El Comité de Empresa de las y los educadores del Centro de Observación y Acogida (COA) de Zaragoza interpuso este jueves su duodécima denuncia contra Intress, entidad privada que gestiona el centro de titularidad pública, por "entregar información falsa a Inspección de Trabajo"

Últimamente hemos podido leer en la prensa noticias que, desgraciadamente, confirman todo lo que venimos denunciando desde el Sector Social de CGT en torno a la preocupante situación en que se encuentran los centros de menores tutelados por la Generalitat: "Tiros al aire de la policía en un centro de menores tutelados por la Generalitat "," Polvorín en los Centros de menores ","un menor tutelado, apuñalado en plena calle en Barcelona"

Según la denuncia, la entidad catalana “ofreció a dos educadores solucionar de forma fraudulenta jornadas de trabajo suyas que no habían sido dadas de alta en la Seguridad Social”. También se denuncia como “una educadora trabajó en el COA (centro de protección de menores de Zaragoza) sin cobrar, sin contrato y sin ser dada de alta en la SS”. El Comité de Empresa ha remitido también al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) toda la documentación al respecto para que “tome las decisiones oportunas dada la gravedad de los hechos”.

La agonía que viven los centros de menores en la Comunidad Valenciana se prolonga hasta ahora desde el mes de diciembre, cuando dejaron de ingresar la ayuda mensual que reciben de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Desde entonces, este impago, que la Generalitat Valenciana achaca a la falta de ingresos en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), está causando verdaderos estragos que, en algunos casos, llevan a los responsables de los centros a solicitar créditos al banco y a endeudarse con sus trabajadores.

Las estadísticas oficiales (Memoria anual de la Fiscalía General del Estado, presentada en septiembre de 2016) cifran en 414 los menores extranjeros que llegaron solos, en pateras u otras embarcaciones a las costas españolas durante 2015, lo que implica un aumento del 85,5% respecto al año anterior y del 160% si se toma como referencia 2013. Casi en todos los casos (96,8%) se trataba de varones, que mayoritariamente provenían de Argelia (45,4%) y Marruecos (31,4%); el resto, llegaron de países del África Subsahariana, según informó Europa Pres

El Defensor del Pueblo pide a las administraciones públicas que tomen medidas para proteger a las niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual que llegan a España, en muchos casos por las costas andaluzas, y que "desaparecen" de los centros de menores porque no están preparados para responder a sus especiales circunstancias de vulnerabilidad.

El juzgado de instrucción número 41 de Madrid juzgará hoy a tres vigilantes del centro de Primera Acogida de Hortaleza, dependiente de la Comunidad de Madrid, acusados de un delito de lesiones leves a uno de los menores internos. El juicio oral se abre a raíz de la denuncia del menor y la Fundación Raíces, organización que sacó a la luz la situación de algunos menores de este centro que estaban viviendo en un parque de Hortaleza.

#ProstitucionLasLovas, el presunto caso de proxenetismo más complejo instruido por la Justicia en Canarias, pone al descubierto que al menos una de las 4 menores víctimas de posible explotación, ganó hasta 600 euros al día por favores sexuales con adultos.

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción de la CUP para instar al Govern a mejorar la atención a los menores en riesgo y revertir las externalizaciones de todos los servicios vinculados a la Unidad de Detección y Prevención del Maltrato Infantil e Infància Respon.

Parten de la base de que los centros tutelados no deben ser el recurso exclusivo para atender a menores, sino un elemento complementario. En todo caso, la última de las opciones. Así abogan por desmontar el sistema actual de atención a menores al completo. "Las soluciones a los problemas deben ser congruentes con la naturaleza del problema, un problema pedagógico no puede ser derivado a psicólogos, jueces y policías”, apunta Enrique Martínez Reguera, veterano educador y pedagogo de jóvenes en casas de tutela.

Los representantes laborales del equipo educativo del Centro de Observación y Acogida (COA) han presentado este miércoles una nueva denuncia ante Inspección de Trabajo por las irregularidades laborales de Intress en la gestión de dicho centro. Es la octava denuncia presentada desde que esta entidad comenzara a gestionar el COA en octubre de 2015. Los educadores de dicho centro llevan en huelga indefinida más de dos años, desde noviembre de 2014, porque, en su opinión, “el actual concurso de gestión precariza la atención a los menores".

