La propaganda de Rodríguez oculta que cualquier acuerdo solo puede darse sobre la base del reconocimiento de los delitos. No se trata de una discrepancia con Hacienda sobre cantidades, como trata de hacer creer la presidenta y su equipo de comunicación, la denuncia de la Fiscalía y lo que ya ha reconocido el propio González Amador en ese correo son delitos penados con entre uno y seis años de cárcel. Dicho de otra manera: cualquier acuerdo de conformidad implicará la condena a la pareja de Ayuso, al menos por fraude fiscal.

Los directivos del BCR tardaron más de seis meses en decidir si aceptaban la donación de 16 millones ya que el origen de esta fortuna estrechamente ligada al exjefe del Estado es un misterio que no ha sido aclarado. La Fiscalía Anticorrupción investigó este trust para determinar si el dinero era del rey emérito. Hasta 2004 y durante casi una década, el entonces rey Juan Carlos I fue el titular de los fondos.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido este lunes en defensa de los dos responsables de la Fiscalía de Madrid denunciados por supuesta revelación de secretos por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros. El empresario acusa tanto a la fiscal jefe de Madrid como al fiscal que le investigó y denunció de haber difundido a través de un comunicado datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció varios delitos.

La economía española no deja de marcar registros históricos: 21 millones de trabajadores, 1,5 billones de PIB, 630.000 millones de ingresos públicos… La situación nunca fue tan boyante, pero esta afirmación genera una disociación con la realidad

"Si la amnistía obedece a una pura razón de convivencia política que, de modo coyuntural, pueda beneficiar a determinados ciudadanos por el mero hecho de alcanzarse un acuerdo político (en este caso, para una investidura), la amnistía así concedida contraviene claramente el principio de igualdad ante la ley", añaden. Sobre este extremo, además, sostienen que "no es necesaria la amnistía para alcanzar el efecto jurídico deseado", dado que consideran que éste "puede obtenerse mediante la reforma del Código Penal o mediante el indulto".

Veintisiete personas serán juzgadas el lunes por lavado de dinero en relación con el escándalo de evasión fiscal de los "Papeles de Panamá", que reveló cuántos de los ricos del mundo tenían activos escondidos en empresas extraterritoriales. Las revelaciones de 2016 sacudieron a los gobiernos, expusieron a personalidades de alto perfil, desencadenaron decenas de investigaciones en todo el mundo y asestaron un golpe a la reputación de Panamá como centro financiero extraterritorial. Los acusados que serán juzgados en un tribunal penal panameño

La empresa española CTC Externalización no pudo justificar que la información biométrica se eliminase automáticamente.

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una querella contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, por un presunto delito de revelación de secretos al difundir una nota informativa a los medios de comunicación en relación a la investigación sobre el presunto fraude fiscal que le afecta.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a Digi con 200.000 euros por permitir el duplicado fraudulento de la tarjeta SIM de una socia de FACUA Euskadi sin su consentimiento y sin comprobar la identidad del solicitante, lo que provocó que le sustrajeran 800 euros de su cuenta mediante operaciones de Bizum, además de intentarlo sin éxito con casi 1.500 euros más.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos años de cárcel para un funcionario del Ayuntamiento de Valencia que distribuyó en un chat de WhatsApp de un grupo de padres...

El jefe del Equipo TIC y de Análisis de Información de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Balears (OAIB) ha remitido un informe al Parlament y al Govern donde advierte del riesgo de pérdida de datos con un cierre “sin planificar y garantizar la transición adecuada” de los servicios.

Toque de atención de la auditora EY a los Revoredo, dueños de Prosegur, por la falta de información sobre las inversiones en ladrillo en Estados Unidos que ha realizado la inmobiliaria de esta familia, una de las más ricas de España.

Google se verá obligada a destruir los datos de navegación de millones de usuarios a los que rastreó sin consentimiento. El gigante tecnológico estadounidense ha llegado este lunes a un acuerdo con el que resolverá una demanda colectiva que le acusó de seguir recopilando información de los internautas cuando navegaban en modo incógnito.