Cada vez que el inspector Manuel Morocho habla de viva voz –en sede judicial o parlamentaria– o por escrito –a través de sus informes policiales– tiemblan los cimientos de Génova 13. El pasado 20 de julio, a sólo siete días de que concluyese la fase de instrucción de la pieza del caso Bárcenas que versa sobre las donaciones de empresarios al Partido Popular a cambio de obras públicas, Morocho entregó in extremis un último informe en el que se acreditan sobrecostes millonarios en contratos adjudicados por el Gobierno de José María Aznar.
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