María Salmerón, la mujer sevillana maltratada condenada por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre de ésta, condenado a su vez a un año y nueve meses de cárcel y a alejamiento por malos tratos, ha recurrido la sentencia que la obligaría a entrar en prisión. "Iré donde sea necesario, al Constitucional, a Estrasburgo o a Naciones Unidas, para que se haga la justicia que aquí no he tenido", recalca, tras hacer referencia a los 20 años de lucha en los que "el maltratador es quien ha tenido todos los privilegios".

Y nos presentan el rosario de detenciones acompañadas por las multas que luego se recurrirán como si hubiesen trincado al tuerto mulá Omar escapando de las cuevas de Tora Bora cabalgando sobre un Vespino y con Bin Laden de paquete. ¿No estaremos exagerando? Esos espabilados versos sueltos que se escaquean del rigor gubernamental no me agreden pues sospecho que a nadie pueden contagiar, pero me asombra las maldiciones y los insultos que recogen desde diversos ámbitos.

Miles de pacientes que utilizan en España el cannabis como una medicina para aliviar sus dolencias y mejorar su estado de salud se han quedado sin acceso a su remedio, salvo el que ofrece el mercado negro de quienes trafican con esta sustancia. Por eso, asociaciones como la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis (UPRC) piden que se permita la apertura controlada de los 1.600 clubes de usuarios existentes en España, cerrados a causa del Covid-19, para que puedan suministrarlo como un bien esencial para la vida de estos pacientes.

Macarena Olona denuncia que el Gobierno ha cometido un presunto fraude de ley para evitar límites

De 100 euros de multa hasta 600.000. E, incluso, la posibilidad de acabar en prisión por un plazo de tres meses. Esas son las consecuencias contempladas por las leyes de seguridad ciudadana, la de salud pública, la de protección civil y el Código Penal. En sus textos se apoya el real decreto que regula el estado de alarma vigente con el que se pretende atajar la pandemia de coronavirus mediante una severa cuarentena.

La participación por vía telemática en el Consejo de Ministros creaba un escenario de eventual inseguridad jurídica, observaban desde el departamento de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, poniendo en riesgo los acuerdos que se adoptaran. Un escenario preocupante, tratándose de una reunión que debía formular una medida extrema como decretar el Estado de Alarma, que supone de facto la suspensión de derechos constitucionales. En el peor de los casos, podría abrir una brecha que convirtiera los acuerdos en recurrible.

La Junta Electoral decidirá el próximo día 3, coincidiendo con los días en los que el Gobierno pensaba celebrar el debate de investidura si cierra el acuerdo con ERCPP y Ciudadanos quieren que se inhabilite a Torra sin esperar a que la condena sea firme echando mano de una norma pensada para evitar que los afines a ETA entrasen en las instituciones

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso de casación contra la decisión de la Audiencia Provincial murciana de exonerar al expresidente de esta Comunidad Pedro Antonio Sánchez del caso de corrupción denominado Pasarelas por superar la juez en dos días el plazo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para investigar, según adelantó La Verdad de Murcia y ha confirmado a Vozpópuli una portavoz de la Fiscalía General del Estado, que no ha facilitado una copia del escrito.

Dentro de lo malo, lo menos malo. Este es el sentir general del sector financiero tras conocer las últimas medidas anunciadas el pasado jueves por el Banco Central Europeo (BCE). La banca auguraba un recorte más de tipos que no llegó y el endurecimiento de la facilidad de depósito de 10 puntos básicos se quedó por debajo de lo previsto. Las medidas no fueron buenas para el sector, pero sí menos opresivas dentro de un escenario de tipos bajos que lleva más de tres años presionando a la baja su rentabilidad.

