El tribunal notifica ahora al BOA que en 2014 anuló una norma tributaria que el Gobierno de Aragón había aprobado en 2006. El artículo, que regulaba una ventaja fiscal para pequeños y medianos comercios al eximirles de un impuesto, fue suprimido por la administración autonómica al año siguiente, hace once.El impuesto sigue vigente tras haber recibido el aval del Tribunal de Justicia de la UE, previo a la sentencia definitiva del Supremo
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