"Es una aberración, una sinrazón jurídica", denuncia Juan Ignacio Olmos, socio del área laboral y experto en asuntos de la Administración Pública de Ceca Magán, quien coincide en que la medida de no hacer pasar por oposición a los interinos de más de 10 años tiene visos de inconstitucionalidad. Olmos también carga contra la otra condición que ERC le ha arrancado a Hacienda y Función Pública para la tramitación del proyecto de ley: que las comunidades autónomas puedan decidir que la oposición no sea eliminatoria en algunos concursos.

El Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público gracias al acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y ERC, que dará mayor prioridad en el acceso a las plazas fijas a los interinos que ya ocupan esos puestos estructurales.

El Gobierno ha conseguido salvar el decreto para que los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años podrán adjudicarse una plaza sin necesidad de pasar una oposición.

El Congreso podría tumbar este miércoles el decreto ley para la estabilización del empleo temporal en la Administración Pública, cuya convalidación puede quedar finalmente en manos del PP. Es más, la víspera de la votación ni siquiera hay un acuerdo en el seno del propio Gobierno, ya que Unidas Podemos no tiene decidido el voto. Los 'morados' dejan en el aire su respaldo a un texto que rechazan ERC, Bildu, Junts y PDeCAT, mientras que Cs y PNV aún no se deciden.

Ella ya ha aprobado las oposiciones, pero ¿por qué no puede usar su mejor nota si ya ha superado la fase de oposición? Ella ha cumplido, los incumplidores han sido otros, los que han cometido fraude y abuso. ¿Por qué tiene que enfrentarse a procesos eliminatorios en los que su trayectoria podría dejar de tener valor?, ¿tan poco vale para la administración el esfuerzo, dedicación y todo el capital profesional acumulado por Marta?

Lo que podría ser una buena noticia, en realidad, no lo es, puesto que, según un análisis realizado por expertos juristas, lo aprobado por el Ejecutivo vulnera la literalidad de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En primer lugar, el Real Decreto omite toda referencia a la sentencia del TJUE de 19 de marzo en cuanto niega que los procesos de estabilización sean medidas sancionadoras ni de prevención del abuso laboral. Además, obvia toda referencia a que 20 días de indemnización no son una medida de prevención

Las administraciones públicas de Baleares (Govern, consells y ayuntamientos) deberán sacar a concurso-oposición las plazas que en estos momentos están ocupadas por interinos con el fin de atajar la temporalidad pública.En las Islas, esta medida afectará a cerca de 20.000 plazas públicas ocupadas por personal interino, según CCOO, aunque la Coordinadora de Interinos elevó la cifra en cerca de 30.000. Representan más del 30 % del total de trabajadores públicos de Balears. Desde el Govern, indicaron que las diferentes administraciones están calcul

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a dejar claro que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, no es conforme con el Derecho de la Unión Europea, ni con la propia jurisprudencia del TJUE. Los Magistrados del Tribunal Supremo se saltan la Ley. Hacen caso omiso de la primacía del Derecho de la Unión y también del Art. 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Con completa impunidad.

Función Pública asume la reivindicación sindical de compensar económicamente a los interinos que se queden fuera de la Administración y les ofrecerá integrarse.

El Tribunal Supremo ha acordado que un trabajador interino pasará automáticamente a ser indefinido no fijo cuando transcurran tres años de contrato sin que se haya resuelto el proceso de selección, en aplicación de la reciente doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).,En un fallo conocido este lunes del que todavía no se ha facilitado la sentencia, el alto tribunal explica que el cómputo de tal plazo no puede verse interrumpido por normas.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo reunida en pleno para examinar la incidencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de junio de 2021 en diversos recursos, ha decidido, por unanimidad, rectificar la aplicación que venía haciendo de su propia doctrina en relación a la duración del contrato de interinidad por vacante en el sector público.

