Un año después de la sanción de la CNMC, y tras expulsar a algunos de sus representantes comerciales, las consultoras acusadas de “prácticas colusorias” han seguido contratando con las administraciones. También han iniciado una ofensiva jurídica contra la multa de 6,3 millones, en donde han responsabilizado a las instituciones públicas del amaño de licitaciones.
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