Socorristas, empresas y Protección Civil exigen abordar el problema y reclaman al Govern una regulación de mínimos que no delegue el servicio en empresas y ayuntamientos

Un vigilante de seguridad del hospital Josep Trueta de Girona ha denunciado una brutal agresión que recibió el pasado jueves, 27 de julio. Hacia las nueve de la noche, él y una compañera accedían al servicio de Urgencias para llevar a cabo un servicio protocolario. Al llegar a la entrada, vieron a una mujer muy nerviosa que insultaba y amenazaba de muerte a los trabajadores del centro. Mientras la intentaban acompañar a fuera para que se calmara, otro hombre empezó a golpear con violencia el mostrador de admisiones.

Apple afirma que retirará servicios como FaceTime e iMessage del Reino Unido en lugar de debilitar la seguridad si se convierten en ley nuevas propuestas y se actúa en consecuencia. El Gobierno pretende actualizar la Ley de Poderes de Investigación (IPA) de 2016. Quiere que los servicios de mensajería autoricen las funciones de seguridad con el Ministerio del Interior antes de ponerlas a disposición de los clientes. La ley permite al Ministerio del Interior exigir que se desactiven las funciones de seguridad sin informar al público.

Los vigilantes le redujeron en el suelo con contundencia durante unos 40 minutos y le profirieron expresiones vejatorias como “sois todos iguales”, según explicó el joven a TV3, que informó en primer lugar del caso. Maru, que iba de Girona a su pueblo, disponía de un billete recurrente al ser ese su trayecto habitual, pero, según coinciden la víctima y los testigos, el revisor le dijo que no era válido y le instó a bajar en Maçanet. Todo ello pese a que varios pasajeros se ofrecieron a pagar el coste del billete, que era de tan solo 2,15 euros.

Se ha aprobado un proyecto de ley que permitiría a la policía francesa espiar a sospechosos activando a distancia cámaras y micrófonos, incluido el GPS de sus teléfonos. El proyecto de ley permite la geolocalización de sospechosos de delitos, abarcando otros dispositivos como ordenadores portátiles, coches y dispositivos conectados, al igual que podría activarse a distancia para grabar sonido e imágenes de personas sospechosas de delitos de terrorismo, así como de delincuencia y crimen organizado.

El IRPF funciona por tramos. En el caso de Madrid, donde López Zafra tiene un alto cargo de la Comunidad, entre 0 y 12.450 euros se paga un 18%, entre 12.450 y 17.707, un 22,7%; entre 17.707 y 20.200, un 24,8% y así va aumentando hasta el último tramo, para quienes cobran más de 300.000 euros. Es decir, ese 45% al que se refiere Zafra solo se aplica para quienes cobran más de 300.000 euros. O lo que es lo mismo, ese salario de 100.000 euros no llega al escalón del 45% al que se refiere López Zafra