Un juez de Pamplona ha dictado la primera sentencia en España sobre los requisitos para la validez como prueba de las grabaciones de videovigilancia en el control empresarial de la actividad de los trabajadores

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha recurrido en casación la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra contra los cinco integrantes de La Manada por entender que deberían ser condenados a 18 años por delitos de agresión sexual y no a los 9 que se les impusieron por un abuso sexual con prevalimiento.

La apelación se opone a tres argumentos de la sentencia: el que señala que no ha quedado demostrada la entrega de las estatuas al Ayuntamiento, el relacionado a la identificación de las piezas y el que apela a la 'usucapión' para determinar que las figuras pertenecen a los Franco por el tiempo transcurrido desde que están en su posesión. Los bienes integrantes del Patrimonio histórico artístico nacional son imprescriptibles e inalienables,no se pueden comprar ni vender ni se pueden poseer por particulares a efectos de adquisición de la propied

Desde un punto de vista histórico, ha relatado Fernández Prieto esta sentencia "contiene un relato del pasado,en donde no se identifican las condiciones de una dictadura y las circunstancias políticas especiales". Asimismo es necesario que “cuando se habla de algo del pasado hay que contextualizarlo y no solo tener en cuenta la ley actual,sino el cambio de la misma,es decir,la Constitución"; menciona las leyes "pero está juzgando algo que tuvo lugar en el pasado,sin entender lo que ocurrió y sin utilizar los mecanismos intelectuales para compre

El tribunal asume los argumentos de la primera condena, que estableció una indemnización de 40.000 euros para el extorero por un cartel satírico. La sentencia dice que el cartel "es una verdadera ofensa gráfica" que utiliza sin permiso la imagen de Ortega Cano. El fallo anterior señaló que el cartel no empleaba "la imagen para provocar exclusivamente la burla sobre su persona"

El Ministerio de Trabajo justifica la denegación de las tarjetas sanitarias a los padres extranjeros de ciudadanos españoles afirmando que "la ley es la ley". Sin embargo,durante el Gobierno del PSOE,la Seguridad Social ha recurrido ante el Supremo al menos dos sentencias que ordenan devolver la sanidad a los afectados. 60 fallos descartan que los padres reagrupados de ciudadanos españoles deban tener un seguro privado; frente a dos sentencias que han dado la razón al INSS.

El Gobierno quiere evitar un nuevo riesgo sistémico para el sector financiero español a cuenta del índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH). La abogada del estado ha defendido ante los quince magistrados del pleno Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la legalidad de este índice y ha pedido la no retroactividad de los efectos en caso de que la futura sentencia del TJUE sea desfavorable para la banca que podría suponer un agujero entre 7.000 y 10.000 millones, aunque algunos bancos de inversión, como Goldman Sachs, elevan

Esta es una historia repetida en algunas universidades españolas. Un concurso por una plaza, dos candidatas. Una tiene un perfil a priori más ajustado a la plaza, la otra saca la plaza con unos criterios desconocidos. La primera recurre, la universidad lo ignora. Hasta que un juez le dice que el proceso "no se ajusta a derecho" y debe repetir la prueba.

En este vídeo comento la Sentencia n.º 677/2018, de fecha 20 de diciembre, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en virtud de la cual «Cualquier agresión de un hombre a una mujer en la relación de pareja o ex pareja es hecho constitutivo de violencia de género.»

Juan, enfermo de cáncer, y Paola, con hipertensión, relatan cómo se enfrentan a la exclusión sanitaria que no ha corregido el Gobierno de Pedro Sánchez.La justicia ha dado la razón a más de 40 afectados: "¿Por qué nos hacen pasar por esto si al final nos van a dar la tarjeta?", se preguntan. Leticia y sus padres, también reagrupados, denunciaron su exclusión a la Administración y la Justicia reconoció su derecho a la sanidad pública..

Los accionistas del Popular que acudieron a la ampliación de capital de 2016 están comprobando cómo una parte de los jueces dictan sentencias favorables a sus intereses. Lo hacen porque consideran que, cuando invirtieron, el banco había presentado unas cuentas con «una imagen de solvencia que no se ajustaba a la realidad».

