La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto este viernes a la puesta en libertad del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y ha criticado que reclame quedar libre porque "no le gusta estar en prisión" y eso le causa "una cierta depresión"

Los primeros que deberíamos desvelar la corrupción en el periodismo somos los periodistas, antes que los jueces. ¿No es esa nuestra labor? ¿O es que sigue vigente lo de “perro no come carne de perro”, que no es más que un latiguillo que justifica el corporativismo por el que los periodistas podemos hablar de todo, menos de los colegas? Se nos adelantó el juez Eloy Velasco con el Caso Lezo, que demuestra que la corrupción mediática no es menor que la política y la económica. Y además es imprescindible para las otras dos.

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, tiene previsto ofrecer en unas horas su renuncia al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para evitar dañar el prestigio de la institución, según han confirmado a El Confidencial fuentes jurídicas. Moix considera que el escándalo provocado por la empresa en Panamá heredada de su padre pone en riesgo la imagen de la Fiscalía. Para evitar un menoscabo mayor, pondrá su cargo a disposición de Maza, que tendrá que decidir si acepta la dimisión.

Cristina Cifuentes da la cara y defiende su inocencia. La presidenta madrileña, en una comparecencia convocada por sorpresa, ha salido al paso de un informe de la UCO de la Guardia Civil en el que se pide al juez que la impute por supuestos delitos de prevaricación y cohecho. Cifuentes ha afirmado que el informe de la UCO es "una sucesión de juicios de valor y opiniones sin fundamente jurídico alguno". Ha añadido que el documento ha circulado por las redacciones de los medios de comunicación este martes

Anticorrupción pide cinco años de cárcel para Villarejo y tres para los periodistas por descubrimiento y revelación de secretos. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral para el comisario jubilado José Manuel Villarejo y para dos periodistas por el denominado 'caso Dina', en el que investigó el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora de Podemos Dina Bousselham desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de la información que contenía apareció publicada en medios.

Causas abiertas, sin juicios ni sentencias todavía, y con guión de la obra muy parecido. Un escenario de caos mundial con las administraciones públicas comprando material sanitario a la desesperada en el mercado persa de las mascarillas, los guantes de nitrilo y los trajes de protección. Cargamentos de millones de tapabocas que se quedaban atrapados en una aduana. Hospitales, centros de salud y residencias saturados. Y nadando en aguas turbulentas, los actores: expertos en comercio internacional y empresas del sector. Gente con contactos.

"El precio que se facturó fue el de las condiciones del mercado de aquel momento, el mismo que se ofreció al resto de clientes que pidieron aviones de carga para traer material sanitario desde China".La compañía apunta que esas condiciones eran, "esencialmente", el precio de coste para cubrir los gastos, sin beneficio alguno para ellos dado el carácter humanitario de la operación. "A todos los organismos, instituciones o empresas que contrataron los 87 vuelos con Iberia se les ofrecieron exactamente las mismas condiciones"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil siguió todos los pasos de Koldo desde el 17 de octubre de 2023. Los funcionarios comprobaron que el exasesor de José Luis Ábalos y su hermano tendrían conocimiento y de la investigación sobre ellos y "estarían tomando medidas relativas a su patrimonio"

El juez que investiga el conocido como caso Koldo afirma que el exministro socialista José Luis Ábalos actuó como “intermediario” en las “gestiones” realizadas por su exasesor Koldo García para tratar de “solucionar” la reclamación de 2,6 millones de euros del Govern balear a la empresa de la trama.

El exministro ha respondido en Onda Cero sobre el asunto que le ha hecho acabar en el Grupo Mixto del Congreso y suspendido de militancia del PSOE.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, señalado en el caso de la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia en el que se investiga entre otros a su asesor Koldo García, no tiene intención de entregar su acta en el Congreso de los Diputados. O al menos no la tenía antes de que este lunes la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE le haya dado 24 horas de ultimátum para abandonar la Cámara Baja. Esa negativa a renunciar a su escaño en el Congreso se la trasladó a su entorno este fin de semana, asegurando que había advertido a Ferraz de q

El PP ha registrado una petición de comisión de investigación en el Senado sobre la compra presuntamente corrupta de material sanitario durante la pandemia. Una petición que el partido de Alberto Núñez Feijóo limita a los contratos en los que intermedió el asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transporte, Koldo García, a cambio de comisiones, según la Fiscalía Anticorrupción. El PSOE ha anunciado una más amplia en el Congreso.

