Científicos españoles se han quedado sin financiación pública para sus proyectos por un defecto de forma tan absurdo en sus solicitudes como el tamaño de un pie de foto. La situación, ya surrealista de por sí, se volvió esperpéntica poco después de notificarse dicho defecto: subsanado el error, la Agencia Estatal de Investigación alude la ausencia de una supuesta firma en los nuevos documentos que los directivos y representantes de los centros pertinentes niegan haber omitido.

En los últimos años, han sido comunes las críticas al ‘infierno burocrático’ al que se enfrentan las pymes en España. El propio presidente del Partido Popular, Pablo Casado, llevó el tema a la campaña electoral al prometer su “autopista administrativa” para que “no sea la sociedad quien se adapte al Estado, sino que el Estado debe adaptarse a la sociedad”. También el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció un plan de simplificación regulatoria para atraer pymes internacionales a España. La realidad que muestra la OCDE es muy diferente

Francesco Torromacco, napolitano de 35 años, fue “durante mucho tiempo” el guardaespaldas de Eros Ramazzoti. Pero ahora busca trabajo en Torremolinos porque en Italia “la mentalidad es muy cerrada y yo soy una persona libre”, dice. Lo mismo puede ser camarero que vigilante, asegura, porque sabe hacer “muchas cosas”. Pero de lo que está seguro es de que “para no hacer nada, prefiero estar en España”.

Vídeo en que se se muestra a Antonio Maestre preguntándole al rector Javier Ramos cómo pudo Cifuentes siquiera examinarse del TFM, y que se lo permitiera el sistema, si las notas habían sido mal transcritas informáticamente. La cuestión, absolutamente clave para que la versión de la URJC sea sólida o posea coherencia interna, se queda sin respuesta.

Al principio fue bien recibido. A diferencia del Ejército iraquí, brutal y corrupto, eran educados. Vigilaban los edificios públicos para evitar saqueos y desmantelaron los bloques de hormigón que asfixiaban el tráfico de la ciudad. “Durante una década, les dimos un porcentaje por cada contrato”. El 8%. Decidían quién iba a ganar el concurso público y quién iba a ser nombrado para un cargo. Nadie se atrevía a no seguir sus órdenes. Los que se negaban a obedecer, eran secuestrados. Estaban infiltrados en todas las instituciones del gobierno".