González podría ampararse en que cuando se cometieron las irregularidades —2005— no había normativa para poder reclamar los pagos variables a los banqueros

En una sentencia sobre una demanda de conflicto colectivo, la AN ha considerado el teléfono como una herramienta de trabajo que debe proporcionar la empresa y no el trabajador incluso aunque la empresa pagara una compensación que fuera insuficiente. La sentencia en concreto se aplica a una conocida empresa de comida rápida con reparto a domicilio, que exigía a sus repartidores que utilizaran su propio teléfono como medio de trabajo.

Un tribunal de Estambul condenó a Ali Sahin, de 75 años, acusado de insultar al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, a leer y resumir 24 libros, incluida una biografía de Erdogan, "Turkish Minute". Sahin fue investigado por un fiscal de Estambul por haber insultado a Erdogan en una cafetería, un cargo que negó y afirmó que era calumnia. El hombre fue interrogado por la policía y luego puesto en libertad condicional. Durante una visita a la oficina de libertad condicional, Sahin se enteró de que había sido condenado a leer...

Después de casi tres años desde la impugnación de nuestra Ley por parte del Gobierno de Rajoy y la banca, la lucha incansable de las entidades sociales promotoras, con el apoyo de una mayoría abrumadora de la sociedad catalana, ha permitido “hacer posible lo imposible” y recuperar las herramientas más importantes que el PP había sentenciado y enterrado: el alquiler social obligatorio para parar los desahucios de grandes tenedores, y la cesión obligatoria de vivienda vacía de estos para garantizar el derecho a la vivienda de las personas en situ

El tribunal notifica ahora al BOA que en 2014 anuló una norma tributaria que el Gobierno de Aragón había aprobado en 2006. El artículo, que regulaba una ventaja fiscal para pequeños y medianos comercios al eximirles de un impuesto, fue suprimido por la administración autonómica al año siguiente, hace once.El impuesto sigue vigente tras haber recibido el aval del Tribunal de Justicia de la UE, previo a la sentencia definitiva del Supremo

Una sentencia da la razón a una camarera despedida tras diagnosticarle cáncer, considerando que fue discriminatorio tanto por su discapacidad como por su condición de mujer. Leydy Yurano, camarera en un hotel de Cantabria, solicitó a sus jefes la baja después de que le diagnosticaran cáncer de útero. Nueve días más tarde, la empresa la despidió, arguyendo “disminución continuada de su actividad laboral”. Ahora, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha anulado el despido considerando que era discriminatorio.

La Sala V del Tribunal Supremo confirmó ayer la pena a dos meses de arresto que le fue impuesta al exteniente Luis Gonzalo Segura por una falta grave, derivada de las declaraciones que realizó en varios medios de comunicación denunciando supuestas corruptelas en el Ejército, de donde finalmente fue expulsado.

El magistrado titular del Juzgado de lo Social 8 de Bilbao, José María Labado Santiago, ha fallado una sentencia en la que considera como accidente laboral de un trabajador el “incómodo ambiente de trabajo” generado dentro de su empresa hacia su persona y que tuvieron su origen en las reclamaciones salariales y de categoría que éste había planteado.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en 9 de las 10 sentencias dictadas en el 2018. Entre las condenas del alto tribunal con sede en Estrasburgo en el Estado español hay violaciones del derecho al respeto por la vida privada y la familia (4), a la libertad de expresión (2), a un juicio justo (2), a una investigación efectiva (1) y a un trato humano y no degradante, según consta en su último informe publicado este jueves.

Informes periciales que ponían en duda la corrección de las identificaciones policiales y reconocimientos en rueda, testigos presenciales de los hechos, algunos situados en el lugar por los mismos perjudicados, grabaciones de entrevistas radiofónicas de las víctimas que permitían poner de manifiesto contradicciones en las versiones defendidas, facturas de telefonía que acreditaban la falta de comunicación entre los acusados… son muchas las pruebas inadmitidas, a mi modo de ver injustamente. Ninguno de estos vídeos, fue inicialmente admitido..

El Juzgado de Primera Instancia 1 de Granada ha revocado la adopción de un perro que un particular hizo en 2016 con una asociación animalista por incumplir varias de las obligaciones que se estipulaban en el contrato que firmaron las partes y ha ordenado devolverlo al colectivo.