Tras 100 querellas inadmitidas por la vigencia de la Ley de Amnistía, un juzgado de Madrid toma declaración a un antiguo militante antifranquista que pasó siete días en manos de policías torturadores en 1975.Quedan pocas horas para que Julio Pacheco (Madrid, 1955) declare ante la jueza Ana María Iguácel, del Juzgado de Instrucción 50 de Madrid,que admitió, el pasado mes de mayo,su querella contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros tres policías por las torturas que recibió en la Dirección General de Seguridad (DGS) en 1975

La magistrada da por terminada la investigación y considera "indiciariamente acreditado” que el cantante "pegó, amenazó y asfixió económicamente" a su expareja. El artista ha recurrido esa decisión ante la Audiencia de Cádiz

Aunque no existe una estadística oficial que monitorice la mortalidad de la fauna protegida y su evolución temporal, un recuento elaborado por WWF -junto con el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental, la Universidad de Granada y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados- muestra que al menos 8.784 animales fallecieron entre 2015 y 2020 debido a 4.902 delitos contra especies protegidas. Sin embargo, el 93% de los responsables no fueron juzgados.

El juzgado de lo Penal número 5 de Pamplona, que se encarga de juzgar todas las causas relacionadas con la Violencia sobre la Mujer, ha anulado toda la instrucción practicada durante un procedimiento abierto por un delito de lesiones mutuo en el ámbito de la violencia de género después de que el Registro Civil le haya comunicado que la persona agredida, que fue identificada como mujer en la actuación policial, figura como hombre a efectos legales debido a que se ha realizado un cambio de nombre, pero no de sexo.

La jueza condenó a la víctima de violencia machista, como autora de un delito de falso testimonio, a la pena de siete meses de cárcel y 720 euros de multa. En el momento de su detención, el propio individuo reconoció que había mantenido una discusión con su pareja y le había propinado varios puñetazos en la cara.

El abogado de la familia de Déborah, Ramón Amoedo, ha calificado de “sorprendente” que la Fiscalía, e incluso la defensa, hayan intentado desacreditar las conclusiones de Curiel, porque se supone que “deben tener interés en esclarecer lo que pasó con Déborah”. También ha recordado que la propia autopsia descartó que la víctima tuviese ningún problema de salud que pudiera desembocar en una muerte natural. En ese sentido, el letrado ha censurado que el Ministerio Público no ha dejado de poner “palos en la rueda”

El Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid ha archivado la causa abierta contra un agente que fue acusado por una Femen de tocarle los pechos. La activista se querelló contra él por supuestos delitos contra la libertad sexual y contra la integridad moral. En un auto, dictado el 1 de junio, el magistrado-juez Juan Javier Pérez Pérez, dispone decretar el sobreseimiento provisional y consiguiente archivo de la causa. La resolución todavía no es firme. Contra la misma cabe recurso de reforma y/o de apelación.

El Juzgado Mixto número 2 de Linares ha sentenciado a favor de una socia de FACUA Jaén a la que la energética Watium demandó para que pagase una deuda que no existía. La empresa ha tenido que cesar el acoso al que estaba sometiendo a la mujer, de 85 años, a la que exigía abonar 885 euros por un contrato de gas natural que le habían dado de alta sin su consentimiento y sin prestarle servicio alguno. La energética Watium no pudo probar ante la Justicia la existencia de ninguna relación contractual. Josefa Galletero, de Linares (Jaén), empezó en…

El Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona ha estimado íntegramente la demanda de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por la ocupación del edificio de la plaza Bonanova la Ruïna, y ha condenado a los ocupas a abandonar la finca con el aviso de que, si no lo hacen, podrán ser desalojados.

La Audiencia Nacional debe resolver diez acciones procesales, nueve de las cuales persiguen rebajar la protección del cánido y una aumentarla .Hay una veintena de procesos legales y cuatro investigaciones de la Guardia Civil y la fiscalía abiertas en la actualidad en España alrededor de esta emblemática y polémica especie. Hay iniciativas procesales tanto en la vía penal como en la administrativa. La consecuencia de todas estas batallas es que no se ha matado ningún lobo en España de manera legal desde septiembre de 2021.

El juzgado de primer instancia número 92 de Madrid ha desestimado la demanda presentada por Luis Pérez Fernández, alias Alvise Pérez, contra ElPlural.com y su directora Angélica Rubio por la publicación de la noticia titulada "QuirónSalud denuncia que Alvise Pérez falsificó el informe contra Illa", publicada el pasado 12 de febrero de 2021. En dicha información se explicaba que Alvise Pérez había publicado en sus cuentas de redes sociales que el exministro de Sanidad Salvador Illa se había contagiado de coronavirus y lo ocultaba. Pérez difundió

“La gota que colmó el vaso fue cuando el jueves de Semana Santa se encontraba de guardia el juzgado con un detenido por violencia machista y tras producirse una caída de la línea de teléfono la oficina judicial se quedó sin acceso a internet, quedando también inutilizada la impresora”, apunta.Para la organización, esta situación es “gravísima” y consideran “intolerable” que en pleno 2023 sucedan “cosas como estas” en los juzgados.“Situaciones así dejan claro que la justicia en Galicia ni es eficaz ni se le da celeridad"

En la resolución, incide en que "una mera sospecha del perjudicado en absoluto es suficiente para poder fundar la adopción de una medida cautelar que supone la limitación de un derecho fundamental como es el derecho a la información", todo ello "sin perjuicio de cuál sea el resultado que arroje el desarrollo de la presente instrucción y de lo que pueda acordar en su momento el órgano judicial competente".

El volumen de denuncias y querellas, infundadas, que la alcaldesa viene soportando describe un panorama muy preocupante que solo pretende trasladar al ámbito penal las discrepancias sociales y/o jurídicas con la rigurosa y eficaz gestión municipal