“¿Esto se puede hacer?”, se preguntaba un sorprendido vecino de Toledo este sábado al ver cómo un hombre, en plena Plaza de Zocodover, en el centro del Casco Histórico, comenzaba a lanzar proclamas antiabortistas utilizando el megáfono de un coche patrulla de la Policía Local de la ciudad.

La Marcha Mundial das Mulleres convoca manifestaciones en defensa del derecho al aborto en seis ciudades y una villa de Galicia. Las activistas argumentan que "las políticas de la Xunta están en contra de la salud de las mujeres". Es más, aseguran que en algunos casos la Consellería de Sanidade está tolerando -por acción u omisión- el doble juego de algunos médicos, que se declaran objetores de conciencia en la sanidad pública para después sacarse un extra practicando abortos en clínicas privadas.

Más de un año después de que la Corte Suprema de EE.UU. anuló Roe contra Wade, activistas mexicanos ven más mujeres estadounidenses cruzando la frontera para solicitar abortos. Estuvo penado en México y gran parte de América Latina por décadas, mientras que en EE.UU. el fallo Roe contra Wade de 1973 lo estableció como derecho constitucional. Hoy, la Corte Suprema de México lo despenalizó en todo el país, pero más de 20 estados estadounidenses lo prohíben o restringen después de las 18 semanas, y 14 lo prohíben en casi todas las circunstancias.

El principal lobby ultraconservador del país busca empleados. Hazte Oír quiere mantener el ritmo de campañas contra el colectivo LGTBI, el independentismo o la memoria histórica, y para ello ofrece un puesto de activista a sueldo en Madrid. Los interesados deberán manifestar de antemano su posición sobre el aborto, otro de los grandes frentes de batalla de este grupo de presión.

El Gobierno de Polonia está persiguiendo a personas por supuestas actividades relacionadas con el aborto, intensificando un clima de miedo que aumenta los riesgos para las mujeres y las niñas, señaló hoy Human Rights Watch. Desde la casi prohibición del aborto legal en 2020, los funcionarios polacos han abierto cada vez más investigaciones sobre bases legales cuestionables contra mujeres y niñas que buscan atención médica por abortos espontáneos o después de abortos legales con medicamentos, así como contra médicos.

Señalan que la objeción de conciencia del personal sanitario no puede ser motivo para que en la red pública no se cuente con personal suficiente para garantizar las intervenciones. "Una buena forma de paliar este problema sería destinar los recursos de los convenios con la privada a aumentar los recursos públicos". La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho que tiene que poder ejercerse con garantías de salud integral para las mujeres y no concebirse como un negocio para las clínicas privadas.

Mientras la despenalización del aborto ganaba terreno en México, en Estados Unidos pasaba lo contrario, poniéndole fin a casi cincuenta años de derecho al aborto, tras la anulación del caso Roe contra Wade. Desde entonces, activistas de asociaciones como Las Libres y Necesito Abortar han ayudado a personas del lado estadounidense a obtener píldoras abortivas, especialmente a las poblaciones migrantes vulnerables a las que se les ha impedido el acceso.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusa a los activistas provida de violar la Ley FACE (Libertad de Acceso a los Establecimientos Sanitarios). Otros cuatro acusados de cargos federales por una protesta de “acción de rescate” celebrada en octubre de 2020 en una clínica abortista de Washington, D.C., comenzarán a ser juzgados esta semana. Jonathan Darnel -uno de los nueve acusados que figuran en el acta de imputación de 2022 en la que se acusa a los manifestantes de un delito grave de conspiración contra los derechos

El fiscal general republicano de Alabama dijo en un expediente judicial que tiene derecho a procesar a las personas que hacen arreglos de viaje para que mujeres embarazadas se sometan a abortos . En un expediente judicial presentado el lunes , los abogados del fiscal general Steve Marshall escribieron que proporcionar transporte a las mujeres en Alabama para que abandonen el estado para abortar podría equivaler a una “conspiración criminal”.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha sacado a licitación, por un valor estimado de casi 1,4 millones de euros durante tres años --prorrogables a cinco, lo que supondría un incremento del presupuesto--, la práctica de interrupciones voluntarias de embarazos de menos de 14 semanas de gestación y sin riesgo.

Para evitar que la policía dedique demasiado tiempo a perseguir a las chicas de las cámaras web (y a veces a extorsionarlas) en lugar de buscar a delincuentes más graves, los legisladores ucranianos quieren despenalizar la pornografía. Según la actual legislación ucraniana, en teoría se puede ir a la cárcel hasta tres años no sólo por importar, producir, distribuir o almacenar pornografía, sino incluso por enviar o recibir fotos de desnudos.

El Parlamento de Portugal ha aprobado una modificación de la ley de drogas que extiende la despenalización de las drogas que se aprobó en el país en el 2021. La modificación anula la distinción automática entre consumidores de drogas y traficantes que se aplicaba hasta ahora teniendo en cuenta únicamente la cantidad de droga intervenida. A partir de ahora, si la policía sorprende a un ciudadano portando el equivalente a más de 10 dosis de una sustancia ilegal no se le aplicará un cargo por tráfico de drogas de forma automática.

También es productor de la polémica película Sound of Freedom (2023), la cual se basa en una historia real sobre una investigación de tráfico sexual. Paradójicamente, uno de los inversores, Fabian Marta, fue detenido a principios de agosto por secuestro de menores. Una de las causas que más lo ocupan es la defensa de la vida, traducida en una campaña contra el aborto. Tras el sismo de magnitud 7.1 registrado el 7 de septiembre de 2021, el actor declaró que México había llorado y temblado por “sus hijas e hijos que no nacerán”.

En julio una niña peruana de 11 años se enteró de que llevaba trece semanas de gestación. Su padrastro, Lucas Pezo Amaringo, de 43 años, había abusado sexualmente de ella de forma sistemática desde poco antes de que empezara la primaria. Mila —un nombre ficticio para proteger su identidad— ya le había contado de las agresiones sexuales a su madre, otra víctima de Pezo que nunca había denunciado las vejaciones por temor a las represalias. Pero esta vez, ante el horror de la violación, fue junto a Mila a una comisaría de Iquitos, la capital de la