Las denuncias en cuestión versan sobre las presuntas convocatorias y concesiones de subvenciones, sin respaldo presupuestario ni fiscalización previa, por parte de la Comunidad de Madrid y de sus organismos competentes para convocar y conceder subvenciones; así como por parte del Ayuntamiento de Madrid. Y radican en la época en la que ambos gobernantes prorrogaron los presupuestos de sus territorios, concretamente entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2023.

¿Sabías que… el Estado español es el único país occidental donde una entidad empresarial como la Mutua tiene el poder de decidir inicialmente si una lesión o enfermedad tiene el carácter de laboral?

El pseudosindicato Manos Limpias ha presentado este viernes una ampliación de la denuncia contra Begoña Gómez en la que se apunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como “conocedor, cómplice y cooperador necesario de los negocios de su esposa”. El secretario general del esta organización, Miguel Bernad, ha rechazado hacer público el documento de la denuncia

La organización Sexiliades, encargada de la iniciativa de un taller de iniciación a una orgía en el marco del Viñarock, se ha pronunciado ante la controversia que ha surgido alrededor del evento. Los organizadores han denunciado que la situación “se ha sacado totalmente de contexto” y que las reacciones se han basado en “el miedo y el odio”, inflamando un ambiente de crispación.

La privacidad en la Unión Europea (UE) podría tener los días contados. Así lo denuncian un total de 254 científicos e investigadores de 33 países, que advierten en una carta abierta publicada este jueves de que la nueva ley contra el abuso sexual infantil negociada en secreto por los Estados miembros amenaza con impulsar la "vigilancia masiva" de los ciudadanos en Internet. De aprobarse, advierten, tendrá "consecuencias catastróficas" que pueden afectar negativamente "a las democracias de todo el planeta".

En 2022, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) declaró que España discriminaba a trabajadoras del hogar al negarles el derecho al paro. En junio de 2022, España ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce ese derecho, y el Real Decreto-ley 16/2022 en septiembre lo incorporó a la ley española. En marzo, el Ministerio de Trabajo anunció que planea presentar una propuesta de real decreto que obligue a empleadores a evaluar riesgos laborales y reconozca el derecho a formarse en prevención de riesgos.

El trabajo es uno de los quebraderos de cabeza históricos de la población andaluza, bien sea por la dificultad para acceder a uno o por las condiciones precarias enquistadas en el sistema laboral andaluz. Tanto es así que según el Barómetro andaluz realizado por el Centra a finales de 2023 apunta que es la mayor preocupación de las andaluzas, el 32,5% cree que es el mayor problema que atraviesa el territorio.

La extrema derecha, tanto la parlamentaria como la que no tiene acceso a las instituciones, lleva más de una década usando los tribunales como arma arrojadiza contra rivales políticos. Con querellas y denuncias con las que han intentado criminalizar desde declaraciones públicas de políticos hasta la tramitación de leyes, partidos como Vox y organizaciones como Manos Limpias han capitalizado acciones judiciales que, sin embargo, rara vez han sido siquiera admitidas a trámite. La estrategia comunicativa también es común:

n su web vende vinos espumosos con «polvo de oro» a un precio de hasta 399 euros por botella. Sin embargo, la empresa Vin Dore 24K SL encontró en el suministro de material sanitario a hospitales de la Comunidad de Madrid un filón con el que consiguió elevar su facturación un 32.191% en 2020. La Consejería de Sanidad ha adjudicado a esa compañía seis contratos a dedo, por un importe de 17,5 millones de euros, para el suministro de mascarillas, equipos de protección individual y test de antígenos desde el inicio de la pandemia.

La vicepresidenta pide al presidente "cumplir íntegramente el acuerdo de investidura e ir más allá". Díaz pide medidas en materia de vivienda, reducir ya la jornada laboral y derogar la ley mordaza.

Tras el ataque de Hamas del 7 de octubre, el gobierno israelí prohibió la entrada al país a decenas de miles de trabajadores palestinos, un componente crítico de la fuerza laboral agrícola de Israel. los agricultores han recurrido desde entonces a importar miles de trabajadores extranjeros de países como India, Malawi y Sri Lanka para mantenerse a flote. Los trabajadores indios recién llegados dicen que los abusos laborales son comunes. Te pide registro, pero puedes leerlo sin problemas con el lector inmersivo/envolvente. Ver primer comenta

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha presentado hoy una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz contra la Junta de Andalucía y contra los ayuntamientos de las ocho capitales andaluzas por incumplir su deber constitucional “de promover y salvaguardar el estado social y democrático de derecho”. Más concretamente la APDHA denuncia que estas administraciones están vulnerando “la especial protección constitucional del derecho a una vivienda digna con los mandatos constitucionales previstos en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el...

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, ha denunciado la detención sin cargos de una joven cristiana palestina que ahora mismo se encuentra encerrada en Israel y se expone a pasarse hasta cuatro meses en esta situación debido a la polémica figura legal de la "detención administrativa". Layan Nasir, de 23 años, fue detenida el 6 de abril a las 04.00 durante una redada en su domicilio en Birzeit (Cisjordania) protagonizada por una veintena de militares, y fue trasladada a Israel. Se cree ahora mismo que es la única cristiana palestina que...

La huelga de secretarios judiciales y la pandemia, entre las causas del atasco: "Se me han muerto clientes esperando que les salga el juicio"

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado una sanción de 130.000 euros a una empresa de cultivo y recolección de fresas en Huelva por una falta muy grave de obstrucción a la labor de los inspectores, al no identificar a 13 trabajadores que abandonaron a la carrera el lugar de trabajo durante dos visitas de la Inspección de Trabajo. De esta forma, el Supremo rechaza el recurso de la empresa y avala la sanción, que fue impuesta por el Gobierno tras el acta de infracción en materia laboral por obstrucción a la labor inspectora.