Señalan que la objeción de conciencia del personal sanitario no puede ser motivo para que en la red pública no se cuente con personal suficiente para garantizar las intervenciones. "Una buena forma de paliar este problema sería destinar los recursos de los convenios con la privada a aumentar los recursos públicos". La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho que tiene que poder ejercerse con garantías de salud integral para las mujeres y no concebirse como un negocio para las clínicas privadas.
|
etiquetas: xunta , aborto , sanidad privada 
