La Fiscalía pide al juez del caso Púnica que reclame al Gobierno de la Comunidad de Madrid nueva documentación sobre la polémica cláusula de 34 contratos públicos. La petición de Anticorrupción se produce después de que la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) remitieran recientemente a la Audiencia Nacional la documentación incluida en los 34 expedientes por los que el Ejecutivo autónomo licitó y adjudicó los contratos para realizar obras y explotar otros tantos hospitales y centros de salud de la región..

Fuentes de la Guardia Civil confirman a ElPlural.com que la infracción cometida por la expresidenta de la Comunidad de Madrid acarrearía una sanción económica

El juez Manuel García-Castellón apunta a que entre 2004 y 2007 se produjo un desfalco de más de tres millones de euros en hospitales y centros de salud de la comunidad. Pablo Gabilondo El juez sostiene que el desfalco se remonta a la puesta en marcha del denominado 'Plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007', que financiaba la construcción de nuevos hospitales y centros de salud en la comunidad.

Un trabajador público ratifica ante García Castellón las denuncias de irregularidades en contratos de carreteras que denunció en 2013 y que desveló eldiario.es. Los gobiernos de Aguirre y González obligaron a las empresas adjudicatarias a abonar el 1% del presupuesto de cada contrato para sufragar campañas publicitarias. Enviaron dos cartas denunciando los "pagos exigidos a determinados adjudicatarios de obras" al menos desde 2009, al entonces consejero de Transportes de Madrid, Pablo Cavero. Posteriormente,mantuvieron una reunión con su número

El juez interroga a petición de la Fiscalía a un funcionario que denunció en 2013 el amaño de contratos públicos en favor de la empresa que hacía las campañas a los populares. El origen de la nueva línea de investigación es la publicación de las dos cartas que esta Junta de Personal (con funciones similares a las de un comité de empresa) remitió en a principios de 2013,cuando el Ejecutivo madrileño estaba presidido por Ignacio González,también imputado en el caso Púnica. En ambas misivas,se denunciaba la existencia de "pagos exigidos a determin

Uno de los altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Alejandro Halffter,ha declarado este lunes como investigado en el caso Púnica de la Audiencia Nacional y ha rechazado que la ex presidenta madrileña creara un marco legal para desviar fondos públicos a las campañas electorales del Partido Popular,como sostiene la Fiscalía Anticorrupción y el juez Manuel García-Castellón. Afirma que ya existía una ley previa del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón que habría permitido los mismos procedimientos. El juez considera

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre defendió en su declaración ante el juez instructor del caso Púnica que nunca se dedicó a labores de “gestión” o “administración” de las cuentas del PP madrileño y que sus funciones en el partido eran meramente “políticas”. De las cuentas, explicó, se ocupaba el que fuera gerente Beltrán

"Era una presidencia virtual la mía". La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre se desmarca así de la presunta utilización de Fundescam para pagar gastos al PP madrileño. En el audio de su declaración ante el juez de Púnica, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se escucha a la dirigente evadir cualquier responsabilidad sobre el presunto desvío de fondos al PP en las campañas autonómicas de 2007 y 2011 y en los comicios generales de 2008. Se desvincula se la gestión de Beltrán Gutiérrez. "De mí no recibía instrucciones", dice.

La SER accede al interrogatorio a la expresidenta regional del PP,quien eludió toda responsabilidad en la financiación ilegal de su partido en su declaración como imputada por ser la "ideóloga" de la caja B. Afirmó que "jamás despachó" con su gerente de siempre en el partido,Beltrán Gutiérrez,de quien dijo que rendía cuentas a la "dirección nacional" del PP. Dijo que estaba "mosca" porque los ingenieros y responsables del área en la comunidad construían "estaciones de metro que parecían aeropuertos y no teníamos un duro". Negó que el cese de Gr

Ni un solo miembro del partido acudió a apoyar a la 'lideresa' en su peor momento político. Aguirre acudió acompañada exclusivamente por su abogado, Carlos Aguilar.

