El acuerdo para la investidura de Pere Aragonès entre ERC y la CUP recoge explícitamente nueve medidas relativas al orden público, algunas de las cuales se han cumplido ya, como la puesta en marcha de la comisión parlamentaria para revisar el modelo de orden público o la retirada de las acusaciones particulares contra participantes en movilizaciones sociales y políticas. Pero también figura el compromiso de poner en marcha mecanismos y protocolos para la "no aplicación de la ley mordaza cuando esta vulnere el derecho a la manifestación".
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