Desahuciados 2 peligrosos inquilinos (El texto es demasiado corto, debe ser al menos de 50 caracteres)

Se dice a menudo que las pequeñas y medianas empresas pagamos muchos impuestos sin decir que el principal de ellos se llama alquiler.

Antonio, de 84 años y Mari, de 81, han renunciado a blindar su alquiler sin subidas porque el fondo buitre se lo había ofrecido solo a ellos y quieren una negociación conjunta que beneficie a sus vecinos: "Van a lo individual para desactivar la fuerza del Sindicato de Inquilinas. Divide y vencerás" El negocio de Blackstone –que opera a través de filiales– es redondo: compra bloques de pisos sociales cuyos inquilinos pagan rentas muy bajas, y aplica subidas (hasta del 60%)cuando sus contratos expiran. Cuando ya no pueden pagar se les desahucia.

Tres de cada cuatro desalojos son por no poder pagar el alquiler. El total de lanzamientos aumenta un 1% con respecto al mismo periodo de 2021, según el informe del Consejo General del Poder Judicial.

De 72 años y vecina de Lavapiés desde hace más de dos décadas, lleva desde 2018 luchando contra la empresa que compró la casa que alquilaba, se negó a renovar su contrato y le triplicó el precio del alquiler en un bloque convertido en alojamientos para turistas

Así ha entrado la policía a desahuciar a la familia de Nuria,cara visible de Riders x Derechos. Tras 34 años viviendo allí y en unas actuaciones muy polemicas por parte de la justicia a petición del presidente del club de golf de Sant Cugat, fueron desahuciadas ayer, pese a que desde el Gobierno dice que los desahucios están prohibidos. Renta antigua. directa.cat/desnonen-una-familia-llogatera-que-vivia-des-de-fa-34-anys

La realidad siempre es compleja, con muchos factores. Pero la precariedad laboral y por lo tanto económica, por ejemplo de las riders de Deliveroo, tiene una obvia relación con que acaben derribando la puerta de la casa de tu familia para echaros a la calle. Parte el alma verlo en vídeo otra vez.

Los responsables del Montparnasse, que abrió sus puertas durante treinta años en A Goulla, llevaban un año sin pagar el alquiler del local.

Una comitiva judicial ha aprovechado que la mujer estaba fuera, en un acto de protesta antidesahucios para reclamar 22 viviendas sociales para familias en el barrio de Ciutat Vella, cuando la han desahuciado de su vivienda. La afectada asegura que no ha recibido ningún aviso. Cuando ha llegado al piso, el propietario ya había cambiado la cerradura e instalado alarmas para evitar que volviese a entrar. Traducción: bit.ly/3Ld4UEz

El acuerdo para la investidura de Pere Aragonès entre ERC y la CUP recoge explícitamente nueve medidas relativas al orden público, algunas de las cuales se han cumplido ya, como la puesta en marcha de la comisión parlamentaria para revisar el modelo de orden público o la retirada de las acusaciones particulares contra participantes en movilizaciones sociales y políticas. Pero también figura el compromiso de poner en marcha mecanismos y protocolos para la "no aplicación de la ley mordaza cuando esta vulnere el derecho a la manifestación".

Fuentes de la PAH explican que "no se trata de un problema real de impago", sino que responde a las "artimañas de BBVA para no renovar el contrato" a la familia. Fátima "siempre había pagado a destiempo, fuera del día 10 y el BBVA siempre se lo había admitido". Hasta este verano, cuando el banco "indica que no va a renovar el contrato y a partir de ahí no admite los pagos". Entonces, señalan las mismas voces, la entidad inicia una "demanda por impago, mucho más rápida que por extinción de contrato", una modalidad que suele demorarse "un año o a

No se trataba de un desahucio más. José Manuel, de 78 años, y María, de 82, llevaban viviendo en este modesto piso de Carabanchel desde hace 54 años, los que llevan casados. Él es de Andalucía y ella de Extremadura, y no podían pagarse otro piso en el barrio, donde tienen sus vidas. Él cobra una pequeña pensión y se encarga de cuidar de María, que tiene movilidad reducida. Nada de esto fue suficiente para el Ayuntamiento de Madrid, para Servicios Sociales o para la Justicia.

"Nos resulta bastante hipócrita que mientras desde el Gobierno estatal se promueven medidas anti-desahucios, en los ayuntamientos donde gobiernan esos mismos partidos políticos se ejecuten desahucios de familias con menores y vulnerables de viviendas públicas, sin alternativa ninguna", ha señalado.

Hoy a las 1.30h más de 20 mossos d'esquadra han sido enviados para desalojar una madre y su hijo después de varios días intentándolo sin éxito.

Los familiares de Rosario Casanova descubrieron que el Ayuntamiento de Dalías precintó su casa mientras estaban en el tanatorio el pasado martes, 22 de marzo, a las 03:00 horas de la madrugada, moría María Rosario Casanova, vecina de Dalías, a la avanzada edad de 96 años. Su numerosa familia se reunió para velar su cuerpo en el tanatorio municipal. A las pocas horas decidieron acercarse a la casa de la fallecida, para encontrarse una desagradable sorpresa: la puerta prinicpal había sido acordonada por el Ayuntamiento.

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 11.947 en 2021, cifra que es la más elevada desde 2016 y que supone un incremento del 57,4% respecto a 2020, su mayor repunte anual desde el inicio de la serie, en 2014, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) .

La Sareb se creó en 2012 para adquirir los activos de las entidades financieras con problemas de liquidez y así sanear sus cuentas. El Consejo Europeo prestó a la Sareb 50.000 millones porque el Estado español avaló que todo lo que no pudiera devolver la Sareb. Años después el Estado tomará control sobre la mayoría de las acciones pero La SAREB seguirá funcionando como una entidad privada. Se calcula que la Sareb acumula cerca de 140.000 viviendas. La PAH reclama: la Sareb es nuestra y sus casas también.

Una empresa se llevó muebles y objetos de valor sentimental de su casa, como la única foto de su boda o la mantilla de su madre. Un año después, aún espera que le devuelvan sus pertenencias, que suman más de 23.000 euros.