La Audiencia Nacional ha comenzado a levantar en cascada los vetos para contratar con las administraciones públicas que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) impuso a las principales empresas del sector de la construcción hace unos meses al concluir que habían alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.

Una vez pasada la excepcionalidad sanitaria derivada de la pandemia, ¿existe alguna norma que permita a las administraciones públicas imponer una cita previa obligatoria como lo están haciendo? No; y no solamente no la hay, sino que las que hay dicen lo contrario. Partiendo de la norma suprema, la Constitución, esta obliga a la Administración a servir con objetividad a los intereses generales. Y como ha recordado el Tribunal Supremo, «el interés general o público pertenece y beneficia a los ciudadanos, no a la Administración como organización.

Tanto Eurostat como la OIT reconocen a Maldita.es que es “imposible” comparar el número de “funcionarios” entre países, ya que este concepto difiere entre ellos; por ello, hay que fijarse en valores alternativos como el de “empleados públicos” Según datos más recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 16,3% de trabajadores españoles son empleados públicos, porcentaje que sitúa a nuestro país en el puesto 25 del ránking.

(...) ¿Y qué pasó con la digitalización que vino a mejorar nuestras vidas? Pues que se quedó en el felpudo. Puede que funcione en el comercio, en la banca. En el ocio, si me apuran. Pero no acaba de convencerme la e-administración de la que tanto se habla últimamente. Y no es que no crea en el enorme potencial, tanto presente como futuro, que posee Internet; soy más integrado que apocalíptico.