La prestación por cese de actividad de los autónomos no cumple sus objetivos. En 2017 tan solo se presentaron 3.965 solicitudes, de las que aproximadamente la mitad fueron denegadas. ¿Por qué es tan complicado obtener esta ayuda?

La administración de la Seguridad Social, desde su sede electónica, nos permite realizar online multitud de gestiones. Dentro de la Seguridad social nos encontramos con el INSS y con la TGSS. Puedes realizar cientos de trámites que ni te imaginabas directamente desde internet.

Comité Europeo de Derechos Sociales subraya que España no cumple la Carta Social Europea respecto a las prestaciones por desempleo a parados sin cargas familiares. Según el informe anual de este organismo europeo, la prestación de un parado sin hijos se situaba en 2015 en un mínimo de 426 euros, mientras que el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), la referencia para las ayudas en España, estaba en 532,51.

Michael Hansen pedía limosna en las calles de la ciudad para ganarse una ayuda a final de mes, pero eso le pasó factura.

El Congreso ha permitido que expire el programa que financiaba a enfermeras y trabajadores sociales para atender madres en riesgo. Las visitas a domicilio brindaban varios servicios a las familias, que incluían el cuidado en el desarrollo de los niños, orientación sobre temas como lactancia materna y el sueño, derivaciones para tratar la depresión postparto, el abuso de sustancias y la violencia familiar. Los datos muestran que el 98% de los participantes habían mostrado una mejoría en áreas como la salud materna y neonatal.

Hace unos días tuve honor de comparecer en la Comisión del Empleo y Seguridad Social para valorar una iniciativa legislativa popular sobre establecimiento de una Prestación de Ingresos Mínimos (PIM). Tal como expuse en mi comparecencia, comparto plenamente la motivación y los objetivos de la persigue la PIM, pero creo que tiene tres importantes problemas de diseño en cuanto a los incentivos que potencialmente puede pervertir algunos objetivos que persigue, así como, disparar su coste.

Este análisis ha llevado a una respuesta posterior muy dura por parte de CCOO, que estima que con los datos de 2015, el coste habría sido de 8.409 millones, muy por debajo de los números que maneja Hacienda. El informe de CCOO sostiene que parte de las prestaciones se recuperarían con ingresos extra por parte del IVA, al incentivar el consumo. “Esta medida supondría proteger hasta 1,9 millones de desempleados que actualmente no tienen ninguna prestación y están en situación de necesidad personal y en su unidad familiar”

Se beneficiaron de todo tipo de prestaciones y subvenciones destinadas a parados y a extranjeros en situación de necesidad, que les fueron concedidas tras simular que les habían contratado las empresas implicadas en el fraude

En nuestra última entrada describimos las tendencias recientes de la precariedad laboral en España. La duración media de los contratos está cayendo debido esencialmente al aumento espectacular de los contratos de muy corta duración. Este fenómeno genera trayectorias laborales que se caracterizan por episodios de empleo más cortos y más frecuentes, con continuas salidas y entradas entre situaciones de empleo y paro o inactividad. Cerramos la entrada avanzando que el próximo paso era estudiar si este fenómeno esta vinculado con sucesivos ceses te

Las pensiones son el tema. O deberían serlo, con permiso de la cuestión catalana. En el aspecto económico, no hay nada que genere más preocupación entre ciudadanos y expertos. No hablamos de las prestaciones actuales, aunque también. Sino sobre todo las del futuro: las que cobrarán aquellos que se jubilen a partir de 2035-2040.

¿Podría darnos su opinión al respecto? www.lavanguardia.com/politica/20171018/432156986239/independencia-cata

Los gastos totales en prestaciones por desempleo en España se situaron en agosto en 1.509,6 millones de euros, lo que supone un 4,9% menos que el mismo mes del año anterior, según informó este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La tasa de cobertura anual cayó progresivamente entre 2011 y 2016, cuando paso del 70,7% al 55,10%. La tasa de cobertura bruta por prestación de desempleo es el cociente entre el número de beneficiarios de ayudas, y los parados registrados en el SEPE con experiencia laboral junto a los que reciben un subsidio temporal agrario.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que a pesar de que “las Administraciones alardean de que se está reduciendo la lista de espera en el Sistema de Atención a la Dependencia, esta reducción no afecta a los dependientes más vulnerables”.

