Aunque el “derecho a decidir” sea una de las claves de las elecciones catalanas, de nuevo se impedirá ejercer su derecho al voto a miles de ciudadanas residentes en el extranjero, como ya ocurrió en las anteriores elecciones generales. Según los datos del INE, desde el inicio de la crisis, la cifra de migrantes ha aumentado casi un millón de personas (de 1.471.291 inscritas en enero de 2009 a 2.406.611, en enero de 2017). Sin embargo, la cifra de participación del voto exterior se mantiene por debajo del 10% de las personas inscritas

El PP en la Asamblea de Madrid ha propuesto que los centros concertados puedan contratar con dinero público a orientadores privados.Actualmente esta labor está en manos del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de la Comunidad de Madrid. “Colaboran en la mejora de la calidad educativa, especialmente en relación a los alumnos con necesidades educativas especiales y en coordinación con los servicios sociales y sanitarios existentes en el sector”.. PP vire más en la dirección de “externalizar el servicio” vaciándoles “competencias”..

Este lunes 13 de noviembre se cumplen 15 años de la catástrofe del Prestige. Después de seis días de errático rumbo marcado por el Gobierno, el barco se partió a 250 km del litoral derramando más de 60 000 toneladas de fuel que se desparramaron por toda la costa gallega, afectando desde Portugal a Francia. Después vendrían juicios y una sentencia que abrió la puerta a indemnizaciones, que a día de hoy siguen sin pagarse; y aún pendientes de otra sentencia de un tribunal británico que dice que la aseguradora solo tiene que indemnizar al armador.

Cinco directores de centros de Primaria y Secundaria de Avilés y Aller han afirmado que no recibieron el material que consta en las facturas de la Consejería de Educación cuando estaba dirigida por José Luis Iglesias Riopedre. La declaración se produjo en sede judicial en relación con el caso Marea 2, donde se investigan los pagos de nueve millones de euros en concepto de material escolar.

MAREA es un gigante submarino. Ni en sus mejores sueños Julio Verne pudo imaginar que un cable de más de 6.600 km permitiría que en menos de un segundo dos personas separadas por el océano Atlántico pudieran comunicarse.

Es época de banderas. O al menos así lo dejan ver los balcones y las calles. Estos símbolos llevan inundando semanas las televisiones. Millares de ciudadanos con una rojigualda o con una estelada en la mano pasean para defender sus ideales. Y una pregunta recorre la mente de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP).

La Fiscalía del Principado de Asturias ha interesado este viernes la libertad provisional, al no contemplar que exista riesgo de fuga, para los condenados en el asunto de corrupción en el seno de la administración del Principado, bajo la presidencia del socialista Vicente Álvarez Areces, en el denominado 'Caso Marea'. Los acusados han recurrido sus condenas al Tribunal Supremo.

Es cierto que en Asturies existe un pacto, un pacto político que abarca desde los partidos, a la Administración Pública y, en buena medida, a la judicatura: es el pacto de silencio frente a los casos de corrupción que recorren la espina dorsal de las instituciones asturianas. La sentencia del “caso Marea”, con la condena a seis años de cárcel al exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, y mano derecha del expresidente de Asturies Vicente Álvarez Areces, ha puesto sobre la mesa un secreto a voces: la corrupción en Asturies.

La mayor de las condenas recae en la exdirectora de Planificación de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, condenada a nueve años y medio de prisión por varios delitos de malversación de caudales públicos y cohecho y deberá pagar una indemnización de 2.500.000 euros. El exconsejero de Educación asturiano, José Luis Iglesias Riopedre, ha sido condenado a seis años de cárcel y 400.000 euros de multa.La funcionaria Marta Renedo ha sido condena a nueve años de cárcel con multa de 480.000 mil euros y una indemnización a la administración.

La Audiencia describe con todo lujo de detalle, en una prolija sentencia, que consta de 1.079 folios, cómo se gestó el «caso Marea», la mayor trama de corrupción en el Principado cuyo coste ha sido imposible determinar, pese a los seis años de instrucción de la causa, cuatro meses de celebración de la vista, ingentes y exhaustivos informes policiales, periciales, la declaración de más de un centenar de testigos, pinchazos telefónicos y seguimientos.El tribunal concede el mayor protagonismo en estas prácticas delictivas a 5 de los 13 acusados.

El exdirector financiero de Almacenes Pumarín (APSA), investigada en el caso Renedo, ha declarado hoy que el dueño de esta empresa reveló a los trabajadores que la acusada María Jesús Otero, funcionaria encausada, le mandó pagar viajes, coches y patrocinios.