Sindicatos, familias, afectados y el Síndic de Greuges denuncian el trato, la saturación y las deficientes instalaciones de algunos centros de menores tutelados por la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Estos espacios se presupone que deben reunir unas condiciones adecuadas porque sustituyen al hogar familiar de los chavales retirados a sus padres y cuya tutela asume la Generalitat para protegerlos de situaciones de riesgo o desamparo. Y "por tanto tienen que estar mejor que en su casa", puntualizan los expertos

Fuentes de los tres ámbitos aseguran a 'Público' que nadie les ha encargado investigar la desaparición de los cinco niños fugados de centros de acogida de Madrid. Su pista se perdió hace una semana en un parque del distrito de Hortaleza. "La fiscalía de menores debería haber abierto diligencias y algún grupo de Policía o Guardia Civil estar buscándolos". Pero no existe ninguna investigación oficial abierta. Es decir, un número de diligencias con un juez encargado de dirigir la investigación junto con un fiscal de menores y un grupo de Policía

Según versión del menor huía de una de las monjas que gestionan la institución porque lo amenazaba tras haberlo zarandeado varias veces agarrándolo del cuello. El pequeño fue informado la semana pasada de que la Xunta había decidido modificar el régimen de visitas a su padre, reduciendo de cuatro horas a una el tiempo de estancia semanal. Uso amarillista de la foto por parte de Público.

Es un colectivo de madres que se han unido contra la retirada de sus hijos por parte de la Administración Pública. En el reportaje se tratan temas como el negocio de los menores tutelados, la crisis que está dejando a familias vulnerables a este tipo de situaciones, las batallas y laberintos legales.

La entidad privada GINSO, que gestiona el centro de Marchenilla, alega causas económicas para sustituir a estos profesionales. Sin embargo los sindicatos argumentan que sustituyen estos puestos de trabajo fijos por contrataciones de trabajadores en condiciones más precarias. La adjudicataria también cuenta con otro centro en Almería y dos pisos tutelados en Huelva y en Sevilla. www.europasur.es/algeciras/IU-pregunta-consejero-despidos-Marchenilla_

Diputación de Gipuzkoa lo atribuye a que «este año ha tenido una incidencia notable el control férreo de la frontera que ha hecho Francia», lo que se ha traducido en que se hayan quedado más tiempo del previsto menores con destino a otros países.

Pese a lo amarillo del titular de la noticia, recoge de forma minuciosa cómo distintas entidades públicas, movimientos vecinales y ONG's no han podido evitar las situaciones de desprotección de estos menores, consumidores de sustancias tóxicas e 'indigentes profesionales'.

Una persona ha sido detenida por su presunta implicación en un caso de prostitución de menores tutelados por la Diputación Foral de Álava. El hombre detenido es un psicólogo especializado en maltrato familiar contratado por el Ayuntamiento de Vitoria y está acusado de haber abusado de varios jóvenes. El profesional había tratado con anterioridad a algunas de las presuntas víctimas, a las que contactaba a través de Internet. La detención se habría producido la semana pasada y tras prestar declaración, el juez ordenó su ingreso en prisión.

La Fundación Raíces denuncia que una veintena de chavales lleva más de un mes fuera del sistema de protección. Se estaría vulnerando la ley del menor y las obligaciones del tutor establecidas en el Código civil. El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación.

Los Mossos registraron el piso el 29 de mayo de 2015 y se intervino una gran cantidad de pornografía infantil. Las investigaciones continuaron y entre los meses de mayo y julio de este año se detuvieron a siete personas como presuntas autoras de los delitos de explotación sexual a menores y producción y venta de pornografía infantil. La policía cree que la red desarticulada ha estado grabando material pedófilo desde 2002 a 2016. La investigación ha permitido constatar la existencia de 80 víctimas menores de edad.

El acogimiento familiar es la medida recomendada para los menores tutelados, pero apenas aumenta en España en la última década. En 2012 casi el 40% de los 34.830 niños bajo protección de la Administración vivía en alguna institución. El Gobierno ha aprobado dos anteproyectos para dar protagonismo al modelo familiar, pero los expertos advierten de que lo que se necesita es "presupuesto y personal"

La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra la presidenta

Las defensas reclaman la libre absolución para los procesados en base a principio 'in dubio pro reo' y sostienen que la perjudicada aceptó la relación sexual, la quería y se divirtió. "Hubo relaciones sexuales consentidas", ha recalcado una de las abogadas de la defensa, quien sostiene que el testimonio de la chica está en "entredicho" por sus contradicciones en el juicio.

Allí donde gobierna la derecha, es habitual la promoción y la incentivación de las corridas de toros. Si este miércoles (10 de abril) en Ciudad Real se recuperaban después de que no se veían desde el 2019 y se ofrecían entradas gratuitas a los menores de tres años, ahora se incentivará en las Baleares, donde gobierna el PP que lidera la presidenta Marga Prohens gracias al pacto de gobernabilidad que hizo con Vox para conseguir las abstenciones que necesitaba para ser investida presidenta.

Una especial peligrosidad se cierne en uno de cada ocho casos bajo protección del Ministerio del Interior, y hay una amenaza extrema en 31. Pero de los siete niños asesinados este año, sólo dos estuvieron dentro del sistema de protección