El gozo en un pozo. Al menos, de momento. Porque, como lamenta Comisiones Obreras, el Consejo de Ministros de este viernes no va a abordar la prórroga del programa PREPARA, cuya vigencia se agotó el pasado día 16 de agosto, y cuya finalidad principal es proporcionar una subvención de 400 euros durante seis meses a las personas desempleadas que han agotado todas las prestaciones. Tampoco se llevará al Consejo de Ministros las modificaciones al PREPARA propuestas por CCOO ni ninguna otra medida para las personas que carecen de protección.

El drama de las personas dependientes continúa. En 2016 fallecieron en España más de 40.000 sin haber recibido la prestación a la que tenían derecho. Este año esta cifra puede superar las 34.000 muertes. Según denuncia la Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales, cada día más de 100 dependientes pierden la vida sin haber recibido la prestación o el servicio que merecían. Así se recoge en el informe del Observatorio Estatal de la Dependencia del primer semestre del año presentado esta semana.

El paro registrado, esto es, las personas inscritas en alguna oficina de empleo fue en junio de 3.362.811 personas. Es el mismo nivel que existía en enero de 2009, uno de los años en los que más se disparó el desempleo. Pero el paro no es lo único que baja, también la tasa de protección social, que se sitúa ahora en el 54%, más de veinte puntos por debajo que hace diez años, justo antes de estallar la crisis.

El desempleo atenaza al 18,7% de la población activa en España. En paralelo, existe una cierta cultura del incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de algunos miembros de las clases más pudientes. Ambas realidades se pueden combinar para poner un ejemplo: con los 15.406 millones de euros que deben empresas como Reyal Urbis y Nozar y personas físicas como el exbanquero Mario Conde se podría sufragar el 85% de las prestaciones de desempleo previstas para este año en los Presupuestos Generales del Estado (18.318 millones de euros).

Los convocantes de la manifestación de este sábado a favor del nuevo hospital recuerdan que las 15.000 personas que salieron a la calle en 2007 lograron importantes mejoras en las prestaciones sanitarias.

Un matrimonio de la ciudad alemana de Wolfsburgo que, con sus dos niños pequeños, viajó a Siria y se sumó a la organización terrorista Estado Islámico (EI) siguió percibiendo durante un año prestacion.

El programa mantiene la “vampirización” de las prestaciones por parte de los empresarios, ya que el que contrate a un parado de este programa se queda con su “prestación”. Este fiasco contrasta con el número de personas paradas sin protección. Según la EPA hay 3.035.974 personas paradas que no perciben prestaciones, de las que 2.289.526 estarían inscritas. Hay que ser retorcido en la fijación de los requisitos para que, de los casi 2,3 millones de personas inscritas sin proteger, solamente veintiún mil accedan al programa.

La mayoría de los países ricos, además de los EE.UU han dado con un enfoque sorprendentemente simple de reducir la pobreza infantil: dando dinero a los padres. Esta idea, conocida como prestación por niño, existe en casi todos los países de la UE, así como en Canadá y Australia. Esto ayuda a explicar por qué los países europeos son mucho mejores en la lucha contra la pobreza infantil. Alrededor del 11,8% de los niños estadounidenses viven en la pobreza absoluta y el 20% de los niños en los EE.UU viven en situación de pobreza.

La tarjeta social -impulsada a raíz de la última Conferencia de Presidentes- está en marcha. Aunque todavía está en fase de propuestas de las comunidades autónomas, cuando esté plenamente operativa -el 1 de enero de 2018-, revolucionará el modo de controlar las prestaciones sociales y asegurar que el dinero público se distribuye de forma correcta.