Riopedre, que ha llegado acompañado de su abogado, ha sido condenado a seis años de prisión por prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración y cohecho. Otra de las principales acusados, la exdirectora general María Jesús Otero ha sido condenada a nueve años y seis meses de prisión mientras que la funcionaria Marta Renedo a nueve años. Dos empresarios implicados fueron condenados a seis años y medio cada uno. Son las principales condenas del caso.

La exdirectora de Planificación de la Consejería de Educación del Principado, María Jesús Otero, con el "conocimiento y aquiescencia", del exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, favoreció la adjudicación de todo tipo de contratos a las empresas de Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (APSA), confabulándose con aquellos para dar una apariencia de legalidad a las operaciones que realizaban.

La Audiencia reconoce que «ha sido imposible determinar hasta el momento» el perjuicio generado por la actuación de la exfuncionaria Marta Renedo. El perjuicio generado en la Consejería de Educación, no puede ser cuantificado porque el Principado no hizo un primer cotejo de los materiales que han sido entregados en los colegios hasta el año 2015, cuatro años después de que se destaparan estas irregularidades.

El secretario municipal de Podemos en Arzúa (A Coruña), Xosé Manuel Zapata, ha acusado en los juzgados a la dirección gallega de la formación y a En Marea de llevar a cabo una "cacicada" a través del acuerdo con el que concurrieron como partido instrumental a las pasadas elecciones autonómicas de septiembre de 2016

La «relevancia pública» y el «interés social» que tiene el denominado «Caso Marea» ha sido determinante para que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) solicitara a los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo que sustituyeran la entrega de los mil folios de que consta la sentencia a los procuradores de las partes personadas en la causa, a través de su volcado en un dispositivo de memoria USB.

El gobierno socialista del Principado se llama andana en las fuertes condenas por corrupción del caso Marea, aunque impliquen al anterior Ejecutivo regional. Como Rajoy a Bárcenas, ahora Javier Fernández no conoce de nada a Areces y Riopedre. La amnesia se extiende entre la clase política. El Gobierno de Asturias considera muy positivo que ya se hayan hecho públicas las condenas correspondientes al caso Marea. Éste ha sido siempre el objetivo: que la justicia delimitase con claridad y firmeza las responsabilidades de todos los implicados.

Las limitaciones del servicio de notificaciones Lexnet ha impedido que el viernes se entregue a las partes la sentencia íntegra de 1.000 folios del "caso Marea". Por este motivo, se ha dado a conocer antes el fallo y el próximo jueves se entregará la sentencia en un USB que los procuradores deberán depositar en la secretaría de la sección tercera de la Audiencia Provincial. Los USB's se entregarán a los procuradores a las diez de la mañana del jueves. Aunque algunos letrados han considerado chocante que se conozca antes el fallo.

Los inspectores de la Agencia Tributaria que realizaron el informe sobre la contabilidad de la empresa Igrafo han explicado que en sus cuentas incluían como gastos deducibles los regalos que hacían a terceros. Según los inspectores de la Agencia Tributaria, los propietarios de Igrafo gastaban medio millón de euros al año en regalos. Si bien, resarcían ese gasto cargándolo después en un contrato con una administración pública, al que además añadían un margen comercial.

Martínez remarca que fue el Gobierno de Areces el que denunció los hechos y afirma que el PSOE es el partido con el listón más alto en exigencia de responsabilidades. el Gobierno del Principado de Asturias exigirá recuperar "hasta el último euro" del Caso Marea, después de conocerse este viernes el fallo, con la previsión de disponer de los detalles de la sentencia el próximo día 7 de septiembre.

El diputado del PP en la Junta General y secretario general de los 'populares' asturianos, Luis Venta, ha afirmado este sábado que el fallo del caso Marea "demuestra cuál ha sido la gestión del PSOE en Asturias". "Se han llevado el dinero de la educación los que venían presumiendo de la educación pública"

Los observadores españoles invitados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela para vigilar el proceso de elección a la Asamblea Constituyente emitieron una declaración conjunta en la que dieron su visto bueno a la validez de los comicios. "Todos los chequeos y verificacioneshan demostrado la pulcritud y limpieza del proceso".La misión de observación española estuvo formada por Vicent Garcés, la senadora Vanessa Angustia —del grupo confederal Unidos Podemos-En Marea— y por Fran Pérez, responsable de extensión internacional de IU.