El expresidente Ignacio González y la exconsejera Gádor Ongil han asegurado al juez que todo lo relativo a la contratación y a los pagos estaba a cargo del entonces tesorero Beltrán Gutiérrez, hombre -según han dicho- de la máxima confianza de Esperanza Aguirre. Relacionada: www.meneame.net/story/ignacio-gonzalez-desmarca-financiacion-irregular

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, atesora desde este lunes un nuevo testimonio sobre la supuesta implicación en la trama de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

El exconsejero Manuel Lamela admite que en el cónclave le pidieron que invitase a los concursos públicos a Over Marketing, la firma que supuestamente financió de forma ilegal las campañas de Aguirre, a cambio de adjudicaciones amañadas. En esa reunión, según ha admitido Lamela, le “pidieron”, sin especificar de forma expresa quién, que invitara a las empresas de Mercado a los distintos concursos de su consejería. Este empresario acabó logrando contratos públicos supuestamente amañados por 7,4 millones de distintas consejerías de Aguirre, a camb

La Fiscalía quiere que se investigue a Regino Moranchel después de que el exdirector de Operaciones le señalara en sede judicial como el ordenante de pagos al PP. El juez García Castellón cree que la tecnológica se convirtió "con la participación activa" de varios de sus directivos en una herramienta de desvío de fondos hacia el partido. El expresidente Javier Monzón negó este viernes ante el juez pagos en efectivo desde la compañía y se desvinculó de los contratos con la trama Púnica. Indra financió con 566,497,58 euros la campaña electoral..

Santiago Roura, antiguo directivo de Indra reconoció este lunes ante el juez del caso Púnica que recibió presiones de un alto cargo de la Comunidad de Madrid para que su empresa pagara 10.000 euros a Alejandro de Pedro, que realizaba trabajos de reputación en Internet para miembros del Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Roura reconoció que se reunió con De Pedro en un coche para hablar de este pago, pero niega que le abonara bajo cuerda cantidad alguna. El juez investiga en este sumario la financiación irregular del PP madrileño entre los

La investigación sobre una década de corrupción en el PP Madrid estrecha el cerco sobre la expresidenta regional,pendiente del testimonio de sus principales colaboradores. Su defensa sigue siendo que ella no conocía nada de lo que urdieron a sus espaldas sus lugartenientes,pero antes del viernes 18 octb tendrán que testificar su exvicepresidente Ignacio González y dos de sus exconsejeros,Güemes y Lamela. De ellos dependerá en gran parte el futuro judicial de la antigua jefa máxima del PP de Madrid. Hasta cinco vías distintas utilizó el partido

La Comunidad de Madrid adjudicó contratos a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por importe de 3,56 millones de euros entre 2004 y 2011. Según la respuesta que el Gobierno regional ha facilitado a la diputada de Más Madrid Mónica García Gómez, todos los contratos fueron firmados con organismos y departamentos de la Consejería de Sanidad.

Altos cargos admiten que recibieron órdenes e instrucciones sobre las empresas con las que debían contratar publicidad. La investigación ha desvelado que parte del dinero de estos contratos sirvieron luego para nutrir la caja b del partido. Todas las adjudicaciones eran controladas directamente por Isabel Gallego, directora general de Medios. Gallego era colaboradora directa de Esperanza Aguirre. Holemans afirmó que realizó servicios electorales para el PP madrileño y que estos se facturaron durante ocho meses,si bien el periodo electoral..

La Audiencia Nacional tiene cada vez más pruebas de que el Partido Popular se financió ilegalmente. Algunas son ya incontrovertibles. Un juzgado de Madrid ha resuelto que la tecnológica Indra pagó miles de euros a dos sociedades por trabajos inexistentes. La operación sirvió para desviar fondos públicos de adjudicaciones de los gobiernos de Esperanza Aguirre a sus propias campañas electorales. La sentencia, dictada de conformidad el pasado mayo, impuso a Indra el abono a la Agencia Tributaria de 466.000 euros y una multa adicional de 171.000€.

