Según la denuncia, la entidad catalana “ofreció a dos educadores solucionar de forma fraudulenta jornadas de trabajo suyas que no habían sido dadas de alta en la Seguridad Social”. También se denuncia como “una educadora trabajó en el COA (centro de protección de menores de Zaragoza) sin cobrar, sin contrato y sin ser dada de alta en la SS”. El Comité de Empresa ha remitido también al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) toda la documentación al respecto para que “tome las decisiones oportunas dada la gravedad de los hechos”.
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