Un «muy feliz» Francisco Camps ha convocado a la prensa en un céntrico hotel tras el archivo de la última causa que se seguía contra él por la Fórmula 1. Ha comenzado con una de sus ideas clave de todos estos últimos años: «La F-1 fue un gran éxito».

La confesión de la mayoría de los 24 acusados en el nuevo juicio de 'Gürtel', el referido a la pieza de los contratos de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, que comenzó este martes en la Audiencia Nacional, deja al Partido Popular en una posición más débil para mantener su inocencia. El PP, como persona jurídica, se sienta en el banquillo de los acusados por tercera vez en esta macrocausa, la segunda que lo hace como responsable civil por lucrarse con dinero de la corrupción, y en el caso de ser condenado deberá devolver 204.000 euros

El primer día de la vista oral acaba con diecisiete procesados reconociendo los hechos, incluidos los líderes de la trama, empresarios y excargos del PP.

Esta vez, los hechos juzgados se sitúan en un bastión del PP en la Comunidad de Madrid, Boadilla del Monte, la quinta ciudad española con mayor renta bruta. El PP se sentará en el banquillo de los acusados por tercera vez, la segunda que lo hace por beneficiarse del dinero de la corrupción.

Doce años y medio después de que estallase el caso Gürtel y con sus principales responsables ya condenados, la Audiencia Nacional inicia este martes el juicio por los negocios de la red en Boadilla del Monte (Madrid), un procedimiento marcado por la confesión de más de la mitad de los acusados.

Mariano Rajoy definió en 2009 el caso Gürtel como una «trama contra el Partido Popular». Casi trece años después de aquella foto histórica en la que apareció flanqueado por los pesos pesados del partido, los tribunales han dictado siete sentencias que declaran probado que el PP y la red corrupta de Correa y compañía mantuvieron una relación simbiótica durante años con un botín millonario de comisiones y contratos públicos amañados en las administraciones donde gobernaba.

Gobierno y Partido Popular han rubricado un acuerdo para renovar todos los órganos constitucionales caducados a excepción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras varios días de negociación y confabulación, se esperaba que las comitivas encabezadas por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, designaran perfiles técnicos e independientes; pero nada más lejos de la realidad.

El principal autor y los otros tres procesados abonarán a la víctima 300.000 euros a modo de indemnización. Los cuatro acusados por el ‘caso Germán‘ asumirán penas de cárcel de entre cinco y cuatro años tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular por parte de la familia del joven. El pacto se ha conocido minutos antes de que comenzase la primera sesión del juicio que se iba a celebrar hasta el 4 de noviembre en la Sección Octava de la Audiencia Provincia con sede en Gijón. Inicialmente la Fiscalía pedía 14 años de...

El asesinato de Miguel Ángel Blanco, del que se cumplen ahora 20 años, supuso una gran movilización ciudadana y política que se recuerda como un antes y un después en la unión social contra el terrorismo. En su recuerdo se puso nombre a una fundación que, años después, ha acabado siendo investigada. Según la Policía, el PP utilizó la Escuela Miguel Ángel Blanco para facturar de manera fraudulenta gastos de campañas electorales dentro del entramado de la Gürtel.

La macroinvestigación internacional, en la que se han examinado 12 millones de documentos, ha descubierto que el empresario oculta unos 16 millones de euros en paraísos fiscales

El considerado autor del puñetazo que le hizo caer y golpearse la cabeza contra el suelo (lo que le dejó en coma durante meses), Rubén A., afronta una condena de catorce años y medio de cárcel. La Fiscalía pide para los otros tres procesados, Imad. A., Yeray V. y Jorge A., una pena de doce años de prisión. Solicita, además, que indemnicen de forma conjunta a la víctima con 750.000 euros por las graves secuelas que sufre, que le impiden “vivir de manera independiente y el ejercicio de cualquier actividad laboral”

La Audiencia Nacional ha modificado la fecha de inicio del juicio de la Gürtel por la pieza de Boadilla del Monte –que estaba previsto para el 22 de septiembre– y ha acordado que la primera sesión se celebre un mes y medio después, el 10 de noviembre, según han informado fuente jurídicas a Europa Press. En esta causa, el PP volverá a sentarse en el banquillo de los acusados como partícipe a título lucrativo por presuntamente haberse beneficiado de las supuestas irregularidades cometidas por Arturo González Panero –exalcalde de la formación en

Cada vez que el inspector Manuel Morocho habla de viva voz –en sede judicial o parlamentaria– o por escrito –a través de sus informes policiales– tiemblan los cimientos de Génova 13. El pasado 20 de julio, a sólo siete días de que concluyese la fase de instrucción de la pieza del caso Bárcenas que versa sobre las donaciones de empresarios al Partido Popular a cambio de obras públicas, Morocho entregó in extremis un último informe en el que se acreditan sobrecostes millonarios en contratos adjudicados por el Gobierno de José María Aznar.

El constructor José Luis Ulibarri se ha sumado a la amplia lista de procesados en el caso Gürtel que confiesa sus delitos. Este empresario ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que admite su participación en la trama urdida por el líder de la red de corrupción, Francisco Correa, y Arturo González Panero (PP), exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid), para conceder adjudicaciones públicas en dicha localidad a cambio de mordidas.

El juzgado de primera instancia número 54 de Madrid ha condenado por intromisión al honor a la empresa editora de OkDiario, a uno de sus periodistas y a la expareja de Ana Garrido, que fue una de las denunciantes del Caso Gürtel.

Casi tres horas ante el juez. En ese tiempo el inspector del caso Gürtel, Manuel Morocho, narró en sede judicial cómo sus superiores en la Policía —bajo presuntas órdenes de responsables del Partido Popular— le pusieron todo tipo de trabas para apartarlo del caso. Todo para que dejase de investigar la causa de corrupción que salpicaba al partido conservador: desde sobrecargas de trabajo a destinos más suculentos económicamente, pasando por la exigencia de quitar nombres de políticos de sus informes. Entre ellos, el del mismo Mariano Rajoy.

Manuel Morocho, inspector jefe de la Policía Nacional, ha desatado este martes una enorme tormenta en la Audiencia Nacional. El agente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que lleva durante una década al frente de la investigación sobre la trama Gürtel que asola al PP, ha explicado durante casi tres horas al juez Manuel García-Castellón ―instructor del caso Kitchen, sobre el espionaje ilegal al extesorero popular Luis Bárcenas― todo el cúmulo de “anomalías y presiones paralelas” que recibió.

El exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera ha afirmado que en 2012, tras llegar el PP al Gobierno, le cesaron de ese cargo "por investigar la Gürtel" y ha negado que él haya beneficiado al Partido Popular ni a "ningún partido".

La Audiencia Nacional ha ordenado entregar a las autoridades suizas los escritos de consentimiento otorgados por Luis Bárcenas, Francisco Correa, Pedro Crespo e Iván Yáñez, condenados por la trama “Gürtel”, para que los bancos de este país desbloqueen siete cuentas, que contienen 50.342.107 euros que fueron embargados en 2009, con la intención de repatriarlos a España, según consta en un auto de 7 de abril. Hasta el momento, la suma decomisada a los cabecillas de la trama corrupta es de solo 4.797.369 euros