Más de 800 millones de euros. Es la penalización que ha impuesto el Estado a las empresas que, obteniendo cuantiosos beneficios, han llevado a cabo despidos colectivos que han afectado a trabajadores mayores de 50 años. Desde el año 2011 las compañías están obligadas a realizar una aportación económica al Tesoro Público en compensación por el coste extra en prestaciones y subsidios por desempleo que asume el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
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