La juez Alaya adquirió, junto a su marido, una inmensa finca de 400.000 metros cuadrados en la localidad sevillana de Castillo de los Guardas. Esa operación fue declarada ante el notario en marzo de 2011 por un precio de 150.000 euros. Precio por debajo del valor del mercado que se situaría en unos 400.000 euros.

Entre los detenidos, el exdelegado de Empleo de Sevilla, Antonio Rivas. A esta hora, registro en la Delegación Provincial de Empleo de Huelva. La operación la dirige la jueza Alaya. Se esperan cerca de 20 detenidos.

La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha suspendido las declaraciones previstas esta semana de 35 nuevos imputados por ayudas concedidas en la Sierra Norte de Sevilla tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción de no imputar a doce de ellos por prescripción de los posibles delitos. En una providencia dictada el pasado 20 de marzo y conocida hoy, la juez informa de que suspende las declaraciones de los imputados por un delito de malversación hasta que se resuelva la petición de la Fiscalía.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolverá este martes el macroconcurso de traslado para magistrados. Mercedes Alaya obtendrá previblemente una de las cuatro nuevas plazas creadas por el CGPJ en la Audiencia Provincial de Sevilla.

En teoría, la juez no podía –ni debía– conocer antes que las defensas ese informe, cuya importancia en la instrucción es jurídica y políticamente crucial, dado que su hilo conductor y sus conclusiones coinciden con la hipótesis central de la instrucción de Alaya.

Criminaliza, se contradice, deja indefensos a los imputados. El abogado de Griñán ha atacado sin piedad a la jueza Alaya. Ya vivió abucheos a la entrada del juzgado, aunque cuente 50.000 seguidores en twitter.

La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha citado a declarar como imputada a la monja de clausura Carmen Muñoz Rivas, que antes de ingresar en un monasterio de Constantina (Sevilla) fue presidenta de una cooperativa textil que recibió una subvención de 44.000 euros de la Junta de Andalucía. La monja, que lleva casi tres años en el Monasterio de las Jerónimas de Constantina y ha mostrado su disposición a acudir al juzgado con sus hábitos, es una de las 34 nuevas personas imputadas en la causa por la juez, que ya ha acusado en

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE ha acusado al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández de recibir mordidas por importe de 602.806,72 euros en relación con la concesión de subvenciones sociolaborales, unos hechos que para la juez se desprende el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del ex consejero y su “entorno familiar”.

Alaya embarga 14 propiedades a cuatro exaltos cargos de la Junta.El Juzgado de Mercedes Alaya, la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha embargado un total de 14 propiedades a cuatro exaltos cargos de la Junta de Andalucía a fin de cubrir fianzas de responsabilidad civil que suman un total de 3.677.450 euros.

La juez expone que el PSOE de Andalucia se benefició del uso "absolutamente discrecional" de los fondos públicos.La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares considera que el "beneficiario" del uso "absolutamente discrecional" de los fondos públicos por parte de la Administración de la Junta de Andalucía "fue el propio partido del gobierno (PSOE), al engrasar durante años y de esta forma las relaciones con empresarios y sindicatos, lo que le generaría réditos políticos y electorales".

Alaya rastrea cuentas bancarias por su sospecha de financiación ilegal en el PSOE La juez detona la bomba de los cursos a las puertas de una campaña electoral en la que Susana Díaz deberá encajar los sobresaltos por esta investigación y los ERE

La juez considera acreditado que el Consejo de Gobierno conoció tres informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía alertando de un mal uso de los fondos públicos en numerosas empresas públicas. Pone fecha a los días en los que se abordaron esos informes: el 19 de abril de 2005, el 29 de agosto de 2006 y el 8 de mayo de 2007. Mercedes Alaya deja constancia en su escrito de que han sido los letrados del PP quienes han aportado los documentos.

El Grupo Parlamentario Socialista propone a Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Francisco Vallejo. Mantendrán así su condición de aforados y no podrán ser llamados a declarar por la jueza, si bien la causa en lo que a ellos respecta ya está camino del TSJA, quien no moverá ficha hasta la constitución del nuevo Parlamento andaluz.

Obtendrá con casi total seguridad, por su antigüedad, una de las cuatro plazas creadas por el CGPJ en la Audiencia de Sevilla. Además de los ERE, la magistrada instruye otras macrocausas, como la de Mercasevilla o la 'operación Madeja'. El posible adelanto electoral en Andalucía no influirá en los cuatro aforados autonómicos imputados en la causa.

El concurso de traslado no está resuelto oficialmente pero los servicios técnicos del CGPJ han decidido que, por su antigüedad, la jueza obtendría la plaza que había solicitado.Podría diferir su cese hasta que otro magistrado la sustituyera o que la sala de Gobierno del TSJA propusiera una comisión de servicio de seis meses prorrogables para concluir algunas de las macrocausas que instruye.La juez

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos entre otras macrocausas, ha logrado una de las cuatro nuevas plazas creadas en la Audiencia Provincial de Sevilla

Voy a decirlo de otra manera: el gobierno andaluz solo ha podido recuperar 1,2 millones de euros de los 855 millones que, en teoría, iban destinados a ayudar a empresas obligadas a despedir o a prejubilar trabajadores. La jueza Mercedes Alaya es quien ha calculado esa cantidad de destino incierto. El mayor fraude de la historia de España sigue sin resolverse y encima no aparece el dinero. Es una de las peores noticia del año.

La juez Mercedes Alaya ha cumplido con la orden dada por la Audiencia Provincial de Sevilla y ha vuelto a dictar un auto de procedimiento abreviado por el "concurso fraudulento" para la venta de los suelos de Mercasevilla contra 16 personas, entre ellas el exprimer teniente de alcalde y exportavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el exconcejal socialista y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, los exgerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o los exdirectivos de la lonja Fernando Mellet y Daniel Ponce.

Un informe de la Guardia Civil entregado a la juez Mercedes Alaya detalla cómo la empresa Fitonovo, epicentro de la red de corrupción, invertía un parte importante del dinero de su ;caja ; en fondos del banco en EEUU y Japón para "regularizarlo".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que la empresa Fitonovo tenía "en nómina" a "multitud" de funcionarios "corruptos" que habrían recibido durante varios años "contraprestaciones sustanciosas" por la adjudicación de contratos públicos u otras prácticas irregulares en el marco de la contratación administrativa "que han reportado a la empresa pingües beneficios".

La jueza Alaya asegura que la empresa Fitonovo pagó al PSOE cantidades de entre 30.000 y 60.000 euros durante cuatro años y que IU cobró 155.000 euros entre 2010 y 2011.

La juez Mercedes Alaya está dispuesta a tirar de todos y cada uno de los hilos surgidos de la 'Operación Enredadera' contra el amaño de contratos públicos. Entre ellos, del primer indicio dentro de la causa que apunta a una supuesta financiación irregular de una formación política. En este caso, Izquierda Unida (IU). Y todo ello gracias a la documentación intervenida recientemente por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Sevilla.