Voy a decirlo de otra manera: el gobierno andaluz solo ha podido recuperar 1,2 millones de euros de los 855 millones que, en teoría, iban destinados a ayudar a empresas obligadas a despedir o a prejubilar trabajadores. La jueza Mercedes Alaya es quien ha calculado esa cantidad de destino incierto. El mayor fraude de la historia de España sigue sin resolverse y encima no aparece el dinero. Es una de las peores noticia del año.
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