Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y Andreu Camps, secretario general de la RFEF, han recibido una querella por presuntos delitos de coacciones, amenazas y prevaricación administrativa, presentada por la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y admitida por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Majadahonda.

El director de Agencia Antifraude, Joan Llinares, cuantificó ayer en las Cortes Valencias en 530.000€ el importe de las subvenciones recibidas por la trama empresarial de Francis Puig que está siendo objeto de varias investigaciones judiciales y de la agencia. Esa cantidad supone casi un tercio de. 1,73 millones de fondos públicos que la Agencia se propone recuperar. El hermano del presidente Ximo Puig y sus socios, los Adell Bover, están siendo investigado por prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en las subvenciones.

La titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra considera probado que ambos, altos cargos del PP, concedieron 86.311 euros para unas obras «que ya estaban, en su mayor parte, ejecutadas con anterioridad».También ha sido condenada Luisa Piñeiro, exalcaldesa de Moraña y delegada territorial de la Xunta en Pontevedra. Tras conocerse el fallo, anunció su dimisión.Rafael Louzán, que en el momento de los hechos presidía la Diputación de Pontevedra, es considerado culpable de un delito de prevaricación, en concurso con un delito de fraude

Los jueces españoles dictaron auto de procesamiento por delitos de corrupción contra 37 personas, 19 de ellas en Castilla y León, en el segundo trimestre de 2020 que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. Sin embargo, en el capítulo de procesados, con 19, la comunidad castellana y leonesa figura a la cabeza de las distintas autonomías, a gran distancia del resto, entre las que le siguen Madrid (ocho), y Andalucía (siete), mientras que Asturias y Cantabria contabilizan uno cada una.

El caso surge de una querella de Argilan-ESK contra el exdirector de RGI y ahora alto cargo en Justicia Jon Uriarte (PNV)

La Fiscalía incorpora al caso Reparos un contrato con la empresa pública de transportes TITSA ampliado nueve años por encima de los cuatro del contrato, que no admitía prórrogas

"El Supremo ha perdido la oportunidad de dar la última palabra en este tema; al final Luxemburgo resolverá la cuestión y probablemente desautorizará a nuestro Supremo, como ya ocurrió con la retroactividad de las cláusulas suelo", ha añadido el abogado.

La Sección Estatal de CCOO en Instituciones Penitenciarias ha informado a la Fiscalía Provincial de Almería las actuaciones desarrolladas en el desempeño de sus funciones por el Director de la prisión de El Acebuche contra un funcionario de la citada prisión por si fueran constitutivas de varios delitos de prevaricación administrativa, de acoso laboral y de retención indebida de retribuciones.

Para advertir a Jueces a los que se les proponga la ratificación de la Orden de 29 de septiembre de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en localidades o parte de las mismas donde se haya acordado restricción a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma.

Si el PP ha subvencionado gastos de encuestas como afirma Lanuza, incumpliendo la ley, y el Tribunal de Cuentas ha hecho la vista gorda, entonces estaríamos ante un delito de prevaricación en el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas no puede validar la subvención de esos gastos. En las instrucciones que facilitan a los partidos políticos “Los gastos derivados de la realización de encuestas electorales sobre intención de voto en periodo electoral, no se estiman comprendidos en los conceptos recogidos en el citado artículo 130 de la LOREG”

.-El delito de prevaricación administrativa implica dictar una resolución abiertamente contraria al ordenamiento jurídico, a sabiendas. Para que haya reproche penal, no basta que haya una decisión desacertada, que siempre puede recurrirse. .-La jurisprudencia exige que la resolución sea rotundamente contraria a derecho y no pueda admitirse desde ninguna interpretación razonable. Si cada sentencia o resolución administrativa revocada fuera prevaricadora, casi todos los jueces y cargos públicos serían inhabilitados.

La Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena se querella contra María Gámez porque ve delictivo que se justificara el cese al hecho de que el coronel no "articulara los mecanismos adecuados" para que Interior estuviera al tanto de los informes sobre el 8-M

El PSOE de Priaranza del Bierzo cursó ayer jueves una denuncia ante la Fiscalía de Ponferrada por varios presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental que los socialistas atribuyen al exalcalde José Manuel Blanco (PP), regidor del municipio entre los años 2003 y 2019 y actual concejal en la bancada de la oposición, y al secretario municipal Javier Fernández, que ocupa su cargo desde el año 1991. Entre los años 2015 y 2019 el Ayuntamiento tuvo que reintegrar una serie de subvenciones procedentes de la Diputación de León y de la Junta.

Teresa Mallada es una de las investigadas por autorizar cuando era concejal de Aller la compra supuestamente irregular de unos terrenos para construir un geriátrico. La candidata de Casado a la presidencia de Asturias, imputada en un caso de prevaricación urbanística.

El General de Brigada Félix Blázquez, recién nombrado jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, el número 3 'de facto' en el cuerpo, está siendo investigado desde el año pasado por el Juzgado Togado Militar Central número 1 de Madrid por un presunto delito de acoso laboral y otro de prevaricación administrativa.

El nuevo 'número 3' de la Guardia Civil, el general de brigada Félix Blázquez, está siendo investigado por el Juzgado Togado Militar Central número 1 de Madrid en el marco de un supuesto caso de acoso laboral y prevaricación administrativa, que significa dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia.

Fernando Grande-Marlaska podría incurrir en un delito en relación a las sanciones que se están interponiendo en el estado de alarma.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha limitado la investigación que mantenía abierta por la gestión del Gobierno central por la celebración de manifestaciones multitudinarias, como la del 8-M, en los días previos a que se declarara el estado de alarma a consecuencia del Covid 19. La magistrada que instruía por delitos de lesiones imprudentes o prevaricación, ha desestimado el primero de los supuestos aunque mantiene vivo el procedimiento por el segundo, informan fuentes jurídicas.