"Son temas que son de hace más de dos legislaturas", ha explicado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre las imputaciones de las expresidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina CifuentesJosé Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha deseado "lo mejor" a Aguirre y ha hecho mención a una "nueva generación" en el PPEl juez de la Púnica ha imputado a Aguirre y Cifuentes por la financiación irregular del Partido Popular de Madrid

El Gobierno de La Rioja reclama judicialmente el pago de los 45.658 euros, intereses incluidos, al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por los 44 días que estuvo ingresado en el Hospital San Pedro de Logroño. Ghali ingresó en el hospital riojano el 18 de abril de 2021 para ser tratado de coronavirus donde permaneció hasta el 1 de junio. Desde el Ejecutivo regional confirman a Rioja2 que “en el momento del ingreso, Ghali firmó un documento en el que se reconocía que se iba a generar una deuda que tenía que pagar.

Una situación que, como ha recordado este miércoles el concejal popular José Ramón de la Fuente, va en aumento cada año: "El BNG nos acusa de populistas y alarmistas, pero la realidad se ve en los datos que facilita el Ministerio del Interior, las cifras son testarudos y dicen que los delitos vinculados al narcotráfico han crecido, desde 2019, en más de un 500%".

Cuando estos días veo al director general de Diversidad, Stephane Soriano y la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero (ambos del PP) sacando pecho por la campaña de promoción turística “Orgull de Comunitat” de la Generalitat, intentando apropiarse de la conmemoración del Orgullo LGTBI (con el principio caciquil primario de “qui paga, mana”), los ataques a Lambda (lanzando insidias sobre su gestión económica) o criticando la implicación en partidos de izquierdas, siento una inmensa indignación y asco.

Este miércoles se celebrará en O Carballiño un pleno extraordinario solicitado por Espazo Común, el partido de Pachi Vázquez, que propone una moción de censura contra el alcalde socialista, Francisco Fumega. Sin embargo, esa operación ha quedado abortada ante un acuerdo por sorpresa que han alcanzado PSOE y PP. Ambas formaciones gobernarán en coalición y los socialistas cederán a los populares la alcaldía en el último año de mandato, pero ese acuerdo no cuenta con el aval de la dirección del PSdeG que lidera Xosé Ramón Gómez Besteiro.

Gabriel Le Senne (Vox), ha desatado la polémica este martes al arrancar y destrozar en pleno debate un retrato de Aurora Picornell, icono del republicanismo en Mallorca fusilada por el franquismo

El líder de los populares no cree que haya una sola comunidad autónoma en España "que esté de acuerdo con una financiación singular de una comunidad", aunque la candidata a la Generalitat lo propuso en 2012

Emilio Delgado: El traspaso del dinero público hacia los bolsillos cercanos al Partido Popular y el deterioro de los servicios públicos son dos caras de una misma moneda.

El regidor de Compromís Pere Fuset denuncia que cómo era de esperar por su antivalencianismo radical PP y Vox suprimen este año el encuentro anual de Muixerangues valencianas de la Feria de València. Compromís denuncia que el patrimonio valenciano y de la humanidad no estará presente en las fiestas de València.

Veintiséis años después de que ETA utilizase un ciclomotor bomba para llevarse por delante la vida de Manuel Zamarreño, un joven concejal del Partido Popular en Rentería, Javier García Gaztelu, más conocido como 'Txapote', e Irantzu Gallastegui, alias 'Amaia', han sido condenados por la Audiencia Nacional 110 años de prisión. En la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha condenado a ambos por un delito de asesinato consumado terrorista, por otros dos delitos de asesinato terrorista en g

La presentadora Silvia Intxaurrondo deja en evidencia al Juez García Castellón por encausar a Francisco Granados y 42 personas más, pero salva a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.