Tras finalizar la operación militar, se precisará un gran tribunal que trate todos los crímenes de Kiev, y sobre todo, la masacre en la Casa de los Sindicatos, escribió la presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko. Desde el Kremlin calificaron la falta de castigo de los implicados de inaceptable y vergonzosa en la historia de Ucrania. De acuerdo con la funcionaria, también se valorará la inacción de las organizaciones internacionales, que tenían la obligación de forzar a Kiev a investigar la tragedia y castigar a los culpables.

El proyecto para construir una Ciudad de la Justicia que aglutinara cientos de juzgados y tribunales en Madrid fue una de las grandes promesas de Esperanza Aguirre en los nueve años que estuvo al frente de la Comunidad. Su ejecutivo promocionó con todos los medios a su alcance un diseño firmado por los mejores arquitectos del mundo con el que pretendía cambiar el paradigma europeo de la Justicia desde Valdebebas. Una década después la Audiencia Nacional juzga el boquete millonario de dinero público en el que se convirtió el proyecto con los pri

Primera: la superación de la figura del juez de instrucción en favor del fiscal investigador y el juez de garantías. Segunda: Regular el ejercicio de la acción popular. Tercera: Recuperar la responsabilidad civil de jueces y magistrados por sus propios actos. Cuarta: Transformar los juzgados en tribunales de instancia para que los jueces recién incorporados a la carrera lo hagan de forma colegiada dentro de las salas de justicia de las audiencias y tribunales.

El pasado fin de semana ingresó en prisión otro joven más, y ya son tres, de los cuatro condenados a casi 5 años de prisión por el Tribunal Supremo. “La condena a los 6 de Zaragoza se sostiene únicamente sobre la opinión policial” han insistido desde la Plataforma.

La extrema derecha, tanto la parlamentaria como la que no tiene acceso a las instituciones, lleva más de una década usando los tribunales como arma arrojadiza contra rivales políticos. Con querellas y denuncias con las que han intentado criminalizar desde declaraciones públicas de políticos hasta la tramitación de leyes, partidos como Vox y organizaciones como Manos Limpias han capitalizado acciones judiciales que, sin embargo, rara vez han sido siquiera admitidas a trámite. La estrategia comunicativa también es común:

La Fiscalía Provincial de Valencia insiste en que se reabra la investigación judicial por el incendio registrado el pasado 22 de febrero en un edificio de la zona de Campanar que se saldó con 10 víctimas mortales, entre ellas dos menores de tres años y un bebé de días, y 138 viviendas destruidas, al considerar que el sobreseimiento se ha adoptado "sin explicación alguna".

Según ha conocido la SER, un juzgado le impone una multa de casi 27.000 euros que deberá abonar a sus hijos.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, fueron citados a comparecer el próximo 17 de mayo ante el Tribunal de Primera Instancia de Lieja (Bélgica) en relación con el llamado caso 'Pfizergate', que investiga la falta de transparencia en la firma de contratos por miles de millones de dólares con esta farmacéutica para la compra de cantidades excesivas de vacunas contra el covid-19. Contratos que, según se denunció en 2021, fueron negociados por Von der Leyen con Bourla...

La Corte de Casación afirma que en el proceso judicial se vulneraron tanto el principio del bien superior de los menores, como varios convenios internacionales firmados por Italia.

Esta última no es la primera vez que Peinado abre diligencias por una denuncia de Manos Limpias, ya que en 2015 fue el que llevó la causa contra los concejales madrileños Pablo Soto (Ahora Madrid) y Guillermo Zapata (Podemos) por unos tuits ofensivos contra otros políticos, como el exalcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón.

El pasado lunes se hacía publica la sentencia judicial que condena por delitos de injurias a Raquel Rodríguez , la vecina del barrio de Río San Pedro, en Puerto Real (Cádiz) que el pasado 2021 se enfrentaba a las tanquetas enviadas por el Estado español ante las movilizaciones de los trabajadores del metal de la zona. La vecina y trabajadora de Puerto Real ha sido condenada por el Juzgado de lo Penal de Cádiz a pagar más de 5.000 euros al ser acusada de delitos de injurias.

El exconsejero madrileño ha negado en el juicio sobre su gestión de Campus de la Justicia que cometiera irregularidades en la adjudicación de contratos, asegurando que "no firmó nada que no tenía que firmar".

El Partido Popular (PP) ha arremetido este lunes contra el Tribunal de Cuentas en el marco de la comisión de investigación por los contratos durante la pandemia. Ante las críticas vertidas por los miembros populares hacia Enriqueta Chicano, presidenta del organismo, esta ha defendido que “las deficiencias” detectadas en la compra de material sanitario se recogieron en los informes del organismo, que los aprobó en su pleno después de un periodo de observaciones.

El Tribunal Supremo da la razón a un matrimonio asturiano que reclamó la nulidad de su hipoteca (formalizada en yenes japoneses) con Bankinter, condenada a restituir el perjuicio económico ocasionado por aplicación de la cláusula multidivisa, que asciende a 30.000 euros. La plataforma reclamador.es lleva el caso, puntualiza que ninguno de los prestatarios, bombero y administrativa, tenía «experiencia ni conocimientos ni cualificación necesaria» en el objeto de negocio. No se les informó del riesgo añadido por cambios de cotización de divisas.

La organización se pregunta cómo el ejecutivo madrileño puede justificar su actuación “a través de la urgencia” cuando “llevan dando vueltas sucesivos gobiernos regionales desde hace 20 años”