El Defensor ha denunciado que la mayoría de estos trabajadores carecen de un “adecuado acceso a la atención sanitaria, lo que resulta particularmente alarmante dado el riesgo que supone la transmisión de la COVID 19; de una correcta protección y seguridad básicas en su trabajo y, además, se ven abocados a vivir en asentamientos hacinados y carentes de servicios básicos como energía eléctrica, agua e higiene”.

La Síndica de Greuges de Lleida, presentó una queja contra la Generalitat de Cataluña después de decretar el confinamiento perimetral de la comarca, no el confinamiento domiciliario que Quim Torra quiere imponer por medio de un decreto ley. Reprochó que la limitación de circulación debería haberse aplicado tras otra medidas y siempre fundamentada en el Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña (PROCICAT), que se activa cuando hay riesgo de «colapso del sistema sanitario» entre más de 700 habitantes por cada 100.000.

Pide a Hacienda que estudie la posibilidad de reducir el IVA de mascarillas o incluso eliminarlos, mientras sean de uso obligatorio. También pide una reducción para los geles hidroalcohólicos. En un escrito dirigido de oficio a la Secretaría de Estado de Hacienda, recuerda que el Ejecutivo, a través de una Orden Ministerial, ha obligado a los ciudadanos a utilizar mascarillas durante la situación de crisis sanitaria y a seguir las recomendaciones de las autoridades relativas a la higiene de manos. Mascarillas y geles están gravados con un 21%.

El Defensor del Pueblo denuncia que las aerolíneas siguen negándose a reembolsar los billetes cancelados. En una carta dirigida al Gobierno, ha asegurado que las compañías aéreas "han configurado sus páginas web de tal manera que es imposible ejercitar la devolución del dinero".

Las asociaciones militares Asfaspro, AUME, ATME y UMT han presentado una queja al Defensor del Pueblo para instar al Gobierno a actualizar las "paupérrimas" retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, que están en una "deshonrosa situación profesional" en comparación con policías o guardias civiles.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha afirmado este lunes en el Congreso que se necesitan "reformas normativas de calado y una revisión profunda del modelo residencial" para garantizar a los mayores el ejercicio de sus derechos. "Tenemos que prestar una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora en los centros residenciales para poder hacer frente a los retos actuales y futuros".

La Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha rechazado la recomendación del Defensor del Pueblo de sustituir el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) por el euríbor u otro índice oficial en viviendas de protección oficial (VPO) porque ningún tribunal ha obligado a ello. En su respuesta al Defensor, el Gobierno esgrime que en su sentencia del pasado 3 de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La presidenta de la asociación, Carmen Flores, ha remitido una carta a la Fiscal Jefe solicitando que investigue las causas del contagio en el centro geriátrico

La plataforma Salvemos Valdevaqueros se moviliza para "parar otra vez" un proyecto urbanístico y no volver a la "dependencia del ladrillo", según denuncian, con la connivencia de la Junta en sus nuevas normativas.

Ellas, según el Defensor del Pueblo, "en muchas ocasiones" denuncian "sentirse solas, cuestionadas, no escuchadas y abandonadas por los poderes públicos". En este contexto, la institución ha realizado en 2019 actuaciones de supervisión en todas las fases del sistema: en la de detección y emergencia; en la de enjuiciamiento y persecución penal; así como en la fase de integración social de las víctimas. Según datos oficiales, el año pasado fueron asesinadas 55 mujeres y tres menores de edad.

El Defensor del Pueblo, en su informe de 2019, ha situado a los gobiernos autonómicos de Cataluña, Andalucía, Canarias, Galicia, Murcia y Melilla como "administraciones entorpecedoras" de su labor en 2019. En total 117 entidades generales, autonómicas y locales no han contestado a esta institución tras el tercer requerimiento de información.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a presentar una querella contra la presidenta de la Asociación El Defensor de El Paciente, Carmen Flores, por calumnias y difamación al acusarla de homicidio imprudente por presuntamente «ordenar que los hospitales madrileños no aceptaran ancianos procedentes de residencias durante la crisis del Covid-19».

