Una de las funciones del Estado es ayudar a los vulnerables. De hecho, quizá sea su función principal. Para ello cobra impuestos que luego redistribuye, ya sea en forma de rentas (pensiones, por ejemplo) o en servicios (medicina y educación gratuitas, etc.). Sin embargo existen muchas ocasiones, en especial en España, donde el Estado no está ayudando realmente a los vulnerables. No tiene mecanismos, la capacidad o, en algunas ocasiones, la voluntad. Y en su lugar ponen normativas y deja que sean las manos privadas las que paguen el pato.

Hace ahora veinte años, China entró en la Organización Mundial de Comercio. Desde la Fundación Disenso consideran que la decisión de integrar al gigante asiático en dicha institución multilateral fue "un proceso exitoso para Pekín y una estrategia fallida para Occidente", puesto que "en vez de generarse un proceso de suma positiva en el que China fuese adoptando reformas aperturistas", lo sucedido ha sido todo lo contrario.

La banda de punk rock alavesa La Polla Records ha sido sancionada por el Gobierno Vasco con multas que suman los 6.000 euros por incumplir las normas sanitarias de prevención de la covid-19 en dos conciertos que celebró en Vitoria los días 17 y 18 del pasado mes de diciembre.

La organización de los conciertos del 17 y 18 de diciembre de 2021 en el Pabellón Buesa Arena de Gasteiz ha sido sancionada por dos infracciones graves en grado menor.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en su página web la modificación de la normativa que regula las condiciones de contratación en el sector lácteo, que a partir de este miércoles, 12 de enero, inicia el proceso de audiencia e información pública. La iniciativa tiene por objeto facilitar que los contratos de compra-venta de leche cruda entre la industria y los productores se ajusten con rapidez a los incrementos en los costes de producción que de manera sostenida se vienen produciendo en los últimos meses.

A pesar de que en 2020 entró en vigor un máximo de emisiones más permisivo, tampoco se cumplió, principalmente por "el incremento de la cabaña ganadera", según reconoce un informe del Ministerio de Transición Ecológica. Estos datos sobre el incumplimiento sostenido de España llegan mientras el PP hace de la producción cárnica el ariete de su precampaña electoral en Castilla y León, al aprovechar la tergiversación de unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las diferencias entre la ganadería intensiva de macrogranjas y l

La Agencia del Alquiler de Barcelona ha empezado a emitir multas a aquellos ciudadanos que no establezcan el precio del alquiler de sus viviendas dentro de lo que rige la normativa. En septiembre de 2020, el Parlament de Catalunya aprobó una normativa que hacía posible que los ayuntamientos de 61 municipios, entre los cuales se encontraba Barcelona, pudieran regular y limitar los precios de los alquileres de los pisos. No fue hasta un año más tarde, sin embargo, cuando Barcelona decidió regularlos y decidió que el precio de referencia...

La mayoría de sus estaciones registraron mayores concentraciones de polución por este contaminante en un año que empezó con poca movilidad por la pandemia y acabó con más atascos. Es la única ciudad española que vulnera la legislación europea en calidad del aire, denuncia Ecologistas en Acción

El gobierno de Hong Kong dijo el jueves (30 de diciembre) que establecerá un requisito de tamaño mínimo de 26 metros cuadrados, equivalente a dos espacios, para cada casa que se construirá en el terreno de las próximas ventas. Los funcionarios chinos también han expresado su preocupación por las condiciones de hacinamiento de algunos espacios habitables, en particular los pisos subdivididos y las "casas jaula": cabañas de malla de alambre apiladas unas encima de otras.

La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) ha iniciado los trámites para reclamar formalmente a Venezuela 138 millones de euros (unos 155 millones de dólares) de indemnización por incumplir un contrato adjudicado para modernizar una línea del metro de Caracas.