El número de funcionarios y empleados públicos ha crecido con fuerza en los últimos años en España hasta alcanzar su cota más alta jamás registrada. Los empleados de las Administraciones Públicas suponen ya un 21,1% del total de la población ocupada, lo que se traduce en que uno de cada cinco trabajadores corresponde al ámbito público. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), a finales de marzo había cerca de 3,4 millones de asalariados públicos, récord histórico absoluto.

El Ministerio de Función Pública ha planteado realizar un concurso de méritos que no incluya examen para reconocer la experiencia y méritos de los interinos que están en situación fraudulenta al acumular más de 2 años con contrato temporal.

Critican la falta de convocatorias, los criterios dispares en las bolsas y la desigualdad de méritos a la que se enfrentan con el concurso oposición

"Auxiliadora Casas fundó y dirige la unidad de Rehabilitación del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE). Tras doce años, pide que el Ingesa le ofrezca la posibilidad de presentarse al examen para conseguir una plaza fija y establecerse en la ciudad". El Sindicato Médico vuelve a denunciar las condiciones de "precariedad" en la que se encuentran muchos profesionales que trabajan en la ciudad.

El sometimiento al imperio de la ley implica que los jueces no puedan sin más, no aplicar una norma cuando consideren, significa sometimiento al ordenamiento jurídico, significa sometimiento al derecho de la Unión Europea.

En síntesis, recuerden, el caso se refiere a una trabajadora interina por vacante de la Comunidad de Madrid que ha formalizado un contrato de interinidad desde 2003 a 2016 (y que ha sido prorrogado en 2008) y cuya relación laboral finaliza por la cobertura reglamentaria de la plaza. El objeto de esta entrada es sintetizar el contenido de esta importante resolución y aportar algunas reflexiones críticas a la misma

La adecuación de la interinidad por vacante en el empleo público a la Directiva 1999/70 está planteando una conflictividad extrema. De hecho, el próximo 3 de junio el TJUE resolverá 3 cuestiones prejudiciales sobre esta Directiva (dos de ellas formuladas desde nuestro país y, de estas, una por el TSJ de Madrid en relación a la interpretación del Tribunal Supremo del apartado 64 del caso Montero Mateos – véase en esta entrada del blog).

El Gobierno prevé una reforma de la temporalidad en el empleo público. Confilegal ha tenido acceso al primer borrador que Función Pública ha presentado a los sindicatos sobre la propuesta de reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para de reducir la temporalidad en las administraciones públicas. Esta reforma, según ha anunciado el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, pretende evitar el abuso y fraude de ley en la contratación temporal, mediante la trasposición de la Directiva Europea 1999/7.

La mujer, que había ocupado el cargo de conserje ininterrumpidamente desde 2007 hasta 2018 ―después de acceder a él por medio de una bolsa de empleo―, reclamaba que se reconociera su situación de empleada fija, pero “sin condición de funcionario de carrera”. Para que esto sea así, es necesario aprobar una oposición y obtener una plaza de la que se deriva esta consideración.

Hace meses, un juzgado de Alicante sacudió los cimientos del TREBEP con la creación, bajo un supuesto amparo de la jurisprudencia del TJUE, de la figura del “empleado fijo no funcionario de carrera”. Ahora el TSJ, estimando el recurso del Ayuntamiento de Alicante, ha revocado dicha sentencia

El sindicato considera que el nombramiento de vacantes en escuelas e institutos por parte de los directores vulnera la LOMLOE. Cataluña es la única comunidad autónoma donde los directores de un centro educativo pueden decidir el futuro de un interino. Aunque esta situación podría cambiar tras la aprobación de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE). CCOO ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al considerar que el procedimiento establecido por la Consejería de Educ

Sobre la exigida reducción de temporalidad pública a menos del 8%: va a ampliar los procesos de estabilización con las plazas temporales más de 3 años a 31/01/2020 y deberán publicarse todas las convocatorias de las OPEs de estabilización -existentes y las nuevas- antes de 31/12/2021 teniendo que finalizar antes de 31/12/2024.