El organismo de control de la banca de la Unión Europea debería haber impedido a su director ejecutivo que se convirtiera en el líder de un grupo de presión bancario, dijo el lunes el Defensor del Pueblo Europeo. La salida del director ejecutivo de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), Adam Farkas, para dirigir la Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME), dio lugar a acusaciones de “puerta giratoria” por parte de los legisladores de la UE.

"Contactamos de nuevo ante el 'genocidio' que está ocurriendo con los ancianos en España y, muy especialmente, en la Comunidad de Madrid", comienza la presidenta de la organización, Carmen Flores, en una carta dirigida a Pablo Iglesias. Además, señala que el coronavirus ha demostrado la "inacción" y "dejación" de funciones en materia de protección. "Como gobierno, deben conocer y evitar este dislate", manifiesta, para después añadir que si no actúa "es tan responsable como los que están gestionando las casas de los horrores".

La Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos ha puesto una demanda administrativa contra la Consejería de Educación de Madrid por dar a los 11.500 alumnos que tienen Renta Mínima de Inserción (RMI) menús elaborados por Telepizza y Rodilla. La federación se basa en un informe elaborado y firmado por la nutricionista y dietista Paloma Gladiné Martín y 16 compañeros más que analizan la calidad nutricional de los menús. La FAPA también ha enviado una queja al Defensor del Pueblo.

El Ministerio del Interior informó este viernes que las fuerzas de seguridad dictaron solo el jueves hasta 9.497 nuevas propuestas de sanción, que se suman a las más de 600.000 emitidas desde la declaración del estado de alarma. Esta ingente cantidad de multas ha provocado que surjan voces —como la Abogacía del Estado— que hablan de un uso excesivo de este recurso. El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación sobre si se está actuando de forma “correcta y proporcional”.

El Defensor del Paciente ha denunciado ante la Audiencia Nacional a las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León y Cataluña por ser las regiones en las que se han registrado un mayor número de ancianos fallecidos por coronavirus en residencias.

El Defensor del Paciente ha elaborado un decálogo con los supuestos en los que puedes exigir responsabilidades penales, civiles o patrimoniales.

La organización Plena inclusión recibe a diario quejas de personas que son víctima de “un hecho incívico e intolerante inhumano” y recuerda que la norma permite determinadas salidas, entre ellas a personas con trastornos del espectro autista. Colectivos rechazan la polémica propuesta, difundida por redes sociales, de que estas personas vayan marcadas con un pañuelo azul.

La Red Feminista de Albacete hace una valoración “muy positiva” y recibe con “mucha alegría” el escrito del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, recomendando a la Dirección General de la Policía que garantice la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, ya que este les da la razón después de tantos años de denunciar y poner el foco de atención “en este problema que tenemos en Albacete y en otras capitales”. En 2016 desde esta Red denunciaron el acoso de un colectivo anti elección,

Al conocerse la noticia de la "aceptación de responsabilidad" de Plácido Domingo, muchas personas han recordado que varios medios de comunicación, políticos y artistas pusieron en duda a las víctimas antes de que la investigación se llevase a cabo.

El veto sobre Carmena es cruzado, reiteran miembros de PSOE y Podemos. Por un lado, atañe a la dificultad para la exregidora de alcanzar los 210 votos en el Congreso necesarios para convertirse en Defensora del Pueblo. Y por el otro por la reticencia del propio Iglesias, que no olvida el papel desempeñado por la exalcaldesa en la "conjura de las empanadillas" de finales de 2018 y el golpe de Íñigo Errejón de enero. “A Carmena, ni agua”, rematan fuentes del partido morado.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, reclama para ellos un sistema específico de seguimiento integral al margen del que ya existe para las mujeres. Pide que integre las actuaciones de las distintas administraciones que les atienden, desde la policía a los servicios sociales de comunidades autónomas o ayuntamientos. También pide revisar la custodia o permitir el empadronamiento de las mujeres y los niños en los lugares a los que se trasladan para protegerse aunque no den una dirección por motivos de seguridad.

Ha denunciado este martes a través de un comunicado las "amenazas explícitas o soterradas" a representantes municipales que se han mostrado partidarios de la autonomía leonesa.