Hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lanzó su particular S.O.S. en su última memoria de actividad. En el documento, de 208 páginas, el órgano que preside Lorenzo Jesús del Río advertía la urgencia en contratar más jueces y abrir más juzgados para salvar una justicia “al borde del colapso”. Dos factores han agravado la brecha. Por un lado, las sucesivas huelgas de los funcionarios, colectivo que precisamente reclama medios para diluir el tapón. Por otro, la instalación de un nuevo software de gestión judicial, Adriano

El Ayuntamiento de Serranillos del Valle llevaba siete años de juicios contra la que fue su interventora para recuperar el dinero malversado. Ella acaba de ingresar en la cárcel y el BOE ha publicado la pérdida definitiva de su puesto de funcionaria.

La federación de cooperativas ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por dejarlas fuera del Plan VIVE al permitir solo sociedades anónimas.

En un mundo idílico podríamos pensar que las declaraciones de los dirigentes de grandes potencias se ajustan a la realidad y que, por tanto, actúan guiados única y genuinamente por la defensa de los derechos humanos, del derecho internacional y del bien común. Pero no vivimos en un mundo idílico.Ningún gobierno va a confesar públicamente que sus políticas están destinadas a enriquecerse a costa de las materias primas de otros o de la venta de armamento propio. Por eso nos dicen que hay que hacer la guerra para preservar la paz

El edil del Partido Popular eximió a algunas contructoras de la obligación de ceder el 10% de 15 proyectos urbanísticos al Ayuntamiento de Ourense pero la Justicia falla que no está probado que lo hiciese para enriquecerse, por lo que archiva el pleito, que había impulsado una ex-concejala de urbanismo del PSdeG-PSOE.

El Secretario de Estado ha declarado que razonable llegar a la conclusión de que Israel ha usado armas fabricadas en los EEUU de manera inconsistente con sus obligaciones legales.

El Tribunal Constitucional de Portugal dictamina en la sentencia 338/2024 de 23 de abril que la Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energética (CESE) aplicada a centros de producción de energías renovables es inconstitucional: viola el principio de igualdad, del artículo 13 de la Constitución. Este es el undécimo año consecutivo que se renueva el CESE tras su introducción en 2014 por el Gobierno del PSD, pese a que inicialmente se creó como una tasa extraordinaria. En 2019 se amplió a centros generadores de electricidad usando renovables.

La migración internacional impulsa el desarrollo humano el crecimiento económico, afirma el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2024, divulgado ayer. La publicación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) apoya esta aseveración en el aumento de remesas entre 2000 y 2022, de 128.000 a 831.000 millones de dólares (de ellos, 647.000 millones fueron enviados a países de renta media y baja). Un incremento del 650%, el monto de las remesas fue superior a la inversión extranjera directa en las economías en desarrollo.

El Defensor del Pueblo cree que "patologiza a los menores y vulnera sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad"

Asimismo, el PSOE ha mostrado su “decepción” con la respuesta del PP, que se ha posicionado del lado del Gobierno argentino en lugar de apoyar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Echamos de menos esa altura de miras [en Feijóo]. Se pone siempre de parte de los extremistas y los ultras, de un presidente que ha mostrado machismo, carácter ultra y cosas muy extrañas que no voy a detallar aquí”, ha afeado Esther Peña.

Tras finalizar la operación militar, se precisará un gran tribunal que trate todos los crímenes de Kiev, y sobre todo, la masacre en la Casa de los Sindicatos, escribió la presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko. Desde el Kremlin calificaron la falta de castigo de los implicados de inaceptable y vergonzosa en la historia de Ucrania. De acuerdo con la funcionaria, también se valorará la inacción de las organizaciones internacionales, que tenían la obligación de forzar a Kiev a investigar la tragedia y castigar a los culpables.

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha condenado este viernes la "represión policial" en el marco de las manifestaciones propalestinas que se han registrado en las últimas semanas en las universidades de Estados Unidos, en su mayoría pacíficas, por las que se ha detenido a más de 2.000 personas, incluyendo personal universitario.

Miembros del Congreso de Estados Unidos, pertenecientes a ambos partidos políticos, han emitido una advertencia a la Corte Penal Internacional (CPI) sobre posibles represalias si se procede a emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes. Johnson también advirtió sobre las consecuencias de tal acción por parte de la CPI: “Una acción tan ilegal por parte de la CPI socavaría directamente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.”

La extrema derecha, tanto la parlamentaria como la que no tiene acceso a las instituciones, lleva más de una década usando los tribunales como arma arrojadiza contra rivales políticos. Con querellas y denuncias con las que han intentado criminalizar desde declaraciones públicas de políticos hasta la tramitación de leyes, partidos como Vox y organizaciones como Manos Limpias han capitalizado acciones judiciales que, sin embargo, rara vez han sido siquiera admitidas a trámite. La estrategia comunicativa también es común: