Se avecinan unos meses clave para el azulejo y para el sector cerámico de la provincia en su conjunto. Los sindicatos vienen advirtiendo de que la destrucción de empleo en el sector continuará si no se actúa con urgencia. Conocido el borrador de la orden que articula las ayudas del Gobierno a la industria gasintensiva, los representantes de los trabajadores del sector azulejero consideran que "las ayudas siempre son bien recibidas, pero el tiempo corre en contra".

Wallbox, fabricante de cargadores para el vehículo eléctrico, ha anunciado que despedirá a cerca del 15% de su plantilla, formada por 1.400 personas, en el marco de un programa de reducción de costes. Fuentes de la empresa han explicado a este diario que el programa contempla una reducción del 15% del total de sueldos, por lo que el número final de salidas dependerá del salario de los afectados. La compañía prevé iniciar el proceso de negociación con los representantes de la plantilla el próximo 6 de febrero.

Dos meses después de que el empresario compostelano Rafael Ferreiro adquiriese el hotel, la firma pretende impulsar un ERE que afectaría a unos 25 empleados del restaurante y la cafetería. Precisamente, el 6 de enero la compañía decidió cerrar estas instalaciones, dejando de prestar dichos servicios a los huéspedes. Desde la CIG sospechan que existe una intención oculta de externalizar estos servicios y que la nueva empresa no querría asumir a la plantilla actual, con unas condiciones laborales consolidadas tras llevar 40 años, en algunos casos

La acusación particular que ejercen los 'populares' reclama que el ex presidente sea examinado de nuevo cuando concluya su tratamiento de radioterapia

Los fiscales delegados en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, han pedido a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que suspenda la entrada en prisión del ex presidente andaluz José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por malversación y prevaricación en el caso de los ERE fraudulentos, hasta comprobar la veracidad del cáncer de próstata que padece el ex dirigente socialista. Para ello ha vuelto a reclamar “un informe más preciso” de

La médica forense ha recomendado a la Audiencia de Sevilla que el expresidente andaluz José Antonio Griñán permanezca en libertad para tratarse el cáncer de próstata que sufre. “Tras la entrevista personal y a la luz de la información clínica aportada, se puede concluir, la no conveniencia de ingreso en centro penitenciario hasta tanto se confirme la remisión de su patología oncológica por los servicios de urología y de oncología radioterápica”, considera la médica que ha examinado a Griñán

Todos ya en prisión. El ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el ex director de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar han entrado tan sólo unos minutos antes de las 18:00 horas de este lunes en la cárcel de Sevilla-I para cumplir la condena que se les impuso por el caso de los ERE.

Carmen Martínez Aguayo, la que fuera consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, ha pasado su primera noche en una prisión para cumplir la pena de seis años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla por el caso ERE. Martínez Aguayo, que tras dejar la política volvió a su puesto como médico de Atención Primaria en el centro de salud de Triana en la capital hispalense, ingresó este miércoles 28 de diciembre en la cárcel de mujeres de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, según ha podido confirmar ABC

La Audiencia de Sevilla ha requerido al expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años y dos días de cárcel por malversación en el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que remita “a la mayor urgencia posible” los resultados de la prueba médica que le será practicada, después de que su defensa solicitase suspender el plazo de diez días iniciado este pasado viernes para su entrada voluntaria en prisión, alegando una enfermedad grave sobrevenida.

El exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá no ingresará de inmediato por motivos de salud.

Más de 800 millones de euros. Es la penalización que ha impuesto el Estado a las empresas que, obteniendo cuantiosos beneficios, han llevado a cabo despidos colectivos que han afectado a trabajadores mayores de 50 años. Desde el año 2011 las compañías están obligadas a realizar una aportación económica al Tesoro Público en compensación por el coste extra en prestaciones y subsidios por desempleo que asume el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Indignación en la plantilla de la Radio Televisión andaluza. Esa es la palabra que simboliza el sentimiento que embarga a los trabajadores del medio público. Las centrales sindicales se lo temían y avisaron antes de las elecciones autonómicas de la existencia de un plan de recortes con despidos incluidos en Canal Sur. Este lunes, el comité de huelga ha denunciado el uso de un proceso extraordinario de estabilización para hacer un ERE encubierto en la agencia pública. Una triquiñuela legal que en el fondo es un Expediente de Regulación de Empleo

La multinacional ha aceptado con los sindicatos en la Audiencia Nacional que aplicó un ERE “no ajustado a la legislación”, por lo que compensará a los trabajadores con 45 días de salario por año trabajado

Un defecto de forma vuelve a dar al traste con una investigación del caso ERE. El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la pieza separada por las ayudas de 16 millones de euros concedidas por la Junta de Andalucía a Heineken España S.A. entre los años 2004 y 2008, en la que figuraban como investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental el presidente y el responsable de RRHH de la empresa.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de la Comunidad Valenciana anunció la semana pasada el despido de parte de su plantilla por culpa de la grave situación financiera que atraviesa la organización.

El ex ministro socialista y ex presidente andaluz José Antonio Griñán y otros siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía deberán ingresar voluntariamente en prisión en el plazo de diez días tras haber denegado la Audiencia de Sevilla la suspensión de la ejecución de las penas a un total de ocho de los nueve condenados de cárcel por el caso ERE. Únicamente el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, al que el Tribunal Supremo rebajó la pena a tres años, podrá esperar a que se tramite su indulto, tras haberlo solicitado.

La cuenta atrás para el encarcelamiento de ocho condenados por la malversación de 680 millones de ayudas de los ERE. La Audiencia de Sevilla ha dictado un auto este martes en el que deniega la suspensión de la ejecución del ingreso en prisión del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y otros siete ex altos cargos que fueron condenados a penas privativas de libertad.

La medida se tomará "por causas organizativas y productivas" en las plantas de Burgos, Echávarri (Vitoria) y Murcia, mientras que en la oficinas sufrirán un mayor ajuste en Barcelona, seguida de Madrid y Vitoria.

Obliga a la compañía a readmitir a los empleados de forma inmediata abonándoles además todos los salarios dejados de percibir desde el 19 de octubre de 2015 hasta su efectiva reincorporación

El 71 por ciento de los andaluces está en contra de que el Gobierno central indulte al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. Un 13,6% que se muestra a favor. Un 7,6% responde que le es indiferente y un 7,7% no sabe o no contesta. Sobre el resto de altos cargos condenados en el caso de los ERE un 76,1% responde que está en contra, frente a un 8,8% que se muestra a favor de los indultos. Un 6,3% señala que le es indiferente y un 8,8% de lo andaluces no sabe no contesta.

El juez Vilaplana advierte a la Junta de su posible responsabilidad al pedir el archivo de piezas de los ERE.

La firma, con graves problemas económicos, había cesado la producción y tenía a toda su plantilla en ERTE