La Unión Europea da otro paso más en el control de lo que se publica en la red. El Parlamento Europeo ha aprobado una nueva legislación, en este caso para “frenar la propagación de contenido terrorista en internet”. Una directiva que obligará a empresas como Google o Facebook a eliminar el contenido terrorista en menos de una hora o de lo contrario se expondrán a importantes sanciones. Os explicamos los detalles de esta nueva ley, qué tipo de contenidos se verán afectados y cómo pretende Europa que las plataformas filtren dichos contenidos.

Contundente contra el veto al coche de combustión. Así se ha mostrado la alemana Bosch en su presentación anual de resultados, plantando cara a las últimas medidas propuestas por Bruselas dentro del debate mundial sobre las posibles soluciones que puedan capear el cambio climático.

Hace apenas semanas, el pasado 9 de marzo compareció en el Congreso en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática y la lucha contra la corrupción, donde mantuvo un encontronazo con el diputado de Podemos Pedro Honrubia, quien le preguntó qué le parecía que se hicieran públicas cenas o comidas entre un magistrado y una diputada. Aunque no la citó, se refería a una fotografía de él en un restaurante con Olona.

Facilita el trabajo a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y otros empleados públicos, que hasta ahora tenían que hacerlo manualmente. Esto se traduce en grandes ventajas, como la mejora de la productividad, con un ahorro estimado del 60% del tiempo en búsqueda y localización a partir de palabras clave. También aumenta la fiabilidad, al tener un nivel de acierto superior al 80% en la "textualización". Facilita a los jueces y magistrados las búsquedas de resoluciones jurídicamente motivadas en un menor tiempo.

El juzgado de guardia ha rechazado la petición cautelar de la Fiscalía de retirar el cartel electoral racista de Vox de la estación de Sol en Madrid. El magistrado entiende que no se dan las razones de urgencia que alegaba el Ministerio Público sobre el cartel, denciado por un posible delito de odio.

La Abogacía madrileña y la Judicatura han aunado sinergias en una guía de buenas prácticas con recomendaciones para agilizar y facilitar la venta de unidades productivas a los operadores jurídicos en procesos concursales ante la avalancha de asuntos que se esperan por la crisis de la pandemia, que ha golpeado especialmente a empresas, Pymes y autónomos.

El magistrado ha ordenado a la UEFA y a la FIFA que no tomen represalias contra los clubes impulsores del proyecto, entre ellos el Atlético de Madrid del que es reconocido seguidor

El magistrado ha tomado la decisión en contra de la opinión de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que estimó a principios de abril que no existía "indicio alguno del delito de administración desleal denunciado". El instructor ha acogido el argumento planteado por Vox de que Val no tendría la capacidad de establecer complementos salariales. El propio Escalonilla ha explicado en su auto que, si bien había concluido que la gerente sí tenía esa facultad, "de la documental presentada cabe llegar a conclusiones distintas".

Arastey, magistrada de la sala de lo social del alto tribunal, ingresó en la carrera judicial en 1984 tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Barcelona

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha decidido suspender la pena de prisión de dos años al único agente de la Ertzaintza condenado por la carga policial en la Semana Santa de 2012 en Bilbao en la que recibió el impacto de una pelota de goma en la cabeza el joven Íñigo Cabacas, que falleció en el hospital de Basurto unos pocos días después

El juez Manuel García-Castellón ha decidido archivar la línea de investigación abierta en el caso Púnica contra Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid. El magistrado de la Audiencia Nacional ha dictado este martes un auto donde acuerda el sobreseimiento del procedimiento abierto contra la exdirigente del PP, a la que se le atribuían presuntos delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea regional en las licitaciones de 2009 y 2011.

Asaltó a los medios de información por dedicarse a leer el tarot en una consulta que tenía en su casa, su actividad se vio envuelta en la polémica mucho antes, por algunas de sus decisiones y enfrentamientos con el presidente de la Audiencia Provincial. María Jesús Díaz, que ahora es la responsable del juzgado de Violencia de Género de A Coruña, compaginó durante años sus tareas como jueza de Vigilancia Penitenciaria en Lugo con la labor de echadora de cartas.

