PSOE y Unidas Podemos pactaron en su acuerdo de coalición aprobar “una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la ley mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”. La derogación de parte de esa norma que vio la luz durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando el PP tenía mayoría absoluta, fue además uno de los principales compromisos que el Ejecutivo progresista adquirió con todos aquellos partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez.

La Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluye unos principios generales aplicables a todo el ámbito audiovisual, como son la obligación de transmitir una imagen respetuosa de las personas con discapacidad, la protección de los usuarios respecto a contenidos que atentan contra la dignidad de la mujer o la veracidad de la información. Qué es veraz o no, ofensivo contra la mujer o no o atenta contra las personas con discapacidad será decidido por parte del Estado.

Los políticos españoles han aprobado la nueva "Ley de Comunicación Audiovisual". Que instituye una secuencia de obligaciones, limitaciones y prohibiciones a los influencers, streamers, youtubers, vloggers... bajo amenaza de multas y embargos. Esta ley, se entiende, perjudicará tanto a los residentes en España como a los que tengan su residencia en Andorra, mientras posean vínculos económicos con España. Relacionada: menea.me/27bxr

Colectivos sociales, vecinales y ambientalistas denuncian los "cargos desproporcionados, en lo que constituye un claro intento de amedrentar y criminalizar la movilización social de cara al futuro"

El caso del reconocido fotoperiodista, multado mientras trabajaba en el muelle de Arguineguín, ha provocado una ola de solidaridad con su labor y de denuncia a la Ley de Seguridad Ciudadana.

El fotoperiodista y ganador del Premio Pulitzer en 1995 lleva más de 40 años cubriendo conflictos alrededor del mundo y otros 25 informando sobre fenómenos migratorios. En una entrevista con 'Público' cuenta cómo le ha afectado la aplicación de la polémica norma a la hora de ejercer su trabajo.

La modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana sigue siendo una cuenta pendiente en el Congreso al prevalecer escollos importantes, lo que complica la previsión de que el texto esté aprobado antes del verano. La propuesta del Gobierno no gusta ni a unos ni a otros. Primero fueron los sindicatos de policía salieron a la calle para protestar contra las enmiendas de PSOE y UP por "imponer" una "reforma grillete". Después más de cien colectivos sociales reclamaron en 20 ciudades la derogación de una "ley injusta" y no una "mordaza maquillada".

En la denuncia y el expediente sancionador se menciona el artículo Crónica y vídeo de una intervención policial desproporcionada, firmado por Diego Díaz, y de cuya parte audiovisual es responsable otro de los denunciados, Nacho Durán. «Esto no es una noticia. Tampoco un reportaje. No son versiones de hechos que me hayan contado otras personas. Es la crónica personal que debía a Nortes de algo de lo que fui testigo la madrugada del domingo pasado en Xixón

El acuerdo para la investidura de Pere Aragonès entre ERC y la CUP recoge explícitamente nueve medidas relativas al orden público, algunas de las cuales se han cumplido ya, como la puesta en marcha de la comisión parlamentaria para revisar el modelo de orden público o la retirada de las acusaciones particulares contra participantes en movilizaciones sociales y políticas. Pero también figura el compromiso de poner en marcha mecanismos y protocolos para la "no aplicación de la ley mordaza cuando esta vulnere el derecho a la manifestación".

El Congreso tiene previsto impulsar en este periodo de sesiones tres normas de calado para rematar su tramitación antes de verano. Una de ellas es la reforma de la ley mordaza, que acumula en esta legislatura casi dos años de retraso por las discrepancias entre el Gobierno y sus socios en aspectos como la prohibición de reuniones y manifestaciones cuando se considere que se perturbe la seguridad ciudadana, las sanciones, las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera, el uso de material antidisturbios o la asunción de la veracidad...

Trabajadores de Tubacex, ITP Aero, Petronor y el metal de Bizkaia han creado una plataforma para alertar de la “avalancha” de sanciones recibidas estas últimas semanas por parte de la Ertzaintza...

El comité de empresa de Tubacex ha denunciado «la avalancha de multas que se están notificando a trabajadores y al propio comité» en aplicación de la llamada Ley Mordaza por su participación en las protestas laborales que protagonizaron durante la última huelga.

La llamada "guerra" contra las pandillas lanzada desde finales de marzo por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se extendió de las calles a la justicia con unas reformas penales aprobadas por el Legislativo, que para el gremio de periodistas representan una "censura" y "criminalizan" su trabajo, según trascendió este miércoles (06.04.2022). Una de estas enmiendas —impulsadas por Bukele— castiga hasta con 15 años de prisión la publicación de "cualquier manifestación escrita" que aluda al "control territorial" de las pandillas en…

Hoy se cumplen 7 años de la aprobación de la Ley Mordaza. Este artículo repasa los efectos de esta norma, cómo se utilizó para acabar con la protesta social y resume los puntos que se están debatiendo reformar en el Congreso de los Diputados

Representantes de trece entidades se han unido hoy a la plataforma No Somos Delito a las puertas del Congreso de los Diputados para reclamar cambios más profundos en la que consideran como la semana clave en las negociaciones para la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana. “Estamos en la recta final de una negociación parlamentaria en la que se dirimen los márgenes en los que ejerceremos derechos y libertades en los próximos años”, ha afirmado Sol Román, portavoz de No Somos Delito.

La dirección general de Administració de la Seguretat del Departament d'Interior ha retirado la multa a la fotoperiodista Mireia Comas, que había sido sancionada con 601 euros por negarse a borrar una fotografía de un control policial en Terrassa, el verano de 2021. Comas lamenta que deba "celebrarse" la retirada de la sanción y cree que el verdadero cambio pasaría por "empezar a sancionar a los agentes que actúan desproporcionadamente, intimidando y mintiendo".

La sentencia, que no puede ser recurrida, retira la multa de 602 euros que recibió la activista antimilitarista Koldobi Velasco por un acto de protesta no violenta contra el BBVA al reconocer que desobedecer la orden de retirada de los agentes era importante para que la acción tuviera repercusión social.