Algunos de los mayores grupos energéticos de nuestro país han llamado a la puerta de grandes despachos de abogados para encontrar nuevas fórmulas que les permitan flexibilizar los contratos a precio fijo. Es decir, encontrar un resquicio legal que impida que estas compañías se pillen los dedos con acuerdos de venta a plazo, en previsión a que el Gobierno acometa nuevos giros normativos

Los nombramientos no se ajustarían a lo que establece la ley LO 3/18 ni a lo que marca el estatuto de la autoridad de control, cuya labor es velar por el correcto tratamiento de los datos de los españoles. Un asunto que puede acabar en el Tribunal Supremo.

Una de las características del siglo XXI fue el avance en materia de derecho animal. Las distintas conquistas legales lograron terminar con situaciones de maltrato que hasta hace poco estaban naturalizadas. Los animales comenzaron a percibirse como sujetos de derecho, seres sintientes y hasta personas no humanas. A pesar de estos logros, en la Argentina convivimos con resabios del pasado que nos remontan a épocas de sangre y crueldad. Es que gracias a una ley de la dictadura todavía está permitida la caza deportiva de animales cuyas cabezas...

Esta afirmación es repetida por palmeros y palmeras que viven en la costa oeste de la Isla, que reclaman desde años la obra. El propio alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, explica que esa carretera es competencia del Gobierno de Canarias y "la llevan anunciando desde hace 25 años", sobre todo en periodo electoral, pero nunca se hace realidad.

La semana de 'Barra libre' comienza con una información de Alejandra Olcese sobre las reformas clave pendientes de España y que reclama Bruselas, como la del mercado laboral o la de las pensiones. Las normas de reparto de los fondos europeos estipulan que se podrán congelar para los países que no cumplan con la contrapartida pero sin especificar el tamaño de la penalización para no incentivar los incumplimientos.

La Comisión Europea ha aprobado la modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida DOP Cava que solicitó su Consejo Regulador, según ha publicado este martes, 14 de septiembre, el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Las modificaciones normativas se centran en nuevas condiciones en la elaboración, registro y presentación de los cavas de «Guarda Superior», el tiempo de crianza de los «Reserva», las delimitaciones y etiquetado de las «unidades geográficas menores de zonas, subzonas y paraje calificado»,

FACUA ha presentado una batería de denuncias ante el Ministerio de Consumo y diferentes autoridades de protección al consumidor autonómicas.

La normativa europea sobre el derecho a reparar aparatos electrónicos sigue siendo “muy limitada”, advierte la responsable de residuos de Amigos de la Tierra, para quien la reparación “es un derecho universal” que debería contar con mayores garantías. Considera que a día de hoy no se garantiza ese derecho porque la actual normativa no cubre los móviles y los portátiles, y se centra sobre todo en “el tema de lavadoras y grandes electrodomésticos”.

La sentencia, que se ha conocido este jueves 2 de septiembre, va en la línea con una anterior de septiembre de 2020 donde el alto tribunal europeo también se pronunciaba sobre un servicio similar ofrecido por Telenor en Hungría. Del nuevo fallo del alto tribunal europeo se deriva también que las limitaciones del ancho de banda, del anclaje a red o del uso en itinerancia, debido a la activación de una opción de este tipo, son también incompatibles con el derecho de la UE en lo que respecta a la normativa de roaming.

La suspensión cautelar de licencias a los parques eólicos y solares, en un período que puede extenderse entre cuatro meses y dos años, avivará «un lío jurídico», avisa el PSOE al grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura. En el último pleno insular, el pacto CC-PP-AMF dio su verde a la elaboración de un plan especial de regulación de los proyectos energéticos renovables y que conlleva esta suspensión de permisos, lo que generará, a entender socialista, otros problemas mucho mayores: «la inseguridad jurídica y ahuyentar inversiones».

El juzgado de lo contencioso-administrativo 3 de León ha condenado a la subdelegación del Gobierno en esta provincia a devolver los 300 euros que multa que un ciudadano pagó al incumplir la prohibición de desplazamiento impuesta durante el estado de alarma basándose exclusivamente en la declaración de inconstitucionalidad de esta medida. El fallo impone las costas procesales a la Administración demandada, al considerar que fue parte en el proceso de declaración de inconstitucionalidad.