Alfonso Bosch Tejedor, exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid, ha enviado un nuevo escrito a la Audiencia Nacional donde admite su integración en la trama encabezada por Francisco Correa y Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid), para conceder adjudicaciones públicas en dicha localidad a cambio de mordidas.

Según el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, jueces, fiscales y funcionarios de Justicia podrán usar la lengua oficial propia de la comunidad si ninguna de las partes se opone alegando que la desconoce y que ello puede producir indefensión. Las partes y sus abogados, así como testigos y peritos tienen derecho a usar las lenguas cooficiales del lugar en el que se celebre el juicio, tanto en manifestaciones orales como escritas.

“El procedimiento penal servirá para depurar las responsabilidades oportunas y para dar voz a aquellos a quien la Generalitat ha ignorado y menospreciado tanto tiempo”, explica Andrés Maluenda, el abogado que ha redactado la querella y que antes de su presentación elaboró un dictamen jurídico-penal sobre las conductas que se producen en la Administración catalana. “La sanción del abuso de temporalidad ha de recaer en la Administración incumplidora, no en el trabajador, y lo que mejor la protege es la fijeza”, subraya Elisabeth Ramos, secretaria

El intento de incriminar al abogado Gonzalo Boye por un delito de blanqueo de capitales ha provocado una contundente reacción del letrado junto con cuatro asociaciones que forman parte de la Coordinadora de Abogados de Catalunya. La respuesta ha llegado en forma de querella ante el Tribunal Supremo por un delito de encubrimiento de asesinato contra la jueza María Tardón, la letrada Ángeles Monedero y el fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga Ignacio Miguel de Lucas. Asimismo, se atribuye a la jueza Tardón un delito de prevaricación.

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha advertido este viernes de que la irrupción de la Policía en un piso, sin respetar las exigencias constitucionales, para impedir una fiesta ilegal constituye una «violación arbitraria del poder público en el derecho». «El acceso policial a un piso turístico, sin satisfacer las exigencias constitucionales, para impedir el desarrollo de supuestas fiestas que contravienen la normativa administrativa, supone una injerencia o violación arbitraria del poder público en el derecho«, ha dicho la asociación ju

El exalcalde de Ponferrada, condenado por acoso a Nevenka Fernández, se niega a pedir perdón y lamenta no haber encontrado "al juez adecuado". Lejos de admitir un comportamiento delictivo como es el acoso sexual, Álvarez se ha ratificado: "Yo me hubiera portado ahora exactamente igual, puede haber alguno como yo pero más respetuoso que yo no lo hay, es imposible respetarla tanto", ha apuntado. Cuando se le ha recordado que la víctima abandonó Ponferrada (Nevenka Fernández abandonó España) Álvarez se ha quejado del "enfoque de las preguntas"…

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso 'Dina' ha solicitado informe a Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre la petición de una acusación popular --'Pro Lege'-- que ha pedido la imputación del candidato de Unidas Podemos a las elecciones a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias. imputar a Iglesias Y esto a pesar de los esfuerzos del magistrado instructor que trató sin éxito que el Tribunal Supremo investigara en octubre de 2020 al líder 'morado' por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravant

La Guardia Civil ha dirigido al juzgado de Instrucción número 4 de Valencia un escrito en el que solicita hasta una decena de mandamientos judiciales para acceder a las cuentas y facturas físicas de las empresas vinculadas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y sus socios empresariales, los Adell Bover.

Estas normas son lo que se llama "competencia territorial" de los juzgados de lo social y obviamente son muy favorables para el trabajador, ya que toda la jurisdicción social está montada para que sea fácil e incluso gratis demandar, aunque alguno diga o le interese decir lo contrario. Si fueran los trabajadores los que tuvieran que desplazarse para demandar, muchos no demandarían solo por eso. Pero como es al revés, no cabría descartar que el empresaurio diera al trabajador lo que reclamara con tal de no tener que desplazarse.

Randy Koussou, el empresario y príncipe de una tribu de Benin que fue detenido el pasado 21 de noviembre por la Policía Nacional acusado de un presunto delito de maltrato, aseguró ante la jueza de Violencia de Género que nunca pegó a su pareja y que la denunciante se cayó sola y se golpeó contra un “un mueble de cristal”.