En agosto de 2016 llegué a Ecuador por primera vez. Las autoridades de una universidad creada en la época del expresidente Rafael Correa me habían invitado a formar parte de ese proyecto académico para impulsarlo internacionalmente. Eran tiempos donde Ecuador, país hasta entonces poco conocido incluso en el espacio latinoamericano, se posicionaba mundialmente con grandes avances en desarrollo económico, educación superior y reducción de desigualdad. Sin embargo, trabajando en aquella institución luego vi cómo se iba deteriorando el país; cómo u

Deuda conjunta, ayudas públicas, intervención del mercado con el tope al precio del gas, excepción ibérica, límites a los súper beneficios de las energéticas, reforma del mercado eléctrico y rechazo a las bajadas de impuestos: la Unión Europea no deja de caminar, a veces con pasos más rápidos y otras veces arrastrando los pies, en la deconstrucción de los principales elementos del andamiaje político y económico neoliberal que ha ido dominando el sentido común de las instituciones europeas.

Más de tres cuartas partes de las empresas británicas afirman que el acuerdo comercial post-Brexit del Gobierno de Reino Unido con la Unión Europea no les ha ayudado a expandir su negocio en los últimos dos años, a pesar de las promesas de que era un acuerdo “listo para hornear”. Una encuesta de la Cámara de Comercio Británica (BCC, por su siglas en inglés) ha llevado al lobby empresarial a presentar al Gobierno cinco recomendaciones urgentes para mejorar el acuerdo, que ha dejado a muchos exportadores con dificultades para vender en la UE...

La promotora del BBK Live, el Bime y el Azkena Rock entre otros recibe todos los años varios millones de euros en subvenciones, cuya gestión ha sido denunciada incluso por el Tribunal de Cuentas del País Vasco, ha sido acusada de subcontratar mano de obra barata. Esta empresa tracciona una industria cultural vasca cada vez más acrítica y alineada con los intereses dominantes.

Un año después de la sanción de la CNMC, y tras expulsar a algunos de sus representantes comerciales, las consultoras acusadas de “prácticas colusorias” han seguido contratando con las administraciones. También han iniciado una ofensiva jurídica contra la multa de 6,3 millones, en donde han responsabilizado a las instituciones públicas del amaño de licitaciones.