Patrick Otema nació sordo hace qince años. Vive en una remota zona de Uganda donde no hay escuelas para niños sordos y jamás ha mantenido una conversación. Raymond Okkelo, un profesor de lenguaje de signos, espera cambiar todo esto...
Los estudiantes sordos se sienten desplazados porque en su escuela los intérpretes no cubren todas sus horas lectivas. La federación catalana del colectivo de niños sordos denuncia la falta de intérpretes en las aulas para que puedan seguir aprendiendo por lo que eleva la alarma y avisa de que las deficiencias son grandes en secundaria. En las universidades el problema se repite como en la Complutense de Madrid que solo tienen 20 horas semanales de intérpretes y cuando no hay intérpretes la asignatura se suspende.
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha comentado este miércoles, en relación al procesamiento de la diputada autonómica Elisa Díaz, hija del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, por una falta de lesiones después de que supuestamente lesionara a una mujer con la que discutió en un albergue de animales, que "una galleta no creo que sea motivo" para no estar en las listas electorales, según informa Europa Press.
El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha abierto procedimiento contra la diputada autonómica del PP Elisa Díaz González, hija del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, por un posible delito de lesiones imprudentes por una supuesta agresión.Rel.: www.meneame.net/story/alberto-fabra-sobre-diputada-pp-dejo-sorda-otra-
Se sienten tan felices de poder oír que pagan cantidades abusivas para poder seguir oyendo. Un reducido número de empresas (tres) les suministran los implantes auditivos, los “fidelizan” a su marca y les cobran un ojo de la cara por los repuestos. Las autoridades gubernamentales les ignoran, pues no es su oficio escuchar. Lo que no hay es una norma que ponga freno al lucrativo negocio de las reparaciones, la renovación y los repuestos de los implante cocleares para las personas sordas.
Nos dicen que la educación es gratuita y universal, pero la de mi hija se la pago yo, unos 1.000 euros al mes en un tutor para que tenga acceso como cualquier otro niño, denuncia María José Abad. El Defensor del Pueblo ha pedido explicaciones a la Junta, que no responde.