El Govern de Armengol las compró en mayo de 2020. Al analizarlas detectaron que no tenían la calidad contratada y las almacenaron pero no reclamaron el dinero hasta tres años más tarde

El servicio de emergencias de Cataluña responde al juez García-Castellón que optaron por trasladar en helicóptero al ciudadano que sufrió un infarto porque era el medio más rápido para trasladar a un paciente de gravedad, no porque los accesos estuvieran bloqueados por los manifestantes. También que la incidencia médica se produjo en la T2 del aeropuerto, cuando los altercados tuvieron lugar en la T1. El juez ha pedido diligencias para investigar si el paro cardíaco se produjo como consecuencia del tumulto y las algaradas registradas en el…

El juez Manuel García-Castellón firmó el 2 de agosto de 2021, tres días después del plazo límite legal, el auto en el que dictaba la primera de las cinco prórrogas de la investigación en el caso Tsunami Democrátic. El escrito del magistrado tiene fecha de 30 de julio de 2021 —aunque en él se dice que la prórroga de seis meses comenzará un día antes, el 29 de julio—; sin embargo, la firma electrónica lleva firma del 2 de agosto. Tres de los imputados han presentado recursos de reforma ante el propio juez y de apelación ante la sala de lo Penal..

El 22 de febrero de 2022, Anticorrupción abría, tras las denuncias de Más Madrid, PSOE y Podemos, una investigación contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso por un supuesto cobro fraudulento de una comisión de 55.000 euros de un contrato para el suministro de mascarillas a la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Un día después, tras una guerra interna en el partido, el caso se llevaba por delante al presidente nacional del PP, Pablo Casado, que había apuntado hacia un posible delito desde Génova.

La Audiencia critica la instrucción de la jueza de Azpeitia, que sobreseyó “sin exponer motivo o razón alguna”. Le obligar a realizar la pericial propuesta por la parte querellante, EH Bildu, que estimó un sobrecoste de las obras de 17 millones

Suicidio o accidente. La Guardia Civil no ve delito en la desaparición de Mari Carmen Fernández, la camarera de un barco del CSIC cuyo cuerpo aún no ha aparecido. Pero la familia pide explicaciones sobre por qué tuvo que coincidir en el barco, antes de zarpar, con un compañero al que denunció por agresión sexual.

García Castellón encargó el informe a Asuntos Internos pese a que la Unidad ya había informado en dos ocasiones anteriores al juez de que “Chisco” es Francisco Martínez. Los policías llegaron a esa conclusión en el marco del caso Kitchen, la pieza 7 que investiga las maniobras de sabotaje a la investigación judicial de la financiación irregular del PP y en la que Martínez está procesado. Anticorrupción pide 15 años de cárcel por la utilización de fondos reservados para espiar a Bárcenas en favor del PP.

La Justicia helvética se niega a facilitar información sobre la localización de Marta Rovira y sobre varias cuentas bancarias y afea al magistrado español su insistencia en vincular a los políticos independentistas con actos de terrorismo.

Era un secreto a voces pero nadie lo había verbalizado hasta ahora, menos aún en una declaración judicial. El chalet en la lujosa urbanización El Tossalet en Xàbia (Alicante) era de Rita Barberá, según la declaración de un constructor al que el principal investigado en el 'caso Azud' pagó en efectivo obras en la vivienda familiar. [...] El acta de declaración, incorporada al sumario del 'caso Azud', reseña los pagos en efectivo, de hasta 57.000 euros, por obras en la vivienda, situada en una de las zonas más exclusivas de la costa valenciana