En un informe sobre la situación de dependencia en España, el Tribunal de Cuentas ha señalado que se encuentra investigando al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, por múltiples presuntas corrupciones. En el documento se señalan sobrecostes de 1,7 millones de euros por particionar contratos a contactos previos al concurso con una empresa que finalmente lo gana, pasando por personal externo que trabaja sin contrato.

La que más dinero recaudó por ambas vías fue la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside el expresidente del Gobierno José María Aznar. En concreto, obtuvo aportaciones por valor de 530.259 euros, en su mayoría (497.886 euros) procedentes de personas jurídicas, llegándole los 32.373 euros restantes de donaciones de 70 personas físicas

El tribunal especial se agarra a un error formal de un investigado, que permitió subsanar en otros casos, para no valorar las opiniones del juez contra la amnistía, y tiene pendiente analizar la errata con el plazo de instrucción denunciada por las defensas. La única esperanza que las defensas del caso tienen en poder apartar a García Castellón es un número: 324. Es el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula los plazos de instrucción y que, según los independentistas, García Castellón vulneró, lo que, a su juicio, aboca.....

El partido pide al tribunal de garantías que obligue al Supremo a investigar al juez y a su ayudante, a quienes acusa de haber violado su derecho a una participación política “en igualdad de condiciones” con sus resoluciones “prevaricadoras”. Manuel García Castellón y Joaquín Gadea han vulnerado su derecho a ejercer la acción política “en igualdad de condiciones” con otras formaciones, recogido en el artículo 23 de la norma fundamental. Ocurrió en la causa que abrió García Castellón e instruyó Gadea sobre la supuesta financiación ilegal del....

El gigante de las telecomunicaciones estadounidense AT&T ha confirmado la filtración de datos personales recogidos en más de 73 millones de cuentas de usuarios y anunciado que ha puesto en marcha una investigación en paralelo a medidas para contener los daños. En un comunicado publicado este sábado, AT&T confirma filtraciones en 7,6 millones de cuentas actuales y 65,4 millones de cuentas de antiguos clientes. Entre los datos filtrados hay números de la Seguridad Social y otro tipo de información personal con fecha hasta 2019.

El Juzgado de lo Penal 3 de Albacete sentará en el banquillo de los acusados el próximo miércoles 3 de abril a seis jóvenes procesados por pegar a diferentes personas durante una tamborada en Hellín. El fiscal solicita para los seis encausados una pena de un año de prisión por el delito de desórdenes públicos, multas por valor de 2.880 euros por los cuatro delitos leves de lesiones y sólo para dos procesados, concretamente, F.J.O.G. y M.O.G., la pena de seis meses de prisión por el delito de lesiones. Además el Ministerio Público también pide

En su doble condición de abogado y experto en el sector audiovisual, Óscar Palet Santandreu, presenta batalla en ambos frentes: en los juzgados, como abogado penalista, y en los medios de comunicación, contraponiendo el relato de la policía que considera la ayahuasca una sustancia ilegal y la vincula a una práctica sectaria: «La supuesta ilegalidad de la ayahuasca es una interpretación jurídica claramente errónea», afirma Palet.

La comunidad autónoma de Aragón es reprendida en varias ocasiones por no haber establecido las medidas necesarias para combatir la contaminación por nitratos y purines, así como por no haber designado como zonas vulnerables aquellas áreas ya afectadas por la contaminación de nitratos. Objetivos ambos que parecen de difícil alcance si se continúa al mismo ritmo de crecimiento de explotaciones ganaderas.

El Tribunal Superior de Londres ha decidido que Julian Assange no puede ser extraditado inmediatamente a Estados Unidos por cargos de espionaje, en una victoria parcial para el fundador de WikiLeaks. Dos jueces del Tribunal Superior dijeron que concederían a Assange una nueva apelación a menos que las autoridades estadounidenses den más garantías sobre lo que le sucederá. El fallo significa que la saga legal, que se ha prolongado durante más de una década, continuará.

El tribunal rechaza los recursos de cuatro abogados contra decisiones judiciales de vacunar a sus hijos o personas mayores incapacitadas: “La ausencia de vacunación podría favorecer una prolongación del aislamiento social”. En los últimos meses, el TC ha rechazado hasta 25 recursos de personas que se negaban, sobre todo, a la vacunación de sus hijos, representados en su mayor parte por abogados vinculados al movimiento antivacunas.

Los populares proponen al exsocialista tras cambiar hace pocos meses la ley para rebajar la mayoría necesaria para elegir los miembros del órgano fiscalizado

Philippe Sands es algo así como un Sherlock Holmes con toga. Eminente jurista británico, ampliamente reconocido por su compromiso con los derechos humanos, ha contribuido en su faceta de escritor a acercar el mundo del derecho internacional y sus principios jurídicos al gran público.

La empresa Grupo Centenari tiene 60 denuncias ante Inspección de Trabajo por prácticas como impagos a la plantilla o falta de material adecuado para atender a los y las residentes. La Comunidad de Madrid ultimaba la renovación de su contrato.

El Tribunal Supremo ha confirmado el rechazo al derecho al olvido de Antonio Luis Baena Tocón, el alférez que ejerció como secretario judicial del Juzgado que instruyó la causa en la que se condenó a pena de muerte al poeta Miguel Hernández en 1940. En sentencia hecha pública ayer, martes 19 de marzo, el alto tribunal desestima el recurso presentado por el hijo del secretario judicial, fallecido en 1998, contra la sentencia de la Audiencia Nacional que avaló la negativa de Google y de la Agencia Española de Protección de Datos de suprimir 18 in

El hijo de Antonio Luis Baena Tocón pedía que se borraran 18 enlaces en los que aparecía su padre porque sostenía que contenían informaciones inexactas. La Audiencia Nacional rechazó la petición y ahora el Tribunal Supremo confirma la decisión. Dice el alto tribunal que las personas fallecidas también tienen derecho al olvido, pero que ese derecho hay que ponderarlo con otros que hay en juego como son "libertad de expresión e información, cumplimiento de una obligación legal y datos referidos a archivos o investigaciones científicas e histórica

El Tribunal Supremo considera que es la empresa, y no la Seguridad Social, la que debe hacerse cargo de la baja médica de un empleado que sufrió un accidente no laboral, aunque no tuviera dado de alta al trabajador. En una sentencia fechada el pasado 21 de febrero, la sala de lo social rechaza el recurso de una empresa contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de mayo de 2020. El caso se remonta a 2014, cuando una empleada, que desempeñaba labores de comercial desde junio de ese año, sufrió en septiembre...

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazó la inadmisión a trámite del recurso de casación presentado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que liberaba a la Xunta de contribuir económicamente a compensar a Audasa por los peajes en sombra de Rande y A Barcala.

El Consello de Contas de Galicia publicó este lunes un informe sobre diputaciones y ayuntamientos. El documento audita también los gastos en materiales sanitarios durante la pandemia del coronavirus. Así, el informe especifica que se compró material sanitario a empresas que en teoría se dedicaban a “producción y distribución publicitaria, instalaciones eléctricas, actividades de telecomunicaciones, compra y venta de valores, educación secundaria técnica y profesional y actividades de administración pública.

El Tribunal Constitucional ha decidido amparar a una conductora condenada por ir borracha al volante de su coche por las calles de Madrid. Por unanimidad, la sala entiende que la Policía Nacional vulneró sus derechos fundamentales cuando trasladaron a la mujer a una comisaría para que se le hiciera la prueba de alcoholemia, al no tener medios para hacerlo en el lugar donde fue identificada, sin que tuvieran ninguna cobertura legal para su detención.