal Constitucional ha rechazado la petición de medidas cautelares que habían solicitado Teresa Rodríguez y los otros ocho diputados expulsados del grupo parlamentario Adelante Andalucía. La Fiscalía había abogado por este rechazo. Sin embargo, el Constitucional afirma que habrá pronto un fallo sobre el fondo. Para Teresa Rodríguez, «la cuestión sigue judicializada; el TC solo ha dicho que no da medidas cautelares, pero no ha sentenciado ni se ha posicionado aún... El andalucismo y la izquierda coherente molesta. Por eso nos echaron».

TC Energy señaló en un comunicado que «tras una amplia revisión de sus opciones y en consulta con su socio, el Gobierno de Alberta (una de las provincias de Canadá), ha cancelado el proyecto de oleoducto Keystone XL». La decisión se produce cinco meses después de que Biden revocase el permiso presidencial para que el controvertido oleoducto cruzase la frontera y que había sido concedido por su predecesor, Donald Trump.

Los magistrados del Constitucional Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer creen que el Supremo vulneró el derecho de reunión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, dos líderes sociales condenados por sedición en una sentencia que, a su juicio, "amenaza con empobrecer nuestra democracia".

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de amparo del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, contra sus respectivas condenas de 9 años de cárcel y de inhabilitación por sedición, impuestas por el Tribunal Supremo (TS) en octubre de 2019.Cuixart ha anunciado que recurrirá su condena ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde quiere «acusar al Estado».

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado las escuchas autorizadas por un juez en el interior de un vehículo por un plazo de tres meses, al considerar que la medida no fue "indiscriminada o prospectiva", sino que fue "proporcionada" y no supuso una "injerencia especialmente intensa" en la privacidad. Se rechaza el recurso de amparo de uno de los condenados por el Juzgado Penal número 1 de Huesca por integrar un grupo criminal dedicado al robo de cajas fuertes en entidades bancarias y que fue desarticulado gracias a estas escuchas.

El Tribunal Constitucional ha avalado la ley navarra de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos policiales y de grupos de extrema derecha. El alto tribunal ha rechazado de plano los recursos que PP y Vox presentaron contra la Ley Foral 16/2019 en junio de 2019, y deja vía libre para que el Gobierno de Navarra pueda proceder al reconocimiento y la reparación de todas las víctimas, también las de abusos policiales, que tendrán derecho a una compensación económica y a atención sanitaria para superar las vulneraciones de Derechos Hum

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado la inconstitucionalidad y la nulidad de la disposición incluida en el real de decreto de medidas económicas para hacer frente al covid 19 que se aprobó entonces, de una cláusula que "blindó" la presencia del entonces vicepresidente segundo Pablo Iglesias en la comisión que parlamentaria que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado las propuestas instadas por ocho de sus vocales para llevar al Tribunal Constitucional la reforma instada por PSOE y Unidas Podemos que le resta atribuciones, entre ellas la de realizar nombramientos en la cúpula judicial. Las propuestas han sido rechazadas por 13 votos.

El gobierno de Piñera quiere recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional para evitar el retiro de fondos provisonales. Urge limitar el poder de un órgano absolutamente antidemocrático, carente de representación popular y que se basta de la voluntad de cinco personas designadas para soslayar la mayoritaria voluntad popular, y que cumple el rol de una tercera “cámara” de facto que actúa contrarrestando la voluntad popular. El poder legislativo debería poder ejercer su rol sin ningún tipo de tutelaje, más que el de los propios electores.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad a petición del Gobierno contra la Ley de Salud de Galicia.Feijóo espera alcanzar una "solución extrajudicial" con el recurso de la ley de salud antes del fin del estado de alarma

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de amparo del expresidente de Bankinter Jaime Botín contra su condena de 3 años de cárcel y multa de 91,7 millones de euros por un delito de contrabando, si bien el empresario todavía puede recurrir para esquivar su ingresar en prisión.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el amparo de una trabajadora que fue despedida por su empresa tras constatarse, a través de la monitorización de su ordenador, que dedicaba en torno a un 30% de su jornada laboral a cuestiones profesionales, empleando el 70% de la jornada restante a solventar asuntos relativas a su esfera personal.

El 14 de agosto, Fernando Valdés Dal-Re renunciaba como magistrado del Tribunal Constitucional, días después de que tuviese que declarar como investigado en el Tribunal Supremo por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, en concreto a su mujer. Al renunciar a su cargo en el TC, el Supremo perdió la competencia y la causa pasó al juzgado de Instrucción de Majadahonda al que correspondió.