Tras el primer desempate, la mesa de contratación debía resolver un segundo empate entre dos empresas (Maxim Invest y la UTE DLA-MISD), ya que ambas acreditaron tener el “100% de trabajadores fijos con discapacidad”, según se recoge en las actas del contrato de Defensa (pág. 21). Las otras tres empresas reconocieron tener un porcentaje inferior al 8% de empleados con discapacidad.

La magistrada tumba la reclamación de la compañía que impuso unilateralmente la cantidad

Nunca ha habido tantas personas con más de un empleo en España. A cierre de 2023 alcanzaron las 593.500, un 14% más que un año antes. según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). La mayoría, ocho de cada diez, son asalariados que compaginan su puesto con un trabajo secundario y por primera vez superan la cota del medio millón. En el último año, 72.600 trabajadores se han incorporado a las listas del pluriempleo. 71.400 lo hicieron desde un empleo por cuenta ajena mientras que los otros 1.200 eran autónomos

Dados los múltiples casos civiles y penales contra Trump en el último año, la montaña de proyectos de ley legales no es necesariamente una sorpresa. En agosto del año pasado, Save America reveló que había quemado la mayor parte de su dinero en efectivo en las defensas legales de Trump y sus asociados. El Times informó en ese momento que Save America había solicitado un reembolso de 60 millones de dólares a otro grupo afiliado a Trump para mantenerse a flote.

Roberto Macías era administrativo en UGT Andalucía. Mexicano, vino a España en 2004. Cuenta que UGT aplicó un ERE "con la misma reforma laboral por la que convocaron una huelga general". Se veía en la calle. Robó un USB con la contabilidad que ha desembocado en el caso de facturas falsas que se enjuicia desde este lunes, por el que el sindicato está acusado de un desvío de 40 millones. Solo hay un condenado : el propio Macías, por filtrar la documentación a la prensa. "Estoy señalado, no puedo trabajar, solo tengo una ayuda de 369 euros"

Aena gastará 4,5 millones de euros (más IVA) para el mantenimiento de las instalaciones de baja tensión del aeropuerto de Barcelona-El Prat durante los próximos tres años. El servicio “para la operación y mantenimiento” del sistema de aislamiento térmico exterior del aeropuerto de Alicante-Elche tendrá un coste de 6,5 millones de euros para las arcas de la compañía durante el próximo trienio. La actualización del hardware y del software de la base de datos de ese mismo aeropuerto, casi un millón de euros. Son los tres principales contratos...

Las facturas tendrán que incluir un código QR para que el cliente pueda, si así lo desea, proporcionar información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Desde la Agencia Tributaria, y a través de su sede electrónica, facilitarán una ruta de la información que precise. Este gesto será de gran ayuda para la lucha contra el fraude porque una factura al entregarse a un cliente, si luego no aparece para Hacienda, podría suponer un serio problema para el negocio o el autónomo.

El déficit tarifario arrastrado por el antiguo desfase entre ingresos y costes reconocidos del sistema eléctrico, que llegó a rondar los 30.000 millones, no estará totalmente saldado hasta 2028. El pasado ejercicio, tras el pago de otros 231,8 millones solo en intereses, la deuda acumulada bajó de 10.000 millones por primera vez en muchos años. Se redujo un 21,5% respecto a 2022, hasta esos 7.866 millones. Cuando desaparezca del todo, supondrá aliviar la factura en más de 2.000 millones cada año.

Una nueva macrocausa que llega a juicio con un importante retraso de más de una década. La Audiencia de Sevilla tiene previsto iniciar este lunes, 29 de enero, el juicio por el escándalo de las facturas falsas del sindicato UGT-A, que sienta en el banquillo de los acusados a la ex cúpula de la organización sindical en Andalucía y en el que el sindicato está citado como responsable civil subsidiario por la totalidad de las cuantías supuestamente defraudadas: más de 40 millones de euros, en concreto 40.750,047,74 euros.

