En la resolución, incide en que "una mera sospecha del perjudicado en absoluto es suficiente para poder fundar la adopción de una medida cautelar que supone la limitación de un derecho fundamental como es el derecho a la información", todo ello "sin perjuicio de cuál sea el resultado que arroje el desarrollo de la presente instrucción y de lo que pueda acordar en su momento el órgano judicial competente".
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