¿Quién decide qué es derrochar dinero público? ¿El Alcalde? ¿Y desde cuándo utilizar los mecanismos del Estado de Derecho supone derrochar el dinero no solo del Ayuntamiento,sino de la Administración de Justicia?. No parece razonable pensar que elevar un caso al Tribunal Supremo sea un derroche,cuando ese tribunal y tantos otros están investigando,juzgando y muchas veces condenando la corrupción del PP. Que nadie olvide que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó instar al actual gobierno municipal a presentar un recurso,y que si no lo hacen

La PAH “prepara escritos para instar a la Fiscalía a que recurra,porque ellos sí pueden,para poder así llegar al Tribunal Supremo. Le haremos ver todos los perjuicios que ha tenido para los adjudicatarios e inquilinos de estas viviendas”. La Pah no cree que esta sea una cuestión solo de esas 1800 familias,sino que “nos atañe a toda la ciudadanía. El parque público de vivienda que teníamos en Madrid en 2013 era escaso y ahora es moribundo debido a esta venta”. Aun así, es complicado que esta vía prospere. “La Fiscalía en este caso..

La Agencia Tributaria lleva a cabo desde hace meses una agresiva campaña de inspección que se está centrando sobre todo en restaurantes, consultas médicas, farmacias y negocios de compro

Ambas formaciones presentan un recurso contencioso-electoral ante el TSJCyL y retrasan inicialmente del 15 de junio al 5 de julio la toma posesión | «Lo firmado debería prevalecer», señalan desde VOX León

El Partido Popular sigue su batalla contra los viernes calificados como sociales por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. En Génova han decidido, de hecho, recurrir ante el Tribunal Constitucional los reales decretos de igualdad de trato entre hombres y mujeres y de vivienda y alquiler. Estos son dos de los seis decretos aprobados este miércoles en la Diputación Permanente.

Según la Fundación, de no suspenderse la exhumación de Franco, "se cometerían daños irreparables a la moral, honor y dignidad" del rey emérito. La figura de Juan Carlos I quedaría dañada porque él fue el que decidió enterrar al dictador "en la sepultura existente entre el Altar mayor y el coro del templo" del Valle de los Caídos como sucesor de Franco en la Jefatura del Estado. "Si el Tribunal Supremo no suspende la exhumación acordada antes de que se dicte la sentencia sobre el fondo –anuncia el recurso– , se cometerían daños irreparables..

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha recurrido en casación la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra contra los cinco integrantes de La Manada por entender que deberían ser condenados a 18 años por delitos de agresión sexual y no a los 9 que se les impusieron por un abuso sexual con prevalimiento.

La apelación se opone a tres argumentos de la sentencia: el que señala que no ha quedado demostrada la entrega de las estatuas al Ayuntamiento, el relacionado a la identificación de las piezas y el que apela a la 'usucapión' para determinar que las figuras pertenecen a los Franco por el tiempo transcurrido desde que están en su posesión. Los bienes integrantes del Patrimonio histórico artístico nacional son imprescriptibles e inalienables,no se pueden comprar ni vender ni se pueden poseer por particulares a efectos de adquisición de la propied

El grupo socialista ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo por el "bloqueo sistemático" al que,a su juicio,PP y Ciudadanos someten en la Mesa del Congreso a medio centenar de iniciativas legislativas,que no han podido tramitarse durante la presente legislatura; denuncian “el uso abusivo y fraudulento de la facultad de ampliación del plazos de enmiendas” hasta tal punto,añaden,que dicha actitud ha sido una “constante” de la presente legislatura,ya a punto de acabar.El proyecto de ley con derechos y medidas en favor..

En nombre de la asociación Corruptil, califica de "giro copernicano" la postura de la Fiscalía.El letrado recuerda que el Ministerio Fiscal consideraba hace un año que la operación de venta de casi 3000 viviendas sociales estuvo "trufado de irregularidades" y que "lo que fueron indicios siguen existiendo,no han desaparecido".Cuestiona que el juez en su auto haga "descansar su decisión de sobreseer la causa" en lo que respecta al delito de prevaricación,"en el pretendido desconocimiento que los investigados tendrían sobre la 'arbitrariedad del

Los jueces en Barcelona dictan cada vez más lanzamientos con un margen de quince días cuando ven que los activistas paralizan los anteriores. La PAH y otras entidades llevan la queja a la Ciutat de la Justicia tras registrarse al menos 58 casos en la capital catalana en 2018. Raquel tiene su orden de desahucio entre el 16 y el 31 de enero: "No podré salir de casa, cuando vea a los Mossos en una esquina ya estaré sospechando". Fuentes judiciales aseguran que los magistrados solo adoptan esta medida cuando un inquilino ya ha paralizado al menos..