La RESCOP (Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina) ha criticado este jueves, en su perfil de la red social X, la adjudicación de ese contrato y ha denunciado que el Gobierno de Sánchez está “intentando lavar su imagen” cuando dice que ha “bloqueado” la venta de armas al Estado sionista de Israel, así como “tergiversando el concepto de embargo”. “Un embargo es una decisión del Gobierno” que equivale a “una sanción formal”, no a “posponer una exportación hasta cuando sea más conveniente mediáticamente”, ha advertido la Red Solidaria, que

La Xunta repartió, desde las semanas previas a la convocatoria de elecciones y al margen de los planes de medios, un mínimo de 711.457 euros a medios de comunicación afines. Son datos obtenidos por El Salto tras hallar los contratos menores de cada Consellería, Secretarías Xerais y organismos públicos del Gobierno gallego. En poco más de mes y medio, fueron contraídos un mínimo de 105 contratos con cuantías que oscilan entre los 850 y los 18.000 euros.

Cinco sentencias dictadas en 2023 por el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) han aumentado en 40 millones la ya abultada factura que la privatización de hospitales emprendida por Esperanza Aguirre pasa año tras año al Ejecutivo madrileño. Planteadas por distintas filiales de Quirón, la más antigua y cara de las cinco reclamaciones –30,3 millones– llegó a los tribunales en 2020. El resto de las cantidades que el tribunal madrileño ordena abonar por atrasos –10 millones en números redondos– se corresponden con recursos formulados en 2021.

Un portavoz de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid afirma que el Gobierno autonómico “valorará” la posibilidad de llegar a “un acuerdo extrajudicial” tras la suspensión del procedimiento, cuya petición atribuyen a Encasa Cibeles. En todo caso, admiten que el plazo de suspensión “se entiende prorrogado salvo que alguna de las partes comunique al juzgado su deseo de continuar con el procedimiento por falta de acuerdo entre ambas”. Y eso algo que, por el momento, no ha sucedido. Encasa Cibeles declinó hacer declaraciones.

A veces la irregularidad es ínfima, como superar en un céntimo la barrera para dar contratos a dedo, pero en otras veces es relevante, como en 11 contratos donde ese límite se superó ampliamente. Otra de las irregularidades más frecuentes es prorrogar contratos menores año tras año, algo en lo que han caído frecuentemente entidades como la CRTVG o el Consorcio de Servizos Sociais.

Más allá de la cuestión del contenido, -calificado por la formación como "cutre", "un sarpullido"-, también por la falta de elementos valencianos. Ahora van hacia la vertiente económica. Un clásico que se vive ahora con los papeles cambiados. La formación naranja presentará en la Agencia Antifraude "porque no queremos hacer el mismo camino que otros" en alusión a las querellas presentadas en su momento por el PP lo que consideran no ya un inflado de precios, sino "un proceso amañado".

El Gobierno andaluz, presidido por el popular Juanma Moreno, acumula 2.057,95 millones de euros en facturas en el cajón, según refleja el último informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que fiscaliza la cuenta general de la Junta correspondiente a 2022. La cifra se acerca, peligrosamente, al pico más alto registrado en la historia reciente de la autonomía, que fue en 2011, durante la etapa del socialista José Antonio Griñán como presidente de la Junta. Entonces, había 2.069 millones en facturas en el cajón.

Las denuncias de corrupción y posibles fraudes en la contratación pública crecieron en 2022 un 19% y marcaron un nuevo récord, el cuarto consecutivo, con 187 comunicaciones de este tipo, según los datos que ha recopilado la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), encargada de velar por el buen funcionamiento de la contratación pública en España. Esas 187 denuncias equivalen a una media de una comunicación de este tipo cada dos días.

A lo largo de 2023, el mercado laboral español ha seguido dando sorprendentes señales de 'sobrecalentamiento' que parecen incompatibles con un país que mantiene la mayor tasa de paro de la Unión Europea. Una de las más llamativas son las dimisiones, que han superado, por primera vez en la serie histórica, el promedio de las 11.000 diarias. De ellas, un 75% corresponden a trabajadores con contratos indefinidos. Estos asalariados aportan 8.400 renuncias de media, cifra que supera en un 26% las anotadas en 2022 y en un 194% que las que se registra

La entrada en vigor del nuevo sistema para calcular el precio en el mercado regulado de la luz deja en el aire si este producto seguirá siendo más barato y rentable que los contratos de electricidad del mercado libre. Además, sube, el IVA.